Hemeroteca: El templo del Pilar de Calanda y el “conflicto de las ermitas” de hace 25 años

De la misa y la liturgia religiosa a los despachos y los tribunales. El “conflicto de las ermitas” que contaba este periódico hace 25 años pasaba de los papeles a la arena política primero, para traspasar la frontera y acabar en los juzgados después. Aquel 1993 leíamos que varios municipios turolenses mantenían litigios, o avanzaban su inicio, con el Arzobispado de Teruel y Albarracín o el de Zaragoza según tocaba. Y como nos hemos encontrado otras veces en esta sección, el tema no se cerró en el pasado porque día sí y día también, leemos que la polémica continúa en España, aunque el foco se sitúe en templos más grandes.

Todo, entonces y ahora, porque los ayuntamientos reclamaban la titularidad pública, para todos los vecinos, de templos religiosos de su municipio. Aunque entonces también leíamos que ocurría a la inversa. Desde ermitas a torres campanarios, el “conflicto de las ermitas” aquellos días, según decía el periódico, estaba en Molinos o Villafranca del Campo, más tarde salió a la luz también en La Codoñera, y sobre todo en Calanda, donde la polémica llegó al Ayuntamiento con un duro enfrentamiento.

El Ayuntamiento de Calanda recurrirá a la Justicia para recuperar la propiedad del templo del Pilar decía este periódico el 22 de diciembre de 1993, en una información en la que citaba que la iniciativa estaba respaldada por los grupos municipales del PP, PSOE y PAR, y que aparecía bajo el cintillo Polémica en Calanda.

Aquella información recogía que el pleno había aprobado por unanimidad, por la vía de la moción de urgencia presentada por el PSOE, iniciar acciones judiciales contra la Parroquia para recuperar el templo del Pilar de la localidad.

Decía el texto que en 1984 se inscribió el templo a nombre de la Parroquia sin dar conocimiento de ello ni al Ayuntamiento ni al pueblo, hasta que aquel verano de 1993 se descubrió la inscripción levantándose una polémica entre los grupos municipales. Así, el PSOE y el PAR por un lado pedían la propiedad del templo para el Ayuntamiento por ser el representante legal del pueblo calandino y por otro estaba el PP, que ostentaba la Alcaldía, que no quería entablar ninguna acción judicial si no había ningún documento que avalara la propiedad del templo para el Consistorio municipal. 

Y ahí fue donde apareció el golpe de efecto, de la mano del concejal del PAR Jesús Jubierre, que presentó en el pleno una sentencia de 1825 en la que se deducía que la propiedad del templo era del Ayuntamiento, por lo que ante esta nueva situación los concejales populares se sumaron al resto de ediles para llevar el caso a los tribunales.

Aquel pleno se celebraba, decía la crónica, después de haber resultado infructuosas varias entrevistas con el Arzobispado de Zaragoza, de quien dependía el edificio. Abordar la propiedad del templo no estaba en el orden del día, continuaba la crónica, pero el entonces portavoz socialista, actualmente el alcalde, José Ramón Ibáñez, fue quien expuso el tema por la vía de urgencia, y acusó al alcalde popular, Antonio Borraz, de no haberlo incluido en el orden del día acusándole de falta de “gallardía”.

En el pleno hubo cruce de declaraciones, al hilo de las vertidas días antes sobre el tema en el propio periódico, con afirmaciones gratuitas y fuera de contexto al mezclar el nombramiento de la mujer de un edil socialista en la dirección del colegio con intereses políticos del PSOE, la propiedad del templo del Pilar y cuestionar las convicciones religiosas de los votantes al Partido Socialista’.

El concejal del PAR, Jesús Jubierre, también abogó por dar el paso para reclamar la propiedad, mientras que el alcalde del PP, se ratificaba en las declaraciones y añadía, según el periódico: Recordó Borraz que en una reunión con representantes del Arzobispado un concejal socialista dijo que lo que se tenía que hacer es vender el templo del Pilar para destinar el dinero a obras benéficas, que con una Parroquia era bastante para Calanda, y volvía a insistir en la falta de documentos que demostraran que la propiedad era municipal. Terminó su exposición afirmando que tenía bien claro que la propiedad era del pueblo calandino, “pero qué se entiende por pueblo, puesto que el pueblo no es una persona jurídica. Se me muestre argumentos jurídicos para iniciar el pleito y yo seré el primero en ir”. Y así fue. El concejal del PAR leyó la sentencia de 1825 en la que se establece, recogía el periódico, que el Ayuntamiento es el único patrono del templo, que nombra sacristán y mayoral y recoge los caudales para el mantenimiento de la iglesia.

Buceando en los archivos

La crónica de aquel pleno destacaba también el proceso que había llevado al concejal y abogado Jesús Jubierre hasta la sentencia. La pista para conseguir el documento se la ofreció de forma ambigua una reseña que viene en un libro del Padre Miralles y decía Jubierre que viajó hasta el Archivo Provincial de Zaragoza: “En una primera instancia no la pude encontrar. Me fui abatido y me dirigí al Arzobispado con recelo, pero allí me sorprendió el que me ayudaran con mi búsqueda. Con los datos que me dieron me fui otra vez al Archivo Provincial y encontré la sentencia de 1825”.

En la sentencia, continuaba Jubierre, “se dice al párroco que no moleste al Ayuntamiento en el derecho del ejercicio de su derecho de posesión. Si al cura se le cuenta que no moleste es porque se tiene la con convicción de que el templo tiene un propietario o poseedor, que es en este caso es el Ayuntamiento”. Reconocía el también letrado en el mismo texto que la sentencia quizás no sea el dato decisivo, “pero sí que ayuda junto con otros a que se pueda iniciar el pleito y que ojalá no se produzca porque antes hemos llegado a un acuerdo con el Arzobispado”.

El actual alcalde recuerda la polémica: “Nunca lo ha gestionado la Iglesia, siempre lo han hecho los mayorales”

“Casi con nocturnidad y alevosía, y con la colaboración de quien gobernaba en el Ayuntamiento” se inscribió el templo del Pilar a nombre del Arzobispado de Zaragoza, cuenta 25 años después del comienzo de aquella polémica José Ramón Ibáñez, entonces en la oposición, y hoy alcalde del PSOE de la localidad. “Había una ley que lo permitía” las inscripciones de los templos “pero había que hacer unos trámites de exposición pública” que no se hicieron, cuenta Ibáñez, y por ello “cuando la gente se enteró, y los que estábamos en la oposición, lo denunciamos porque no se entendía”. “Una parte del pueblo se enfadó bastante” recuerda el actual primer edil, porque se trata de un templo muy querido en el pueblo, “la gente de Calanda, de cualquier signo político, y más creyente o no, vamos allí cuando hay un problema en la familia, para estar rezando, meditando o pidiendo”

El templo se gestiona desde hace siglos, cuenta el alcalde, con la figura de los mayorales, que son matrimonios del pueblo que durante un tiempo se hacen cargo de la gestión y de cuestiones como la limpieza o la organización de unas celebraciones con las que los mayorales recaudan dinero dos veces al año, tradicionalmente coincidiendo con la recogida de la oliva y la del cereal, que destinan para el mantenimiento del templo. “Eso lo gestionan los mayorales, que van haciendo pequeñas mejoras y cubriendo las necesidades del templo” apunta Ibáñez, para resaltar que son los vecinos los que han gestionado directamente el templo. “Nunca lo ha gestionado la iglesia” y tampoco entonces, cuando saltó la polémica que llevó a un duro enfrentamiento en el pueblo: “El tema acabó politizándose. Nos acusaron de querer vender el templo, de buscar hacer una discoteca... se dijeron muchas barbaridades”.

A raíz de la polémica se desveló, cuenta Ibáñez, que el Arzobispado había inscrito también de su propiedad el resto de ermitas; San Roque, Santa Bárbara, San Blas... “todas restauradas y cuidadas por el Ayuntamiento o por los vecinos de los barrios”, algo que permitía la ley, reconoce, pero “sobre todo con el templo del Pilar, con nula transparencia”.

Ibáñez recuerda que finalmente el Ayuntamiento llegó a contratar un abogado para llevar el tema a los tribunales, aunque a día de hoy, la ermita sigue estando inscrita a nombre del Arzobispado. “La polémica sirvió al menos, si no para devolver el bien, sí para que no hubiera grandes cambios en la gestión” y en la actualidad, se mantiene la tradición y cuando se acerca el momento de las celebraciones “se manda un saluda al cura y al alcalde, va la banda de música y se mantiene la tradición”, porque “una cosa es la propiedad y otra cosa es la fe, cada cosa en su sitio”, concluye.