EFE
Con 14 o 15 años uno está en esa edad en la que empieza a saborear la libertad controlada: la quedada en el parque, cenar una pizza, dormir en casa del colega. Es en esa época cuando a los padres se le agigantan los miedos, los temores, porque ¿qué es ser padre si no es tener miedo?
Los padres temen que agredan al hijo, que sufra bullying en el colegio, que un malvado le haga algo horrible. Pocas veces se hace el ejercicio inverso y nunca se piensa que el acosador, el que agrede, el que amenaza, el monstruo, el asesino, pueda ser el hijo que salió de nuestras propias entrañas.
No vengo hoy a hablarles de cosas de críos porque golpear y apretar un cinturón en el cuello de una persona hasta confirmar que no respira no es ninguna chiquillada.
En estas líneas quería hablarles del crimen que han protagonizado en Badajoz dos personas de 14 y 15 años, junto con una joven de 17.
La asesinada es Belén Cortés, de 35 años, la trabajadora social que custodiaba el inmueble donde los chavales, que acumulaban un reguero de denuncias, vivían con medidas cautelares. La casa funcionaba como un centro de menores a pequeña escala: eran cuatro muchachos a los que un juez había impuesto medidas cautelares por sendas infracciones. Vivían en un régimen semiabierto, donde la trabajadora social que les tutelaba echaba la llave por la noche y se quedaba con ellos dentro, pero, por el día, podían entrar y salir con relativa libertad.
No hablamos de unos chavales cualquiera. En este caso en concreto, el de 15 años acumuló 37 delitos en un fin de semana y el otro, el de 14, le rompió la nariz a su padre. Días antes del crimen se escaparon juntos a los carnavales de Mérida y volvieron al piso tras haber ingerido grandes cantidades de alcohol y drogas. Un juez deberá dilucidar ahora por qué se permitió que regresaran juntos al chalé si se habían fugado a la vez y cómo les dejaron bajo la única tutela de una única trabajadora social. Hay más guardias de seguridad a las puertas de cualquier Mercadona que en esa vivienda, donde la agresividad de sus huéspedes está más que demostrada.
El día de su asesinato, Belén empezó su turno de trabajo a las ocho de la tarde y tres horas después, cuando llegó la Guardia Civil alertada por el cuarto joven que vivía en el inmueble, yacía muerta en el suelo de una habitación. Ahora se sabe que, en ese tiempo, le contó por mensaje a su pareja que la situación era insostenible. Al padre de uno de los menores le reveló que su hijo amenazaba con volver a fugarse. Ante la siguiente pregunta del progenitor del menor, Belén ya nunca contestó.
La familia de Belén ha pedido, a través de un comunicado, responsabilidad y que su memoria sea la semilla “de un cambio real”. A raíz de este impactante caso se han destapado las precarias condiciones en las que trabajan estos profesionales, que se enfrentan a diario a situaciones de máxima vulnerabilidad sin ningún tipo de protección: golpes, violaciones, incluso la propia muerte, como le pasó a Belén.
La pena máxima para un asesino de 14 o 15 años sería un internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, completada por libertad vigilada tres años más. La pena puede ser un poco más alta para la menor de 17 años, aunque parece que ella solo participó en la fuga, no en el crimen.
La Memoria que la fiscalía general del Estado presentó a finales del año pasado dejó constancia del elevado número de agresiones protagonizadas por menores de edad: son un 45,47% más en 2023 con respecto a 2022, un incremento bestial que hay que revisar.
Estamos en el inicio de un caso al que le quedan meses de diligencias y una condena que, sea la que sea, siempre será insuficiente porque ¿cuánto vale una vida humana? Ha llegado la hora de revisar la ley del menor para que un ataque con un resultado mortal se condene con la pena máxima, lo cometa quien lo cometa.
Los padres temen que agredan al hijo, que sufra bullying en el colegio, que un malvado le haga algo horrible. Pocas veces se hace el ejercicio inverso y nunca se piensa que el acosador, el que agrede, el que amenaza, el monstruo, el asesino, pueda ser el hijo que salió de nuestras propias entrañas.
No vengo hoy a hablarles de cosas de críos porque golpear y apretar un cinturón en el cuello de una persona hasta confirmar que no respira no es ninguna chiquillada.
En estas líneas quería hablarles del crimen que han protagonizado en Badajoz dos personas de 14 y 15 años, junto con una joven de 17.
La asesinada es Belén Cortés, de 35 años, la trabajadora social que custodiaba el inmueble donde los chavales, que acumulaban un reguero de denuncias, vivían con medidas cautelares. La casa funcionaba como un centro de menores a pequeña escala: eran cuatro muchachos a los que un juez había impuesto medidas cautelares por sendas infracciones. Vivían en un régimen semiabierto, donde la trabajadora social que les tutelaba echaba la llave por la noche y se quedaba con ellos dentro, pero, por el día, podían entrar y salir con relativa libertad.
No hablamos de unos chavales cualquiera. En este caso en concreto, el de 15 años acumuló 37 delitos en un fin de semana y el otro, el de 14, le rompió la nariz a su padre. Días antes del crimen se escaparon juntos a los carnavales de Mérida y volvieron al piso tras haber ingerido grandes cantidades de alcohol y drogas. Un juez deberá dilucidar ahora por qué se permitió que regresaran juntos al chalé si se habían fugado a la vez y cómo les dejaron bajo la única tutela de una única trabajadora social. Hay más guardias de seguridad a las puertas de cualquier Mercadona que en esa vivienda, donde la agresividad de sus huéspedes está más que demostrada.
El día de su asesinato, Belén empezó su turno de trabajo a las ocho de la tarde y tres horas después, cuando llegó la Guardia Civil alertada por el cuarto joven que vivía en el inmueble, yacía muerta en el suelo de una habitación. Ahora se sabe que, en ese tiempo, le contó por mensaje a su pareja que la situación era insostenible. Al padre de uno de los menores le reveló que su hijo amenazaba con volver a fugarse. Ante la siguiente pregunta del progenitor del menor, Belén ya nunca contestó.
La familia de Belén ha pedido, a través de un comunicado, responsabilidad y que su memoria sea la semilla “de un cambio real”. A raíz de este impactante caso se han destapado las precarias condiciones en las que trabajan estos profesionales, que se enfrentan a diario a situaciones de máxima vulnerabilidad sin ningún tipo de protección: golpes, violaciones, incluso la propia muerte, como le pasó a Belén.
La pena máxima para un asesino de 14 o 15 años sería un internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, completada por libertad vigilada tres años más. La pena puede ser un poco más alta para la menor de 17 años, aunque parece que ella solo participó en la fuga, no en el crimen.
La Memoria que la fiscalía general del Estado presentó a finales del año pasado dejó constancia del elevado número de agresiones protagonizadas por menores de edad: son un 45,47% más en 2023 con respecto a 2022, un incremento bestial que hay que revisar.
Estamos en el inicio de un caso al que le quedan meses de diligencias y una condena que, sea la que sea, siempre será insuficiente porque ¿cuánto vale una vida humana? Ha llegado la hora de revisar la ley del menor para que un ataque con un resultado mortal se condene con la pena máxima, lo cometa quien lo cometa.
