Cáritas advierte de que la precariedad laboral hace que el 14% de los trabajadores estén en exclusión

Cáritas Teruel acogió la presentación del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Aragón. Un estudio con datos positivos como que se ha logrado de 8 de cada 10 aragoneses estén en situación de integración social pero con muchas cifras que demuestran que la recuperación económica de los últimos cinco años no ha permitido una reducción significativa de la exclusión y que hay un número importante de aragoneses que están en una situación de vulnerabilidad y que pueden verse muy afectados por la desaceleración que está llegando.

El coordinador del VIII informe Foessa, Guillermo Fernández,  advirtió que el problema es que “estos cinco años de recuperación no han conseguido prácticamente reducir nada la exclusión social”.

El estudio reflejan que el número de personas en exclusión social en Aragón es de 227.000, el 17,4% de la población de la comunidad autónoma. Desde el 2013 a 2018 la exclusión se ha reducido sólo en un 1,6% y en 29.000 personas. 

El responsable del informe indicó que “el modelo de recuperación que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con un empleo muy precario con lo cual las cifras de exclusión de gente trabajando son elevadas en Aragón, están en torno al 14%”.

“Esto es un problema porque, al final, ni siquiera trabajando puedes tener un salario mínimamente digno y eso te arrastra a otras muchas circunstancias. Te lleva a tener muchos problemas relacionados con el ámbito de la vivienda, a pedir a tus entornos que acaban agotados de prestarte ayuda, no tienes proyecto vital y al final te ubicas en la supervivencia permanente”, advirtió Fernández.

La buena noticia es que el espacio de integración ha crecido, “casi 8 de cada 10 aragoneses están en esta situación”, indicó el director del Foessa.

El estudio indica que los aragoneses que llevan una vida digna en términos materiales, se ha recuperado, pasando de representar el 44% de la población en al año 2013 al 53% hoy en día. Si a este grupo se le suman las personas que se encuentran en la integración de forma más precaria se alcanzaría más del 80% de la población aragonesa. 

Sin embargo, hay un grupo de unas 170.000 personas que aun estando en integración, se encuentran en una situación de inseguridad debido a que su colchón de resistencia es débil, y serán los primeros en incorporarse al espacio de la exclusión si se produce una desaceleración de la economía.

Por otro lado, el director de informe explicó que en Aragón se ha producido un fenómeno en mayor cuantía que en el resto de España, que es que hay un sector de la población relativamente pequeño que estaría “en la exclusión social más extrema” que está tendiendo a crecer y acumular más dificultades. “Esto es importante y es un reto para las políticas públicas que puedan atender a estas personas”, señaló el investigador.

La vivienda fue otro de los aspectos que destacó Fernández. En Aragón la exclusión por este aspecto ha pasado a ocupar el primer lugar frente a la relacionada con el empleo, tanto para el conjunto de la población como para la población en exclusión. El 62,1% de las personas en exclusión se encuentran afectadas por esta situación. 

“Hay dos fenómenos que nos preocupan. Por un lado la inseguridad, familias que hoy tienen donde vivir pero que no saben si será al mes que viene porque no tienen una relación jurídica con la vivienda, se la han prestado o están pendientes de un desahucio. Pero, además, hay personas que sí tienen más seguridad pero que las condiciones de habitabilidad de su casa no son las adecuadas”.

El segundo bloque de riesgos se refiere al empleo como factor de integración. El desempleo, a pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos. El 31,9% de las personas desempleadas en Aragón se encuentran en el espacio de exclusión y el 18,8% en pobreza severa.

El mayor riesgo de exclusión se concentra en los hogares con menores, en los hogares monoparentales y de familias numerosas. Se consolida  la mayor exposición de las familias con niños y de la juventud a la exclusión social, constituyéndose riesgos relacionados con: la etapa de crianza de las familias, la pérdida de capital humano, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la frustración de proyectos vitales independientes. Los datos de la encuesta sostienen que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de heredar la exclusión.

La vulnerabilidad por el envejecimiento y el aislamiento en el territorio aragonés

El director del Informe Foessa, Guillermo Fernández, advirtió de una problemática social muy acentuada en Aragón vinculada con la salud, el envejecimiento de la población y el aislamiento rural. 

“Nos preocupa mucho cómo se está cuidando a la gente mayor que tiene dificultades para las actividades de la vida diaria que es un grupo que cada vez tiende a incrementarse y, además, de una forma bastante invisible. En muchos pueblos en la Comunidad Autónoma que están relativamente alejados de los municipios principales hay un gran problema. El volumen de apoyo de la familia -que es la que tradicionalmente resuelve este tipo de circunstancias-, si en España la mitad de estas problemáticas las está apoyando la familia, en Aragón solo lo hace un tercio”, explicó.

Fernández incidió en que hay mucha más dificultad para  apoyar a estas personas y que probablemente esto esté relacionado con muchos mayores que están viviendo en los pueblos y cuyos hijos se han trasladado a las capitales de provincia o incluso han emigrado fuera del marco de la Comunidad Autónoma. “Son mayores que tiene un problema de aislamiento bastante serio”, insistió.

Por otro lado, en Aragón los hogares que registran tasas de exclusión más elevadas son aquellos cuya persona sustentadora principal tiene menos de 30 años (22,3%), carece de estudios (19,6%) o es extranjero comunitario (27,5%) o extracomunitario (38%).