La DGA quiere tener en 2021 el nuevo modelo de gestión forestal y niega que se vaya a externalizar

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF consideran que el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios es “un modelo de referencia a nivel nacional” y que, aunque necesita mejoras, no es necesario aplicar cambios sustanciales que conduzcan a su externalización. En su opinión, el estudio sobre el nuevo diseño iniciado por la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón podría provocar que el personal laboral y los funcionarios fueran excluidos del operativo o condenados a desarrollar un papel meramente testimonial.

El director general, Diego Bayona, negó este extremo y señaló que se está realizando un diagnóstico previo a través de un proceso abierto de participación con el único objetivo de “solventar las carencias” que presenta el modelo actual, sobre todo en la extinción de grandes incendios forestales.

En un comunicado, los sindicatos indicaron que el estudio encaminado a la implantación de un nuevo operativo se ha adjudicado “por conveniencia” a la Fundación Pau Costa cuando “podría ser realizado directamente por empleados públicos”. Añadieron que la adjudicación responde a que esta entidad comparte con la dirección general las pautas sobre un modelo preconcebido.

Diego Bayona indicó que la elaboración del nuevo modelo, que quieren poner en marcha en 2021, responde a la necesidad de solventar las carencias del actual, para lo que es necesario un diagnóstico previo. Por eso, además de un proceso abierto de participación han requerido asistencia técnica externa y la Fundación Pau Costa fue la única que concurrió a la adjudicación. Añadió que además es una entidad “de reconocido prestigio” en este ámbito.

“No entiendo la postura de los sindicatos porque también están participando en el proceso. El modelo no está en discusión y las aportaciones de la Fundación Pau Costa no implican que tengamos que externalizar el servicio o que tengamos que implantar el modelo catalán ni ningún otro. No vamos a replicarlo y ellos lo saben”, sentenció.

Precariedad

Las tres centrales sindicales, que en su conjunto obstentan la mayoría de la representación de los trabajadores tanto en el Gobierno de Aragón como en la empresa pública Sarga, abogan por acabar con la precariedad del personal de las cuadrillas de prevención y extinción. 

No obstante, sostienen que las mejoras laborales del personal de Sarga “no pueden hacerse a costa de empeorar las condiciones del personal funcionario que, por otra parte, también sufre una insostenible e insoportable la precariedad arrastrada desde hace años en determinados aspectos”.

En concreto, se refieren a vehículos viejos y sin disposivos luminosos V-1; invesgación de incendios informal y desorganizada dado que siguen sin crearse las brigadas de investigación de incendios forestales (BIIF) a pesar de que así lo obliga el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo): las bases son tercermundistas y carecen de servicios básicos; la red de comunicaciones está obsoleta; no existen protocolos claros con el 112 para emergencias distintas de los incendios forestales; y la confusa imagen corporativa de los APN, que causa confusiones y desconocimiento de su carácter de agentes de la autoridad.

El director general admitió que existen “grandes carencias” en Sarga por la inestabilidad laboral, que impiden cumplir con los turnos y los relevos, así como en los medios materiales y técnicos de los funcionarios. “Queremos un operativo que funcione los 365 días del año y que tenga herramientas suficientes para afrontar con garantías cualquier incendio, para lo que es necesario profesionalizarlo. Por eso, debemos diseñar uno nuevo y ampliar el presupuesto”, dijo. 

En este ámbito, indicó que las cuadrillas no pueden dedicarse a las tareas de prevención en verano, cuando se producen los mayores incendios, sino llevar a cabo esos trabajos el resto del año para que en el periodo estival se dediquen únicamente a la extinción.

Bayona apuntó que las modificaciones presupuestarias para hacer frente a la crisis del coronavirus han impedido abordar algunas de las mejoras previstas en las infraestructuras, como las torres de vigilancia, los puntos de encuentro o los vehículos.

“En los últimos años, se han corregido las deficiencias de las cuadrillas helitransportadas, pero a pie de campo tenemos mucho que hacer”, expuso. En este sentido, indicó que, aunque el modelo funciona, es necesaria una mayor profesionalización y especialización para hacer frente a los grandes incendios.

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal señaló que el nuevo modelo también debe incluir el Plan de Protección Civil de Aragón. “El operativo tiene mucha implantación en el medio rural y hay que aprovecharlo para que pueda trabajar  en condiciones acordes a la nueva Ley de emergencias”, explicó. En este sentido, comentó que los trabajadores del servicio habían ayudado tanto en el transcurso de la borrasca Gloria como en la crisis sanitaria del coronavirus, especialmente en el reparto de material.

Capacitación

A pesar de esta “precariedad”, los sindicatos sostienen que el operativo aragonés es un modelo de referencia a nivel estatal. Por eso, aunque defienden y reivindican mejoras en el mismo, consideran que no es necesario “de ninguna manera” introducir cambios sustanciales.

“Desde que en 1984 se transfirieron las competencias en materia de medio ambiente a las Comunidades Autónomas, los APN, ingenieros y técnicos del Gobierno de Aragón han gesonado tanto la prevención como la extinción de los incendios forestales. Esto dota al operavo de personal propio de la Administración con larga y probada experiencia y capacitación en la prevención y extinción de incendios en Aragón”, argumentan.

Desde UGT, CCOO y CSIF creen que “las cosas están llegando demasiado lejos”. “No vamos a esperar a que pasito a pasito, sin que cada uno de ellos por separado parezca tener excesiva envergadura, el personal laboral y los funcionarios nos veamos finalmente excluidos del Operativo de Prevención y Extunción de Incendios Forestales, o condenados a desarrollar un papel meramente tesmonial”.

Por este motivo, se proponer de dar a conocer a la opinión pública y a los diferentes grupos parlamentarios “la gravedad de los pasos que se están dando hacia una posible externalización del operativo, no por razones técnicas ni económicas, sino tan solo con el ánimo de satisfacer el clientelismo políco de Podemos con la empresa pública Sarga”.

Los sindicatos añadieron que seguirán reivindicando las mejoras necesarias para acabar con las carencias que amenazan la seguridad y salud de los trabajadores, y por el incremento de presupuesto destinado al operativo y destacan que cualquier cambio que se pretenda realizar y afecte a las condiciones de trabajo, tendrá que ir más allá de la parcipación y pasar por la negociación con los representantes de los trabajadores.

Los APN defienden su competencia en la prevención y extinción de incendios 

La Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza de Aragón (AAPNA) defiende el papel que desempeñan en el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y sostiene que el nuevo modelo que está diseñando el Gobierno de Aragón puede incorporar cambios pero debe seguir las líneas del actual. 

La asociación no ha firmado el comunicado emitido por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que critican la forma en que la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón está acometiendo el cambio de modelo, pero sí ha expresado su opinión al respecto. 

El presidente de la AAPNA, Javier Escorza, señaló que su postura es “muy clara”. “Entendemos que la prevención y extinción de incendios forestales es una competencia que encaja perfectamente en nuestro perfil profesional”, dijo. 

Por este motivo, consideró que el nuevo modelo debe ser similar al actual. “Puede haber cambios porque todo evoluciona, pero tiene que continuar en la misma línea. No se deben poner en cuestión modelos que funcionan”, argumentó.

Escorza explicó que la prevención y la dirección de la extinción implican una serie de tareas que van desde el diseño a la inspección y que implican un trabajo de campo que desarrollan de manera conjunta durante todo el año los funcionarios del departamento de Medio Ambiente, incluidos los agentes de protección de la naturaleza.

Hizo hincapié en que la gestión forestal es “un trabajo habitual” del personal funcionario, que incluye ingenieros y APN que se encargan de planificar las fajas auxiliares, las áreas cortafuegos, las podas y aclareos de las masas arboladas y los aprovechamientos forestales que permiten una disposición distinta del combustible (árboles vivos).

De esta manera, en el caso de producirse un incendio forestal, los agentes de protección de la naturaleza “saben muy bien cuáles son las pistas, accesos e infraestructuras” de que disponen para su extinción.

“Es un modelo que se valoriza porque los trabajadores conocen perfectamente el medio, en el que han estado trabajando en las tareas de prevención. Este modelo no tiene porque cambiarse porque ha demostrado su eficiencia y eficacia en los últimos años”, aseguró.

Escorza admitió que esto no es óbice para que, en un determinado momento y en función de las condiciones meteorológicas, pueda producirse un gran incendio en el que el operativo se vea desbordado.

“Los APN han demostrado su eficiencia a la hora de atacar los primeros pasos de un incendio y por eso muchos se quedan en conatos. Pero puede haber circunstancias meteorológicas excepcionales que superarían a cualquier equipo”, dijo. En este sentido, hizo referencia a los incendios que han asolado el norte de California a pesar de contar con medios muy amplios y profesionales cualificados. 

Desde la AAPNA insistieron en defender el modelo aragonés, en el que el personal funcionario y laboral del departamento asume las funciones y responsabilidades atribuidas en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo). En este sentido, en torno a 57 técnicos participan en labores de coordinación y dirección de extinción y aproximadamente 400 APN como directores de las cuadrillas forestales y de la extinción en primera instancia. Cabe destacar la integración al operativo anterior del personal contratado a través de la empresa pública Sarga.

El presidente de AAPNA defendió que los brigadistas que contrata Sarga “deben tener mayor estabilidad y las mejores condiciones de trabajo posibles, pero sin que eso comprometa el modelo actual, que hay que reforzar”.

Escorza recordó que también es necesario mejorar uno de los “elementos básicos” para el trabajo de los APN, como son los vehículos. “Necesitamos un parque móvil moderno, actualizado y debidamente rotulado , además de con luminosos, para llegar debidamente a los sitios de emergencia, con vehículos profesionales y de calidad, es decir, con todoterrenos equivalentes a los que se contratan para que se desplacen las cuadrillas de Sarga”, comentó.

Además, sotuvo que el colectivo de funcionarios debe recibir la formación adecuada y mantenerse en un número suficiente. “No sería descabellado que se ampliara la plantilla porque la presencia de un mayor número de técnicos y APN nos permitiría trabajar con mayor dedicación y especialización”, concluyó.