Por una Nueva Cultura de la Tierra pide transición energética real y “equilibrada”

Fomentar la transparencia y tener en cuenta a los actores del territorio antes de instalar la batería de más de 70 parques eólicos que empresas eléctricas y fondos de inversión proyectan en buena parte de la provincia, con la finalidad de localizar incompatibilidades con modelos de desarrollo ya definidos por comarcas que apuestan por el paisaje y la biodiversidad como atractivo turístico desde hace décadas. Esta es una de las principales reflexiones que dejó la primera mesa redonda del microciclo 2020 del Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra, que esta semana abordó el tema Megaproyectos ¿salvadores? Para el Aragón rural.

La mesa, que tuvo lugar de forma virtual y se puede revisitar en el canal de Youtube del Foro, tenía como objetivo abordar la “preocupación” que existe en el medio rural aragonés, en concreto en la provincia de Teruel, “por la avalancha de grandes proyectos eólicos”, explicó a modo de introducción el moderador, el profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza José Luis Simón.

El colectivo de opinión aragonés, cuyo objetivo es fomentar el debate y la elaboración de propuestas racionales sobre temas de interés social en el ámbito de la geología, geografía, medio ambiente y territorio, invitó al portavoz de la Plataforma en defensa de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, a la profesora de Geografía de la Universidad de Zaragoza y experta en Mapas del Paisaje, Paloma Ibarra y al director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales.

“La sociedad tiene asumido que la presencia creciente de las renovables es un imperativo, pero el desarrollo de estos proyectos, sobre todo cuando alcanzan las dimensiones que están alcanzando algunos de ellos, tienen que plantearse siempre en equilibrio con las necesidades y aspiraciones del territorio, de las personas que lo habitan, que lo visitan”, y también desde la óptica “de los ecosistemas y de la biodiversidad”, introdujo Simón, que dio paso a Oquendo.

Parar para reordenar

El educador ambiental, que ha sido también presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo y de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (Adema), destacó que “transición ecológica no es lo mismo que transición energética”, y recordó que la Plataforma pidió el pasado lunes al Gobierno de Aragón una moratoria temporal para los proyectos eólicos y fotovoltaicos, con el fin de poder llevar a cabo un plan de ordenación territorial de los recursos energéticos, como demandan las directivas de la Unión Europea. “Hay 40 organizaciones detrás, desde asociaciones empresariales a ecologistas, naturalistas, culturales y del patrimonio que piden que se pare esto, se tome tiempo y se ordene el territorio”, expuso Oquendo.

En este momento la provincia de Teruel cuenta con 14 parques eólicos en funcionamiento, explicó, que suman 500 MW que se multiplicarán con los 75 parques en tramitación que existen en este momento. “Casi todos tienen en torno a 49,5 MW, algo a lo que llamamos fragmentación ilegal. Por encima de 50 MW van a Madrid –a tramitación–, y por debajo al Gobierno de Aragón, que está siendo mucho más permisivo” y “declara estos parques de interés autonómico”, lo que “facilita los procesos y acorta los plazos de alegaciones”, subrayó.

Oquendo destacó que las centrales, unidas a las líneas de alta tensión y subestaciones que las acompañarán, generarán “afecciones importantes”, empezando por la biodiversidad. Las actividades tradicionales, agricultura y ganadería, también se ven en peligro por la proliferación de aerogeneradores, y también hay afecciones turísticas. “Llevamos 30 años en los que los programas de desarrollo se han centrado en promocionar el turismo rural”, argumentó. También afecta al patrimonio rural y a las relaciones ciudadanas, pues “crean división en los territorios”, expuso.

Oquendo negó la mayor de la generación de empleo. “No hay quien se crea que un parque genere 50 empleos en su mantenimiento”, zanjó. Reconoció buenos ingresos por licencias de construcción y actividades especiales, así como alquileres de terrenos, pero “los rentistas se marcharán a las ciudades”. También alegó la “especulación pura y dura” que se fomenta, pues una vez tramitados los parques “se venden a fondos que no se sabe si están en las Islas Caimán, en Dinamarca o Luxemburgo”.

Oquendo aseveró que en las provincias de Madrid y Barcelona, que son las mayores consumidoras de electricidad, no tienen proyectos eólicos en marcha, y abogó por que los pueblos se conviertan en verdaderas “comunidades energéticas que generen y vendan energía, y generen autoempleo”, fijando población a través de la instalación de placas solares en edificios.

Impacto redistributivo

La generación distribuida fue también defendida por Viñuales, que se mostró partícipe de aprovechar parte de los 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo que recibirá España para instalar 8.600 MW de energía fotovoltaica “no en ocho grandes parques”, sino en “350.000 tejados solares de viviendas, colegios o empresas”. Con esta inversión, “el impacto social y económico redistributivo en la población es totalmente distinto”, garantizó. 

El director de Ecodes desestimó la “hiperespecialización territorial” y el “modelo extractivista” que parece pretenderse para que el medio rural genere energía en beneficio de las zonas más pobladas.

Viñuales subrayó la necesidad de desterrar el “enfoque unilateral” en esta problemática, para buscar “un enfoque holístico y global” con la participación ciudadana por bandera.

“Tenemos que construir alternativas que sean positivas desde los distintos puntos de vista” y “centrarnos en encontrar soluciones convergentes que resuelvan a la vez las diferentes crisis” actuales, como son la sanitaria y la económica, pero también la climática.

“Pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables, cambiar de era, es fundamental, pero eso no es óbice para que nos demos cuenta de que también hay maneras y maneras de hacerlo”, dijo Viñuales, que invitó a preservar espacios naturales de alto valor para saciar el “hambre de naturaleza” con la que el ser humano ha salido del confinamiento domiciliario al que obligó la pandemia.

En definitiva, concluyó, “necesitamos equilibrio, evitar las demasías y encontrar un desarrollo más equilibrado y más resistente y resiliente”. 

Ibarra reivindica los Mapas del Paisaje de Aragón para ordenar el territorio

La geógrafa Paloma Ibarra, que recientemente ha participado en la confección de los Mapas del Paisaje de Aragón organizados por comarcas, reivindicó la contribución de estos instrumentos técnicos para la ordenación del territorio.

En la actualidad los criterios paisajísticos “no se están utilizando” en la planificación de un territorio, ni tampoco se está tomando en consideración “las aspiraciones de las poblaciones” en lo que concierne a su paisaje, advirtió.

La experta explicó que existen herramientas para hacerlo, como el Convenio Europeo del Paisaje que plantea fijar Objetivos de Calidad Paisajística; la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, que en 2015 incorporó un capítulo que cita los Mapas del Paisaje y reconoce el desarrollo turístico en torno a él; o la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.

También están las Cartas del Paisaje. El Matarraña tiene una que contiene un Pacto para la protección, ordenación, gestión y mejora del paisaje, detalló. También tiene esta comarca, donde Capital Energy plantea instalar un macroproyecto con grandes aerogeneradores, un Programa de Desarrollo Estratégico “equilibrado y comprometido con los valores culturales y naturales del territorio para crear un futuro de oportunidades”.

Los proyectos energéticos que llegan a la provincia representan “una clara colisión” con la protección al paisaje, observó la experta, que destacó que los últimos modelos de aerogeneradores “son enormes”, pues alcanzan “200 metros de altura”, equiparable a “un bloque de pisos de 60 plantas”.

Por tanto, “las afecciones son importantes y tienen que ser tenidas en cuenta con seriedad y rigor” porque “pueden afectar a los recursos económicos que están apoyados en esas estrategias de sostenibilidad”, apuntó Ibarra. “Hay instrumentos para ello y leyes en las que apoyarse”

La geógrafa concluyó citando un estudio de la Universidad de Zaragoza, que ha determinado que el 42% de los encuestados prefiere elegir un destino en el que no haya aerogeneradores, el 33% tiene dudas y el 24% iría igualmente.

“Hay que combinar la sostenibilidad social, ambiental y económica, pero hay que hacerlo con ordenación del territorio” porque “tomar decisiones precipitadas por un sistema de subasta de la energía que nos deja en manos de estos emprendedores de megaproyectos que muchas veces están alejados del territorio parece que no es la forma más sensata ni sostenible de actuar”.