La semana pasada, el Ministro de Universidades señor Castells, anunciaba en un programa de televisión una reforma de los requisitos de acceso a las becas que otorga el Ministerio de Educación. Aunque sea una propuesta pendiente de aprobación, el nuevo criterio de adjudicación va a ser primar criterios económicos, dejar de exigir un mínimo rendimiento académico y dar la beca “a aquellos estudiantes simplemente que tengan necesidad económica, es decir, no por criterio académico sino por quien lo necesite económicamente”. Esto supone un cambio importante sobre el sistema actual en el que se exigía para una beca universitaria un rendimiento académico mínimo que ahora parece desaparecer y reabre el tradicional debate entre los sistemas de becas basados en el mérito y los sistemas basados en el nivel de renta.
Cuando hablamos de becas que pueden conseguir los estudiantes, estamos hablando de una beca de matrícula que exime de su pago y que pueden ser aproximadamente 1.000 euros de media por estudiante. A esto se le podría añadir una beca adicional de 1.500 euros por desplazamiento y alguna cuantía bastante pequeña adicional. Aunque podría parecer una cuantía importante para un estudiante, la realidad sobre el coste y la financiación de los estudios universitarios en España es muy distinta y centrar el debate únicamente en las becas que concede el Ministerio nos haría perder la perspectiva del conjunto. Formar un ingeniero, un médico o un maestro en una universidad pública en España tiene un coste aproximado de entre 10.000 y 15.000 euros anuales que financia el Estado o la Comunidad Autónoma. Es decir, que todos los estudiantes matriculados en una universidad pública reciben una “beca” de 10.000 euros anuales por sus estudios y lo que es más importante, sin tener en cuenta su nivel de renta. Sin embargo, nos ponemos exquisitos y exigentes por una beca de 1.000 euros al año y en este caso sí que pedimos un nivel máximo de renta y un mínimo de rendimiento académico. Los árboles impiden ver el bosque y el problema completo, y consigue mantener a los actores principales de esta obra (la CRUE, los sindicatos, asociaciones de estudiantes) centrados en lo anecdótico.
La cuestión por lo tanto no radica en la cuantía de la ayuda, ya hemos comprobado que no es muy alta con respecto al total del coste que le supone al estado la formación universitaria, si no respecto a la eficiencia del gasto público en becas y la equidad alcanzada con estas decisiones políticas, y si la introducción de estas medidas poco exigentes de rendimiento académico mejora alguno de los parámetros buscados con la política de becas. Existe abundante literatura científica al respecto y todavía no hay consenso sobre si la medida de introducir los requisitos académicos influye en la efectividad de las ayudas recibidas.
Concluyo haciendo referencia a un problema de orden moral que afecta a los profesores universitarios derivado de la exigencia de requisitos académicos y es la presión añadida que recibimos para evaluar de forma “generosa” a los estudiantes ante la amenaza de una posible penalización o incluso devolución de la cuantía recibida en la beca. Esto supondría un aumento artificial en el expediente académico de los estudiantes que perjudicaría especialmente a los estudiantes más brillantes que no necesitan ese aumento artificial y el consiguiente desincentivo al esfuerzo por conseguir un buen expediente que garantice la empleabilidad. Una solución podría ser establecer un doble sistema de becas, uno ligado a aspectos económicos y otro que premie los resultados académicos.