El Gobierno acaba de presentar su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en un acto celebrado en la Moncloa de la mano del presidente y del vicepresidente segundo, un acto más de propaganda ya que esta presentación debería haber sido en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que son los responsables de su aprobación.
El trámite que deben seguir los presupuestos hasta su aprobación definitiva es muy largo y sujeto a múltiples negociaciones con los grupos políticos, y en este caso especialmente por la ausencia de mayoría absoluta por parte del Gobierno. Sería aproximadamente el siguiente: primero se tiene que aprobar el techo de gasto y la senda de déficit por el Congreso y el Senado; después, el proyecto de presupuestos debe ser aprobado en el Consejo de Ministros para, posteriormente, ser enviado al Congreso de los Diputados y en el plazo de 15 días se deben presentar las enmiendas totales o parciales que los grupos parlamentarios estimen oportunas. Una vez superado el trámite en el Congreso (que pueden ser perfectamente 30 días ya que se trabajan en Comisión y en Pleno) pasa el texto al Senado para iniciar una tramitación muy similar. Si en el Senado no se aprueban enmiendas al texto, quedaría aprobado definitivamente, pero si se introdujeran cambios, debe volver a ser ratificado por el pleno del Congreso.
Para entender cómo funciona un presupuesto de estas características, se puede hacer un paralelismo con el presupuesto de una familia, con unos ingresos y unos gastos. Pero tiene una diferencia fundamental: en una familia, cuando haces un presupuesto, sabes con bastante exactitud cuáles van a ser tus ingresos (las nóminas o los ingresos de un negocio, etc.) mientras que los gastos son menos conocidos, no sabemos con exactitud cuánto vamos a gastar en comida, en vacaciones o en ocio, aunque podemos hacer una aproximación. Por el contrario, la administración pública cuando aprueba un presupuesto lo que sabe con exactitud son los gastos, pero desconoce los ingresos. Es decir, sabemos la partida exacta de las nóminas de los empleados públicos, de las inversiones en carreteras o los intereses de la deuda. Sin embargo, lo que desconocemos es la cuantía de los ingresos. Y, ¿cómo se calculan? Se hace en base a una estimación de datos macroeconómicos que es lo que se denomina el cuadro macroeconómico. Es decir, en un presupuesto público sabemos con exactitud los gastos, pero no los ingresos.
Aunque dedicaré alguna próxima colaboración a profundizar un poco más en algunas propuestas presentadas, no puedo terminar sin dar dos pinceladas sobre lo conocido estos días: primera, el cuadro macro utilizado para elaborar ese presupuesto está fechado el 6 de octubre, y no contempla las nuevas restricciones derivadas del nuevo estado de alarma y el impacto negativo que va a tener en los ingresos fiscales del año. Los datos están obsoletos.
Otra pincelada: el plan presupuestario que se envió a Bruselas días atrás, solo contempla un mes de pago de ERTEs, el mes de enero, por lo que, si fuera necesario prorrogar la vigencia de estos expedientes, como todo parece indicar que ocurrirá, dejaría en papel mojado el cálculo del déficit público.