Corren tiempos difíciles para mantener principios inquebrantables y para los dogmatismos, especialmente en materia económica. Una vez que la crisis en materia sanitaria parece que comienza a mostrar síntomas de cierta mejoría y después de casi dos meses en los que el País ha permanecido casi parado, comienza la batalla por la recuperación económica. La lucha contra la pandemia ha sido muy dura con casi 27.000 muertos, según los datos oficiales, pero la batalla a librar contra la crisis económica va a ser mucho más dura.
El éxito de las medidas que se adopten va a depender del horizonte temporal en el que nos fijemos, y no puede ser otro que el corto plazo. Hay que ayudar al que realmente lo necesita de forma inmediata y dejar de lado, solo temporalmente, el largo plazo. Pero, y esta es la clave, las ayudas no pueden ser sine die o, dicho de otra forma, los perceptores de las ayudas no pueden ser siempre los mismos, deberían rotar. Si una persona en el largo plazo, sigue necesitando ayudas, lo que recibe deja de ser una ayuda y se convierte en una forma de vida, con ello se está desincentivando la búsqueda activa de nuevas oportunidades laborales o de progreso. Se cronifica la dependencia.
Sin embargo, estamos observando que esas ayudas urgentes y tan necesarias están encontrando muchos problemas burocráticos y, señores del gobierno, hay que relajar un poquito la inflexibilidad de la administración. Por supuesto que debe haber control, es dinero público y debe ser fiscalizado y controlado al máximo, pero creo que, en esta situación excepcional, el control se debería fijar a posteriori, debería ser un control expost y no un control ex-ante. Fijemos un horizonte temporal de un año o un par de años, y en ese momento reclamen toda la documentación que justifique esa percepción de la ayuda, pero ahora no, ese exceso de burocracia lo único que hace es dilatar el urgente acceso a las ayudas.
El Gobierno debería obsesionarse en mantener el tejido productivo y restablecerlo lo antes posible. Para ello, debería garantizar la liquidez, no poniendo muchas trabas burocráticas sino realizando, como he dicho antes, los controles a posteriori. Y de momento no se está haciendo precisamente esto. La tramitación de los ERTEs ha hecho que se colapse el sistema, las gestorías, las mutuas, los despachos de abogados dedican todo su esfuerzo en justificar documentalmente la solicitud y los beneficiarios de la ayuda siguen sin percibirla, cuando esa justificación podía ser pospuesta varios meses. Las líneas ICO están teniendo también muchos problemas en su gestión y seguramente no llegará a las Pymes.
No quiero concluir sin referirme al Ingreso Mínimo Vital. Como he dicho al principio, si hay un momento para no ser dogmático es este, y considero que se debería dar a los que realmente lo necesiten, pero siempre de manera temporal, unos meses. Es más, debería ser compatible con otras ayudas. Pero insisto, exclusivamente de carácter temporal, aunque mucho me temo que el Gobierno no tiene entre sus planes su retirada, y terminará convirtiéndose en un cepo a la pobreza y el colectivo que lo reciba lo va a tener muy difícil para escapar. ¿Y cómo se financia todo ese gasto? Eso para el siguiente artículo.