Los titulares de esta semana se han centrado en la celebración del día de la Constitución en un momento de máxima crispación política. Incluso en las jornadas de puertas abiertas del Parlamento, los ciudadanos contaban a los periodistas su deseo de más diálogo y menos enfrentamiento entre nuestros representantes.
Mi formación jurídica y mi carrera profesional me han hecho entender, respetar y amar nuestro sistema constitucional, por eso me entristece tanto la deriva que está tomando la política en nuestro país. En esta fiesta, que debería ser la más importante y celebrada del año, hace tiempo que se nos olvida que la primera frase de nuestra Carta Magna sienta las bases de la organización del Estado, para que la cosa no se vaya de madre y volvamos a las andadas de siglos anteriores. Con gran acierto, se estableció que España es un Estado democrático, social y de derecho. Cada una de estas palabras se escribió a conciencia y todas tienen importancia.
Sin ánimo de dar una lección de derecho constitucional, y dando por sentado que todos sabemos lo que significa democrático y social, me gustaría incidir en el último término del primer párrafo constitucional. Un Estado de derecho no es solo el que se rige por normas de obligado cumplimiento. Es también el que refuerza los mecanismos para sacralizar la separación de poderes. El Parlamento legisla, el Gobierno ejecuta, y los jueces interpretan y aplican las leyes.
De un tiempo a esta parte, esos límites necesarios para garantizar una democracia sana, se han difuminado tanto que da miedo. El sistema judicial se ha politizado, el Gobierno no respeta la jurisprudencia y el Parlamento no reordena la situación. Después, llega el seis de diciembre y casi todos sacan pecho autodenominándose más constitucionalistas que los otros. Excepto los que ni siquiera aparecen porque preferirían tener otros sistemas con menos garantías y derechos.
Con este panorama, es imposible ser optimista. Este siglo no va mejor que el anterior, nos espera un futuro político muy oscuro. Tiempo al tiempo.
Mi formación jurídica y mi carrera profesional me han hecho entender, respetar y amar nuestro sistema constitucional, por eso me entristece tanto la deriva que está tomando la política en nuestro país. En esta fiesta, que debería ser la más importante y celebrada del año, hace tiempo que se nos olvida que la primera frase de nuestra Carta Magna sienta las bases de la organización del Estado, para que la cosa no se vaya de madre y volvamos a las andadas de siglos anteriores. Con gran acierto, se estableció que España es un Estado democrático, social y de derecho. Cada una de estas palabras se escribió a conciencia y todas tienen importancia.
Sin ánimo de dar una lección de derecho constitucional, y dando por sentado que todos sabemos lo que significa democrático y social, me gustaría incidir en el último término del primer párrafo constitucional. Un Estado de derecho no es solo el que se rige por normas de obligado cumplimiento. Es también el que refuerza los mecanismos para sacralizar la separación de poderes. El Parlamento legisla, el Gobierno ejecuta, y los jueces interpretan y aplican las leyes.
De un tiempo a esta parte, esos límites necesarios para garantizar una democracia sana, se han difuminado tanto que da miedo. El sistema judicial se ha politizado, el Gobierno no respeta la jurisprudencia y el Parlamento no reordena la situación. Después, llega el seis de diciembre y casi todos sacan pecho autodenominándose más constitucionalistas que los otros. Excepto los que ni siquiera aparecen porque preferirían tener otros sistemas con menos garantías y derechos.
Con este panorama, es imposible ser optimista. Este siglo no va mejor que el anterior, nos espera un futuro político muy oscuro. Tiempo al tiempo.