No hace muchos días que unas lluvias torrenciales causaron estragos en el cauce del río Jiloca a su paso por Burbáguena y Báguena que se desbordó anegando calles y cultivos. No sé con precisión si los daños están o no siendo reparados, pero me temo que la cosa va a ir con cierta lentitud si es que al final se emprenden las tareas.
Este es un ejemplo, entre otros muchos, de los problemas que se generan cuando las aportaciones de agua castigan unos cauces que, cual maldición bíblica, están permanentemente repletos de sedimentos, maleza y otros depósitos de restos varios. Es común escuchar que la confederación hidrográfica de turno ni está ni se la espera a la hora de buscar soluciones a esa demanda sempiterna de muchos municipios que claman por desbrozar los lechos de ríos.
Si uno rastrea la jurisprudencia creada a raíz de demandas interpuestas por ayuntamientos y particulares contra esta laxitud de los organismos de cuenca deduce que la ley, si bien atribuye competencias de cuidad y mantenimiento a las confederaciones, tampoco niega taxativamente que otras administraciones, de carácter municipal principalmente, puedan acometer esas tareas. No obstante, si eso ocurriese, también hay casos de recursos interpuestos por la propia confederación contra esas decisiones. En definitiva: hay un carajal jurídico-administrativo importante sobre esta cuestión.
Mientras tanto, los cauces acumulan mierdas de todo tipo, se ven invadidos por residuos que reducen su capacidad y el agua hace de las suyas. Así las cosas, me preguntó para qué coño sirve un organismo regulador del agua que no come ni deja comer. Más allá de esa función denominada de policía (cuyo cometido suena a rayos), no se vislumbra acción alguna que intente solucionar la demanda evidente de la gente que ve cómo los ríos próximos a su lugar de residencia se convierten en estercoleros. La no intervención administrativa convierte a las confederaciones en entidades poco útiles una entelequia estatal que no tiene eficacia real, más allá de una vigilancia de no se sabe qué.
Este es un ejemplo, entre otros muchos, de los problemas que se generan cuando las aportaciones de agua castigan unos cauces que, cual maldición bíblica, están permanentemente repletos de sedimentos, maleza y otros depósitos de restos varios. Es común escuchar que la confederación hidrográfica de turno ni está ni se la espera a la hora de buscar soluciones a esa demanda sempiterna de muchos municipios que claman por desbrozar los lechos de ríos.
Si uno rastrea la jurisprudencia creada a raíz de demandas interpuestas por ayuntamientos y particulares contra esta laxitud de los organismos de cuenca deduce que la ley, si bien atribuye competencias de cuidad y mantenimiento a las confederaciones, tampoco niega taxativamente que otras administraciones, de carácter municipal principalmente, puedan acometer esas tareas. No obstante, si eso ocurriese, también hay casos de recursos interpuestos por la propia confederación contra esas decisiones. En definitiva: hay un carajal jurídico-administrativo importante sobre esta cuestión.
Mientras tanto, los cauces acumulan mierdas de todo tipo, se ven invadidos por residuos que reducen su capacidad y el agua hace de las suyas. Así las cosas, me preguntó para qué coño sirve un organismo regulador del agua que no come ni deja comer. Más allá de esa función denominada de policía (cuyo cometido suena a rayos), no se vislumbra acción alguna que intente solucionar la demanda evidente de la gente que ve cómo los ríos próximos a su lugar de residencia se convierten en estercoleros. La no intervención administrativa convierte a las confederaciones en entidades poco útiles una entelequia estatal que no tiene eficacia real, más allá de una vigilancia de no se sabe qué.