Claudia es una chica de Burgos que envió esta carta a la directora de El País: “Tengo una carrera de ciencias exactas, dos másteres y un doctorado. Tengo 32 años y un contrato posdoctoral de renombre en una universidad pública española. Lo que también tengo es derecho a recibir una ayuda por bajo nivel de ingresos. Sin embargo, lo que no tengo es explicación para la precariedad a la que estamos sometidos los jóvenes investigadores; tampoco para describir la impotencia y el abandono que sentimos”.
El caso de Claudia es extensivo a la gran mayoría de los chavales de su edad, atrapados en una vorágine de precariedad laboral y precios disparados que los tiene completamente arruinados como generación.
Si se analizan los datos, la lectura es aterradora. Casi el 86 % de los menores de 34 años viven aún con sus padres, son dieciocho puntos porcentuales más que en la Unión europea. En nueve años hemos duplicado la diferencia.
La probabilidad de que un joven tenga vivienda en propiedad se ha reducido a la mitad en quince años. Las generaciones jóvenes cada vez ganan menos por su trabajo que sus padres.
El Consejo de la Juventud retrató en Un problema como una casa a una generación atrapada entre salarios insuficientes, precios desbocados de la vivienda y una incertidumbre que ha echado por tierra sus proyectos vitales. Se les juzga por no querer tener hijos, ¿acaso pueden? Se les juzga por no comprarse una casa, ¿acaso pueden? Se les juzga por abusar de la pensión de sus padres, ¿acaso pueden sufragar los gastos que conlleva ser cabeza de familia?
Siete de cada diez jóvenes que se independizan se ven obligados a irse de alquiler. De este porcentaje, el 87 % comparte techo porque no pueden pagar un inmueble ellos solos. Lo hacen por necesidad, no porque quieran vivir con sus amigos o con gente que encuentran en un tablón de anuncios.
Con un 35 % de jóvenes independizados que gana menos de 1000 euros al mes, por debajo del salario mínimo, y un 40 % incapaz de ahorrar ni 100 euros al mes, la economía colaborativa se impone como única opción. No es emancipación, es pura supervivencia.
Los que viven fuera de la casa de sus padres se gastan 466 euros mensuales en mantener los gastos del inmueble que rentan. En ciudades como Madrid o Barcelona el coste puede superar los 600 euros. Para cuatro de cada diez, este gasto supone más del 40 % de sus ingresos.
La Unión Europea considera que ya están en riesgo de exclusión. Además, casi un tercio necesita ayuda familiar para pagar el alquiler.
La situación es un círculo vicioso: compartes piso para reducir gastos, pero los salarios no suben, los alquileres no bajan, y la juventud se ve abocada a vivir arrastrando los pies, sin esperar absolutamente nada de un futuro que nada ni nadie les garantiza.
El peso del electorado joven es cada vez menor, y mayor el peso de los españoles que superan los 65 años. Por eso las políticas públicas se centran en contentar a la tercera edad, porque son doce millones de pensionistas que se traducen en doce millones de votos en las próximas elecciones generales.
Así, mientras los chavales ven cómo los políticos se pelean por apuntarse el tanto de quién sube la pensión a los abuelos, ellos tienen que conformarse con un bono de transporte gratuito y seguir acumulando trabajos de corta duración y mal pagados.
Me alucina que a los representantes públicos les choque que los menores de treinta años estén desconectados de la política. Estarían más pegados a la actualidad si en el Congreso se debatieran planes de empleo dignos para ellos, se tratara el problema real de la vivienda, se aseguraran planes efectivos de natalidad que les permita traer un hijo a este mundo.
No se hace nada de lo importante porque la política se centra en las minucias y se encuentra muy lejos de estar a la altura de lo que los jóvenes merecen.
El caso de Claudia es extensivo a la gran mayoría de los chavales de su edad, atrapados en una vorágine de precariedad laboral y precios disparados que los tiene completamente arruinados como generación.
Si se analizan los datos, la lectura es aterradora. Casi el 86 % de los menores de 34 años viven aún con sus padres, son dieciocho puntos porcentuales más que en la Unión europea. En nueve años hemos duplicado la diferencia.
La probabilidad de que un joven tenga vivienda en propiedad se ha reducido a la mitad en quince años. Las generaciones jóvenes cada vez ganan menos por su trabajo que sus padres.
El Consejo de la Juventud retrató en Un problema como una casa a una generación atrapada entre salarios insuficientes, precios desbocados de la vivienda y una incertidumbre que ha echado por tierra sus proyectos vitales. Se les juzga por no querer tener hijos, ¿acaso pueden? Se les juzga por no comprarse una casa, ¿acaso pueden? Se les juzga por abusar de la pensión de sus padres, ¿acaso pueden sufragar los gastos que conlleva ser cabeza de familia?
Siete de cada diez jóvenes que se independizan se ven obligados a irse de alquiler. De este porcentaje, el 87 % comparte techo porque no pueden pagar un inmueble ellos solos. Lo hacen por necesidad, no porque quieran vivir con sus amigos o con gente que encuentran en un tablón de anuncios.
Con un 35 % de jóvenes independizados que gana menos de 1000 euros al mes, por debajo del salario mínimo, y un 40 % incapaz de ahorrar ni 100 euros al mes, la economía colaborativa se impone como única opción. No es emancipación, es pura supervivencia.
Los que viven fuera de la casa de sus padres se gastan 466 euros mensuales en mantener los gastos del inmueble que rentan. En ciudades como Madrid o Barcelona el coste puede superar los 600 euros. Para cuatro de cada diez, este gasto supone más del 40 % de sus ingresos.
La Unión Europea considera que ya están en riesgo de exclusión. Además, casi un tercio necesita ayuda familiar para pagar el alquiler.
La situación es un círculo vicioso: compartes piso para reducir gastos, pero los salarios no suben, los alquileres no bajan, y la juventud se ve abocada a vivir arrastrando los pies, sin esperar absolutamente nada de un futuro que nada ni nadie les garantiza.
El peso del electorado joven es cada vez menor, y mayor el peso de los españoles que superan los 65 años. Por eso las políticas públicas se centran en contentar a la tercera edad, porque son doce millones de pensionistas que se traducen en doce millones de votos en las próximas elecciones generales.
Así, mientras los chavales ven cómo los políticos se pelean por apuntarse el tanto de quién sube la pensión a los abuelos, ellos tienen que conformarse con un bono de transporte gratuito y seguir acumulando trabajos de corta duración y mal pagados.
Me alucina que a los representantes públicos les choque que los menores de treinta años estén desconectados de la política. Estarían más pegados a la actualidad si en el Congreso se debatieran planes de empleo dignos para ellos, se tratara el problema real de la vivienda, se aseguraran planes efectivos de natalidad que les permita traer un hijo a este mundo.
No se hace nada de lo importante porque la política se centra en las minucias y se encuentra muy lejos de estar a la altura de lo que los jóvenes merecen.