Pocos podían pensar hace algo más de dos años que las denuncias públicas que hacía cada dos por tres en la prensa el entonces presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel, Eugenio García, acabarían llegando a los tribunales de justicia y poniendo en el punto de mira fuera de la provincia a las instituciones turolenses y al considerado buque insignia de la industria agroalimentaria.
Todo este proceso se inició dentro de la crisis interna que vivía el Consejo Regulador a principios de 2014. Su presidente y los industriales jamoneros más allegados a él, empezaron a denunciar en ruedas de prensa y entrevistas presuntas irregularidades cometidas por el equipo de la DO que les había precedido.
Dos fueron las denuncias explícitas que hizo el expresidente: irregularidades en la gestión cuando era gerente Fernando Guillén, uno de los encausados, y un supuesto "fraude organizado y continuado" por la certificación de jamones de denominación que no lo eran.
Tanto insistió en los medios de comunicación, que García tuvo que acudir a la Comisaría de Teruel el 28 de febrero de 2014 para denunciar ante la Policía Judicial lo que no dejaba de decir por los medios de comunicación pocos días antes de que fuera cesado.
El escándalo estaba servido ya para esas fechas y el 3 de marzo policías de Teruel, junto con otros de los grupos de Blanqueo de Capitales y Delincuencia Económica de Zaragoza y de la Comisaría General de Policía judicial en Madrid, irrumpían en la sede del Consejo Regulador llevándose numerosa documentación. A los pocos días, el ya entonces expresidente declaraba ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de estas diligencias.
Desde entonces, el caso del Jamón no ha dejado de despertar interés informativo y cuando la documentación comenzó a ser accesible, tras permanecer un tiempo bajo el secreto de las actuaciones, salió a la luz que la gestión del CRDO entre los años 2009 y 2013 había sido "caótica" por la forma como se había llevado y la falta de control de los gastos.
La presión informativa fue relajándose hasta que en septiembre de 2014 comenzaron a declarar como imputados (hoy investigados) la presidenta y todos los miembros del Consejo Regulador, así como algunos trabajadores y representantes de empresas que trabajaban con ellos.
El informe pericial económico forense realizado puso de manifiesto una gestión absolutamente descontrolada por parte del gerente, con la aquiescencia, según la investigación judicial, de todo el pleno del Consejo Regulador y de la gestoría que trabajaba para ellos. La denuncia de fraude, en cambio, se fue desinflando.
A raíz de las investigaciones, el juez encargó otro informe pericial sobre las subvenciones recibidas por la DO y el caso volvió a quedar dormido entre febrero y septiembre del año pasado. Una vez hecho el informe, el caso resurgió y volvió a saltar a la prensa al ser llamados a declarar dos exdiputados de la DPT y varios funcionarios. El juez les acusó de presuntos delitos de prevaricación y malversación, pero un informe de la Fiscalía pidió el sobreseimiento de esa parte de las diligencias por entender que no existía delito penal en la concesión de las subvenciones de la DPT.
El juez debería haber archivado al no haber acusación, pero se presentó por sorpresa como acusación particular el expresidente de la DO, que hasta hacía pocos meses había estado también imputado, y la causa siguió abierta. No fue hasta principios de este año cuando se sobreseyó por parte de la Audiencia Provincial al desestimar la personación de García como acusación particular. En lugar de claudicar, el denunciante recurrió ante el Constitucional y el Supremo, que todavía no han resuelto.
Autor:F.J.M. Teruel