La dirección general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón confirmó ayer que un equipo técnico se desplazará a Alcañiz para ver qué ha ocurrido con el tramo suroeste de la muralla medieval. Parte de los 30 metros conservados del muro quedaron destruidos el pasado 18 de abril como consecuencia del deslizamiento de tierras del cerro de Pui Pinos, pero el resto ha desaparecido después como consecuencia de los trabajos de desescombro realizados en el cerro por las excavadoras.
Fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron ayer que realizarán “una valoración de lo sucedido”, una vez que técnicos del servicio provincial de Patrimonio visiten la zona y comprueben la veracidad del informe elaborado por el Taller de Arqueología de Alcañiz, que a través de una memoria acompañada de documentación gráfica ha informado de que el tramo suroeste de la fortificación medieval -de los siglos XIV y XV y catalogada como Bien de Interés Cultural BIC)- ha desaparecido por completo.
El documento remitido la semana pasada por el Taller de Arqueología de Alcañiz ponía de manifiesto que un pequeño tramo de la muralla se sostenía en pie después del derrumbe, pero que han sido los trabajos posteriores los que han acabado con lo que había quedado en pie de ella.
Por otra parte, los afectados fueron convocados ayer por la tarde a una reunión con la dirección de obra que se ha hecho cargo del desescombro del cerro y con el concejal de Seguridad Ciudadana, Nacho Esparrells. Es el primer contacto que tenían las dos partes desde la última reunión del pasado 27 de abril. El encuentro tuvo lugar un día después de que la ‘Plataforma de afectados por el desprendimiento del cerro de Pui Pinos’ presentara una instancia en el registro del Ayuntamiento en la que ponían de manifiesto su malestar por la falta de información sobre el desarrollo de los trabajos.
“Exigimos información y reuniones semanales con nuestros representantes o con los mayores afectados” reclaman en la instancia. Además, piden que se conceda “permiso de entrada” a los peritos de las compañías aseguradoras de las viviendas “sin más demora” para que puedan realizar una valoración de los daños, y solicitan que se les informe de “cómo se va a proceder a la recogida de los enseres en las viviendas y en las que no se ha podido entrar hasta el día de hoy”.
El tono en que está redactado el texto pone en evidencia la inquietud de los 52 vecinos que constituyen la Plataforma. Basan su reclamación en el “derecho a recibir información e informes de la situación en la que nos encontramos”, y añaden a las peticiones anteriores otras exigencias, a saber: que se les avise con suficiente antelación cuando se autoricen recogidas puntuales de enseres, que se les permita estar “en zona segura” pero “presentes” cuando la recogida la efectúen terceros; exigen “más seguridad para las zonas traseras de las viviendas” y conocer “cómo se van a efectuar los derribos” si se van a producir.
En cuanto a los escombros de las casas que comparten mediadora, demandan que no se mezclen, que se recojan por separado e identifiquen a qué domicilio corresponden.