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Torrecilla medirá los ruidos de un gallinero que genera quejas vecinales

El Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz ha informado al Justicia de Aragón de que ha contactado con un técnico para que realice una medición del ruido procedente de una explotación no comercial de animales de granja, conejos y aves ponedoras, ubicada en el casco urbano, denunciada ante la institución aragonesa por unos vecinos por las molestias que causa.

El Justicia de Aragón había sugerido al consistorio que interviniera activamente para inspeccionar y solventar, en su caso, la supuesta contaminación acústica, al tiempo que le recordaba las funciones de control y sanción que tiene atribuidas y que le obligan a actuar con inmediatez ante las denuncias interpuestas por el vecindario.

En respuesta a esta sugerencia, el Ayuntamiento confirmó que ha contratado un técnico independiente para que efectúe mediciones en condiciones normales para los  animales de la explotación. Al mismo tiempo, el consistorio anunció que, en caso de que no se cumplan los parámetros previstos en la Ley, se procederá a retirar la autorización municipal a esta explotación no comercial de animales de granja.

Asimismo, el Ayuntamiento ha inspeccionado recientemente la actividad para confirmar que cumple con las condiciones establecidas en la licencia y que los propietarios han reubicado a los animales a la zona más alejada del patio de la casa contigua con el fin de minimizar las molestias que motivaron la queja y posterior denuncia.

Una sugerencia previa

El Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz aceptó la sugerencia del Justicia de Aragón de dotarse de una normativa sobre contaminación acústica. Para ello, ha optado por el modelo tipo facilitado por el Gobierno de Aragón.

El Justicia de Aragón hizo hincapié en que en este tipo de situaciones subyace un problema de “civismo que requiere que los miembros de la comunidad se ajusten a unas pautas mínimas de comportamiento que permitan convivir en paz y libertad, con respeto a los demás y a los bienes ajenos”. En este sentido, Fernando García Vicente opinó que el primer paso para solucionar pacíficamente estos problemas es la mediación entre las partes afectadas. En cualquier caso, señaló de que en el supuesto de que ésto no sea suficiente, la Administración local debe actuar con el fin último de garantizar la convivencia