Teruel defendió su Campus pero no logró frenar Magisterio en la privada
El Campus de Teruel despide 2015 con sabor agridulce. El centro universitario ha vuelto a sentir el apoyo unánime de la sociedad turolense que logra dejar las diferencias a un lado para respaldar el futuro de sus estudios superiores. Sin embargo, la presión social no la logrado dar marcha atrás a una decisión que puede afectar negativamente a su oferta: la implantación de los grados de Magisterio de Infantil y Primaria en la Universidad privada San Jorge en Zaragoza. Al menos sí que se ha vuelto a incorporar el criterio de no duplicidad de titulaciones para la programación universitaria en la Comunidad aragonesa y se trabaja ya en nuevas propuestas para reforzar la oferta.
La formación de maestros fue el germen del actual Campus de Teruel y además son las titulaciones que más alumnado le aportan, con un 41% del total de universitarios turolenses. Por eso, la decisión del Gobierno de Aragón, adoptada en marzo, de autorizar estos grados en la USJ cayó como un jarro de agua fría.
La Administración basó su decisión en unos informes de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en el que se entendía que el acuerdo del Gobierno de Aragón del 19 de junio de 2012 para evitar la duplicidad de las titulaciones de Teruel, Huesca y La Almunia vulneraba esta normativa y por ello en febrero de 2015 se decidió eliminar esta prohibición y se retomaron los trámites para autorizar estos títulos en la USJ un proceso que este centro había iniciado en 2013.
Sin embargo, tanto la Universidad de Zaragoza como el propio Campus de Teruel y diferentes entidades de la provincia mostraron su oposición a esta decisión por considerar que perjudicaba a los campus de Teruel y Huesca y por ser innecesaria porque existía ya una amplia oferta de plazas de estos estudios en Aragón.
Las reacciones no se hicieron esperar. A comienzos de abril, el Patronato pro Estudios Universitarios -que está formado por instituciones políticas y académicas y agentes sociales- se reunió y adoptó la decisión unánime de pedir al Gobierno de Aragón que revocara la citada autorización.
Clamor en las calles
Pero también llegó la movilización social. El 15 de abril, Teruel Existe, la Federación de Vecinos y Comisiones Obreras organizaron una reunión para plantear acciones de protesta y el acto contó con la partipación de 23 organizaciones tanto representantes universitarios como partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales y decidieron organizar una manifestación para el 28 de abril con dos lemas: Por el futuro del Campus y Revocación de la autorización a la Universidad San Jorge.
Los apoyos fueron creciendo en los días posteriores y la protesta fue secundada por más de 4.000 personas y apoyada por 32 organizaciones en las que estaba representada toda la sociedad turolense de forma unánime.
Pero, a pesar de la contundente protesta en las calles, el Ejecutivo autonómico no dio marcha atrás sobre esta polémica decisión y se habló también de posibles recursos para frenar la implantación de los estudios en la USJ.
Llegaron las elecciones autonómicas del 24 de mayo y se produjo el cambio de Gobierno pero los trámites administrativos para la puesta en marcha de las titulaciones continuaron. La nueva consejera aragonesa de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, visitó en julio el Campus turolense y aseguró que la voluntad del nuevo Ejecutivo era suspender la autorización para el grado de Magisterio en la San Jorge, si bien señaló que había que esperar a las conclusiones del informe que estaban realizando los servicios jurídicos de la DGA.
Finalmente, las conclusiones de los técnicos se hicieron públicas el 1 de septiembre, apenas una semana antes de que la USJ iniciara las clases, y no eran buenas noticias para el Campus de Teruel. La consejera anunció que no se iba a revocar la autorización a este centro universitario porque sería ilegal y el tema podría terminar en los tribunales.
Los servicios jurídicos afirmaron que el procedimiento administrativo fue el correcto, aunque sí que cuestionaron los argumentos esgrimidos por el anterior Gobierno para decidir suprimir el acuerdo de no duplicidad que se había adoptado en 2012 ante el interés de la privada por tener estudios de Psicología. Precisamente, esta conclusión ha permitido retomar esta medida que la DGA ha vuelto a incorporar como uno de los principios básicos para la programación universitaria para los años 2016-2019.
Claves legales
Durante varios meses se habló sobre diferentes fórmulas para paralizar la puesta en marcha de estudios de Magisterio en la San Jorge, desde la revocación de la autorización a los posibles recursos desde la Universidad de Zaragoza o el Ayuntamiento. Finalmente, los nuevos responsables del Gobierno de Aragón encargaron un informe jurídico para valorar qué se podía hacer que estuvo listo cuando apenar quedaba una semana para el inicio del primer curso de estos grados en la universidad privada.
Los expertos señalaron que la tramitación de la autorización había sido la correcta y por ello alertaban de que si se paralizaba el proceso se incurriría en "ilegalidad" y "sería recurrida por la vía contencioso administrativa".
El informe señaló que la responsabilidad patrimonial para la DGA tendría un coste que alcanzaría, al menos, los gastos de implantación de los estudios y otros conceptos indemnizatorios en relación con los ingresos estimador durante la vigencia de la autorización.
Por otro lado, los técnicos del Gobierno de Aragón afirmaron que no había una única interpretación válida sobre el informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre el acuerdo de 2012 que apostaba por la no duplicidad de los estudios de Teruel, Huesca y La Almunia y afirmaron que, en contra de lo que argumentó en anterior Ejecutivo aragonés, esta política universitaria se podía haber mantenido, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Unidad de Mercado.
Autor:Isabel Muñoz Teruel Isabel Muñoz/ Teruel