Valdeconejos pueblo
El Consejo de Gobierno de la DGA ha tomado conocimiento de la próxima convocatoria de un concurso público de registros mineros caducados correspondientes a 136 derechos mineros en suelo de la provincia de Teruel, informa una nota de prensa del Gobierno de Aragón.
La convocatoria del concurso afecta a las tres provincias aragonesas que suponen un total de 143 derechos mineros, procedentes de anteriores permisos y concesiones que han caducado, con yacimientos de aguas minero-industriales, alabastro, arcilla, calcarenita, caliza, caolín y arenas caoliníferas, carbón, cobre, dolomía, halita, magnesita, plata y roca ornamental, aunque también se podrían explotar otros recursos que aparecieran durante la investigación de cada terreno.
La mayoría de los derechos corresponden a Teruel, con 136, mientras que en Zaragoza se localizan cuatro y en Huesca tres. La superficie objeto del concurso está más repartida, ya que en Zaragoza se localizan más de 10.900 hectáreas, en Huesca cerca de 9.500 y en Teruel más de 12.700.
Por municipios, los derechos mineros caducados que se prevé activar en la provincia de Teruel corresponden a los términos de Utrillas, Escucha, Montalbán, Palomar de Arroyos, Crivillén, Las Parras del Martín, Valdeconejos, Cuevas de Almudén, Alloza, Andorra, Aliaga, Estercuel, Torre de las Arcas, Molinos, Urrea de Gaén, Híjar, Vinaceite, Albalate del Arzobispo, San Agustín, Allueva, Anadón, Salcedillo, Segura de Baños, Rudilla, Fonfría, Piedrahita, Villarroya de los Pinares, La Mata de los Olmos, Gargallo, Lidón, Torrijo del Campo y Rubielos de la Cérida.
En la provincia de Zaragoza, las explotaciones a recuperar se encuentran en los términos municipales de Mezalocha, Jarque de Moncayo, Morata de Jalón, La Almunia de Doña Godina, Alpartir, Urries, Sigüés, Artieda, Los Pintanos, Isuerre, Navardún y Lobera de Onsella. Y en Huesca, el concurso afecta a derechos mineros localizados en Peralta de Calasanz, Aínsa, Labuerda, Castejón del Puente, Barbastro, Fonz, La Almunia de San Juan y Monzón.
La liberación de superficie mediante la caducidad de los títulos mineros permite canalizar nuevas iniciativas de investigación y explotación sobre los recursos minerales, que tienen consideración de bienes de dominio público aunque se encuentren en terrenos privados, por lo que su aprovechamiento requiere siempre una concesión.
Se trata de un instrumento dinamizador de impulso y fomento de actividad minería. Los yacimientos que queden desiertos en este concurso quedan en todo caso liberados en el mercado nacional. La reactivación de las explotaciones supone creación de empleo y riqueza, contribuyendo a la fijación de la población y a la vertebración del territorio, concluye la nota de prensa de DGA.