La situación para Francis Franco, nieto del dictador, por el suceso de Collados ocurrido hace cuatro años se complica y podría acabar pronto en juicio. Un vehículo de su propiedad embistió en 2012 contra una patrulla de la Guardia Civil y huyó por un camino rural dándose a la fuga. Aunque uno de los agentes le reconoció, Franco dijo, al igual que un empleado suyo, que el coche había sido prestado a otra persona. Ayer ese trabajador, Silviu Rosca, se retractó en el Juzgado de Calamocha de lo declarado inicialmente.
El juez podría dictar ya auto de procedimiento abreviado y abrir juicio oral contra Franco, después de haberle pillado en esa contradicción. Al nieto del dictador se le investiga por los presupuestos delitos de atentado contra la autoridad y contra la seguridad vial.
Aunque hay testigos que aseguran que esa mañana estaba en Madrid, su principal coartada era que el coche de una empresa de su propiedad se lo había prestado a un extrabajador que estaba en paradero desconocido.
Esa persona pudo ser localizada en su país y declaró el pasado mes de enero ante el juez, negando cualquier implicación suya en los hechos porque en esas fechas residía en Rumanía y cuando sucedió el suceso de Collados hacía tres años que se había marchado de España.
Ahora el otro rumano que junto con Franco declararon al principio que se prestó el vehículo a esa persona, niega que así fuera, pero ayer durante su declaración ante el juez solo dijo eso puesto que se acogió a su derecho a no declarar más.
El caso da así un giro importante puesto que pone en entredicho la coartada facilitada inicialmente por Franco, y da credibilidad al testimonio del guardia civil que resultó lesionado y que creyó identificar al nieto del dictador como el conductor del vehículo que golpeó a la patrulla y se dio a la fuga.
Después de cuatro años de que ocurrieran los hechos, el juez podría dictar auto de procedimiento abreviado para abrir juicio contra Franco y remitir los autos al Juzgado de lo Penal de Teruel para la celebración de la vista oral. Cabría también la posibilidad de sobreseimiento, aunque después de las declaraciones de los dos extrabajadores, ambos rumanos y familiares entre sí, no parece probable que sea así.
Sería factible igualmente que la defensa de Franco recurriera ese auto, si lo acordara así el juez, y que la Audiencia Provincial tuviera que pronunciarse sobre si es oportuna la celebración de un juicio oral o por el contrario debe procederse al sobreseimiento de la causa. El delito de atentado contra la autoridad por el que está siendo investigado Franco contempla penas de prisión de 2 a 4 años según el Código Penal.
Ocultar la realidad
Tras las últimas declaraciones, la situación de Franco se complica. Carlos Muñoz, abogado del guardia civil que resultó lesionado, dijo ayer que esos testimonios están "evidenciando que no se está diciendo toda la verdad y que se está intentando ocultar la realidad de los hechos".
Sobre la participación de Franco en el incidente, el letrado apuntó que "hay unos indicios que nos hacen pensar que está implicado en el asunto, si no, no estaría como investigado", para reconocer que la manifestación de ayer de uno de los investigados retractándose "cambia sustancialmente la orientación de este asunto".
Muñoz apuntó que valorará si solicita nuevas pruebas al encontrarse el caso todavía en fase de investigación, aunque cuatro años después de producirse los hechos parece probable que el juez opte sin mayor dilación por acordar el procedimiento abreviado para abrir juicio oral.
Silviu Rosca, el extrabajador de Franco que declaró ayer en el juzgado, está investigado (antigua imputación) junto con el nieto del dictador. Fueron ambos los que dijeron que el 30 de abril de 2012 no viajaban en el vehículo que tuvo el altercado con la patrulla de la Guardia Civil.
Aquel día, a las 7 de la mañana, los agentes de la Guardia Civil patrullaban por la N-234 en la comarca del Jiloca. Al detectar un pick-up que cometía varias infracciones intentaron darle el alto y se dio a la fuga, persiguiéndolo por una pista forestal de Collados. El coche se paró y cuando los agentes intentaron abordarlo, embistió hacia atrás contra la patrulla causando lesiones a uno de los guardias civiles. El vehículo huido apareció a mediodía de ese mismo día abandonado en Bea.
Uno de los agentes creyó reconocer a Francis Franco y el pick-up resultó pertenecer a una empresa suya, aunque la coartada que dio él fue que se lo había prestado a un extrabajador, Marius Olteanu.
Debido a los indicios sobre su participación en el incidente, no solo por la identificación del guardia civil sino por la ubicación de un teléfono móvil suyo en el lugar de los hechos esa mañana, el juez citó como imputado a Franco hace ahora dos años, al igual que a Silviu Rosca, sobrino de Marius Olteanu.
Paradero desconocido
En aquella ocasión señalaron a Olteanu como la persona a la que prestaron el coche y que estaba en paradero desconocido, pero el juzgado consiguió localizarlo el año pasado y lo citó como investigado, desvinculándose de los hechos porque declaró que vivía en Rumanía desde el año 2009.
Su sobrino, Rosca, que ahora también vive en su país de origen, fue quien volvió a declarar ayer, pero solo dijo que su tío, Olteanu, vivía en 2012 en Rumanía, acogiéndose a su derecho a no declarar más. No llegó a dar explicaciones de por qué señaló inicialmente a su familiar como culpable para exculparlo ahora, después de que Olteanu fuera localizado y compareciera en enero annte el juez, o si había recibido presiones para hacerlo.
Será en el juicio, cuando se celebre la vista oral, donde los tres investigados podrán confrontar sus versiones, y por qué el empleado de Franco dio al principio una versión y señaló como culpable a un extrabajador, tío suyo, cuando éste sostiene que no vivía en ese momento en España, como si hubieran querido hacer cargar con la culpa a otra persona que estaba fuera del país.
Autor:F.J.M. Calamocha