La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales del Bajo Aragón se manifestó ayer ante el Ayuntamiento de Alcañiz para exigir la remunicipalización del servicio de agua de boca y saneamiento con el objetivo de que no se repitan cortes de suministro como el que se produjo el pasado 15 de noviembre, cuando tres días después de entrar en vigor la Ley de reducción de la pobreza energética en Aragón la empresa Aquara dejó sin servicio a varias familias en situación de vulnerabilidad.
"Exigimos que Alcañiz recupere la gestión desde un nuevo enfoque de gestión pública, transparente y participativa", dijo la portavoz de la plataforma, Isabel Martínez, dando lectura a un manifiesto en la plaza de España. Este cambio, según la organización, permitiría "actualizar a la baja los costes tarifarios", a la vez que velaría "por mantener el suministro de agua a aquellas familias y colectivos más vulnerables".
Un derecho básico
En declaraciones a los periodistas, Martínez recordó que "el acceso al agua es un derecho básico", por lo que reclamó al Ayuntamiento que recupere la gestión del servicio en detrimento de Aquara. La portavoz recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló la prórroga del contrato de abastecimiento de agua de boca de Alcañiz con la empresa hasta el año 2041, por lo que la finalización del contrato acabará en 2017. "Es el momento de que el servicio se remunicipalice", reclamó la Plataforma.
La manifestación, que acabó ante la puerta de las oficinas de Aquara en la carretera de Zaragoza, exigía también "el reconocimiento del derecho al agua potable de todos los seres humanos" -tal como establece Naciones Unidas- y denunciaba el incumplimiento en Alcañiz de la Ley de reducción de la pobreza energética en Aragón, así como "la falta de control y la pasividad del Ayuntamiento" ante los cortes producidos este mes.
"Sin previo aviso"
"A varios vecinos se les ha cortado el agua sin previo aviso, ni a ellos ni a los servicios sociales", denunció Martínez, quien señaló que el asunto es especialmente grave teniendo en cuenta que los cortes por parte de Aquara llegaron tres días después de que entrara en vigor dicha ley.
"Pedimos al Ayuntamiento que se lea la ley, que la ponga en ejecución y que cuando haya vecinos de Alcañiz que estén atendidos por los servicios sociales y se les vaya a cortar el agua, que asuma el gasto para que esto no se produzca", solicitó Martínez.
Según la ley, la empresa suministradora ha de comunicar en un plazo mínimo de 15 días que se va a cortar el agua. Con ese documento en la mano, el afectado debe demostrar que carece de recursos para hacer frente al pago de los recibos y tiene que solicitar a los servicios sociales municipales o comarcales que se le aplique el procedimiento para evitar la suspensión del suministro. Entonces serán los servicios sociales competentes los que se harán cargo de la tramitación de la ayuda al tiempo que comunicarán a la empresa suministradora la situación del afectado y la obligatoriedad de mantener el servicio operativo e ininterrumpido.
"La ley hay que aplicarla", sentenció la diputada regional de Podemos Marta Prades, quien se sumó a la movilización. "El Ayuntamiento puede escudarse en el desconocimiento, pero lo que vemos es pasividad" porque "no está actuando y la gente tiene que reclamar individualmente sus derechos cuando los tienen reconocidos y, desde que está la ley en vigor, reforzados", dijo.
"Por ley, te tienen que avisar a partir de qué día te van a cortar el suministro y el coste del reenganche", indicó Alicia Florido, una de las afectadas. "Pero no se nos avisó. Se nos decía que si no pagábamos se atenderían al reglamento, pero no sabemos en qué consiste. Tampoco nos ponían ninguna fecha concreta ni nada", protestó.
"La empresa hace una lista con todos los cortes previstos por impago que después envía al Ayuntamiento, y es éste el que tiene que traspasar la lista a los servicios sociales para que avisen a la empresa de que a la gente que está en exclusión social no se le corte el agua. Pero esa lista nunca llegó a los servicios sociales", aseveró la vecina.
47 euros de reenganche
Como consecuencia, Alicia y su pareja se encontraron de un día para otro con que Aquara les había dado de baja en el suministro, con el bochorno que implica el comprobar que sus vecinos sí disponían de servicio. "Nos cobraron 46,5 euros de lo que se debía y 47,5 del reenganche", manifestó Ludivino Oliveros, que acusó a Aquara de "usurera", igual que a su entidad bancaria por aplicarle un cargo de 35 euros por un descubierto de tan solo 7 euros.
Autor: Marcos Navarro / Alcañiz