El presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, ha asegurado que la política de ayudas de la corporación provincial se basa en la legalidad y que las mismas se ajustan a las competencias que tiene una institución que está tan ligada al territorio. Millán ha hecho estas manifestaciones a raíz de que desde determinadas instancias judiciales se haya dicho que la DPT no es competente para conceder determinadas subvenciones, especialmente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
Ante las noticias que están apareciendo en prensa durante los últimos meses, en relación al caso del Jamón y de la concesión de ayudas a este Consejo Regulador por parte de la DPT durante los años 2010 y 2011, el presidente de la institución provincial considera que la sociedad debe estar tranquila porque las ayudas se están dando conforme a la ley y para favorecer el desarrollo de la provincia.
Como prueba de ello, Millán recordó que la fiscalización del ejercicio de 2011 que hizo la Cámara de Cuentas de Aragón se saldó con un "aprobado alto". Indicó en este sentido que se hicieron recomendaciones a la institución provincial, y que del amplio informe remitido al Tribunal de Cuentas se abrieron 9 diligencias previas, por la tramitación de 8 expedientes de contratación y 1 subvención, y que todas ellas fueron archivadas tras aportar la documentación requerida.
"Lo que ha de tener claro la población es que los fines de una Diputación Provincial se basan en garantizar la calidad de las infraestructuras y de crearlas, pero además tiene otras muchas más, como apoyar sus servicios básicos y podemos ir más allá porque tenemos la obligación de apoyar a diferentes sectores prioritarios que son los que sustentan la estabilidad económica en la mayoría de los municipios turolenses como es el sector agroalimentario", dijo Millán.
A este respecto añadió que "todos los pueblos de Teruel tienen que tener la tranquilidad de que la DPT está haciendo las cosas bien, basándose en leyes, en informes de los profesionales de los que dispone y haciéndolo también en que la Cámara de Cuentas en el 2011 le da un aprobado", motivo por el que aseguró que la población puede estar tranquila porque no se están alterando los procedimientos.
Recordó igualmente que es obligación de una institución como la DPT actuar de acuerdo con las necesidades de los municipios, ya se trate de actividades culturales, sociales o deportivas. "Está claro que los municipios turolenses necesitan de ayuda de todo tipo, tanto en infraestructuras como cultural y de apoyo técnico en lo que precisan", apuntó el presidente, quien insistió en que el trabajo que se ha hecho en ese sentido desde la institución siempre ha sido acorde con la ley y haciendo la publicidad correspondiente.
"Desde este equipo de gobierno defendemos el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo", añadió Millán, adaptándose progresivamente la institución a la nueva legislación que aparece, como pone de manifiesto que el año pasado se aprobase una ordenanza de subvenciones y que se esté trabajando en un Plan Estratégico de Subvenciones.
Sin restar control
Sobre esta última cuestión, el presidente precisó que el hecho de que se careciera de una ordenanza general o de un Plan Estratégico tampoco resta control, transparencia, objetividad y seriedad a la hora de conceder las subvenciones.
En este sentido, comentó que la DPT, como casi todas las administraciones locales de Aragón, carecían tiempo atrás de los nuevos instrumentos de planificación fijados por la Ley General de Subvenciones, sin olvidar que se trata de un documento de carácter programático que no crea derechos ni obligaciones, y que nadie impugnó las convocatorias de las ayudas.
Millán explicó que, de acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones, la normativa dice que "las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvención", cuando fue esto último lo que hacía y hace la Diputación de Teruel, es decir, aprobar una ordenanza específica para cada línea de subvención.
Y eso a pesar de contar la DPT ya con una norma general de concesión de subvenciones desde el año 2014, que sirve como marco general y que ya se está modificando para adecuarla también a la normativa aragonesa que en materia de subvenciones han aprobado las Cortes de Aragón.
En cuanto a que se haya puesto en duda que la DPT tenga competencias para dar ayudas en materias como el apoyo a la industria agroalimentaria, culturales o sociales, el presidente aseguró que tanto la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que las diputaciones son competentes en materia de coordinación de servicios municipales y de asistencia y cooperación, jurídica económica y técnica, pero que no obstante, también tiene competencia en la "cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito".
Potenciar sectores
Eso es lo que se ha hecho y se hace, argumentó el presidente de la institución provincial, potenciar los sectores productivos de la provincia en la medida de sus posibilidades para el arreglo de las carreteras y la cooperación con los ayuntamientos en la prestación de los servicios básicos.
Dentro de esos planteamientos, Millán añadió que se ha de tener en cuenta que una provincia como la turolense, con una alta tasa de despoblación, ha de contar con el apoyo institucional y tratar de preservar sectores productivos al objeto de que, en la medida de lo posible, la sangría poblacional, que es el mayor problema que tiene hoy día la provincia, se estanque, corrija o se frene.
Sector clave
A título particular, el presidente de la DPT, Ramón Millán, se muestra convencido de que quienes le han precedido en la institución provincial han trabajado en la misma línea que se está haciendo ahora en materia de subvenciones para potenciar sectores estratégicos para el desarrollo de la provincia, así como la calidad de vida en los pueblos. En concreto se refirió a anteriores presidentes y diputados del pleno que han dado un apoyo decidido a la provincia de Teruel y que ahora están siendo cuestionados, cuando en definitiva lo que han hecho ha sido servir a los turolenses. Insistió a este respecto en que el sector agroalimentario, cuyas ayudas han sido cuestionadas, es uno de los recursos propios fundamentales para intentar acometer un futuro mejor y más próspero para la provincia, puesto que lo que hace es proporcionar riqueza y empleo en todo el territorio.
Autor:Redacción Teruel