Ni mecanismo de pagos por capacidad, ni orden de garantía de suministro, ni ayudas a las eléctricas para realizar inversiones medioambientales, ni exenciones fiscales para la minería del carbón. Lo único que ha sido capaz de arrancar el Ministerio de Industria de la Comisión Europea (CE) en relación al sector en cuatro años es una ayuda adicional a la producción que, según los sindicatos, no garantiza que las centrales térmicas vayan a comprar y quemar mineral autóctono de forma estable y que está condicionada al cierre de las minas en 2018, ya que las empresas que continúen deberán devolverlas.
Con este panorama, tanto Comisiones Obreras de Industria como Fitag-UGT, que ayer se reunieron por separado con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, consideran que la minería del carbón española está abocada al cierre porque el preacuerdo alcanzado con la CE "es ineficaz, llega tarde, no soluciona los problemas del sector y no garantiza que las eléctricas compren carbón nacional".
La "estrategia" del Gobierno "no es otra que el cierre del sector", denunció ayer Fitag-UGT a través de un comunicado. Salvo la ayuda adicional contenida en el preacuerdo alcanzado con la dirección general de Competencia de la CE, que permite incentivar con hasta 10 euros adicionales la producción de carbón nacional, "el Gobierno no va a poner en marcha ningún otro mecanismo de los acordados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018", lamentó UGT.
El sindicato, que calificó de "claramente electoral" el anuncio realizado el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró: "De poco sirve incentivar la producción cuando las eléctricas siguen sin comprar carbón nacional".
No se cumplirá el plan
UGT recordó que el Gobierno "sigue obcecado en el incumplimiento del hueco térmico pactado" en dicho Marco de Actuación (que hablaba de reservar un 7,5% de la generación energética al mineral autóctono), sin implementar el mecanismo de pago por capacidad (que debería llevar funcionando desde el 1 de enero de 2015), sin llevar a cabo medidas de apoyo a las compañías eléctricas para realizar las urgentes inversiones medioambientales, y sin promover la exención fiscal de la parte variable del céntimo verde. Nadal confirmó ayer que "no piensa actuar en esa dirección", aseveró UGT en su severo comunicado.
Por otra parte, el secretario de Estado de Energía desmintió la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno, quien el viernes aseguró que el pacto con Bruselas evitaba que las mineras tuvieran que devolver tanto la nueva prima como el cómputo total de las ayudas concedidas desde 2011, que es a lo que están obligadas por la Decisión 2010/787 que regula las ayudas que los Estados miembros pueden otorgar a sus pozos mineros.
Lo que plantea el pacto con la CE -que todavía no ha sido ratificado por Competencia de la CE- es que las minas -tanto a cielo abierto como de interior- puedan recibir hasta 10 euros por tonelada, una medida que permitiría a las mineras españolas vender su carbón más barato, haciéndolo más competitivo con respecto al internacional, cuyo precio se ha desplomado en los últimos años.
Según informó el viernes el Gobierno, la nueva prima para el mineral nacional se establecerá anualmente y hasta el 31 de diciembre de 2018 (fecha para el cierre de la minería no competitiva) en función de la diferencia entre el precio del carbón internacional y el precio establecido en 2013.
"La minería del carbón de nuestro país ya no tiene ninguna solución", lamentó UGT. En otro comunicado, CCOO aseguró que, "por mucho que corra, la iniciativa del secretario de Estado de Energía llegará tarde. Cuando se publique a finales de año no habrá empresas mineras a las que abonar el incentivo que se ha pactado con Bruselas para compensar el bajo precio del carbón de importación" porque "una parte importante de las explotaciones habrán desaparecido por no haber podido vender a las eléctricas el carbón que acumulan en el exterior".
"Totalmente derrotado"
El responsable de Industrias Extractivas de CCOO Aragón, Antonio Montoyo, percibió que Nadal está "totalmente derrotado y sin ideas para la continuidad de la minería del carbón".
"El Gobierno dice que ha hecho muchos esfuerzos para alcanzar este preacuerdo, pero de poco sirve" porque "las ayudas llegarán a finales de año o principios del siguiente; pero además las empresas competitivas, las de cielo abierto, las tendrían que devolver".
Montoyo dudó de que Samca, probablemente la empresa más solvente de la minería nacional, pueda aguantar y devolver las ayudas si Endesa no le compra al menos millón y medio de toneladas anuales, un supuesto que en este momento es una quimera por la ausencia de regulación.
Así las cosas, el sindicalista turolense aseguró que la minería está "abocada al cierre total", y que lo que hace falta es que "los sucesivos gobiernos se enfrenten a la transformación de las comarcas mineras, pero con criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental".
Nadal se reunirá hoy con la patronal Carbunión.
Ariño pide negociar con Bruselas con el foco puesto en la garantía de suministro
Los municipios mineros reiteraron ayer al Gobierno su petición de que enfoque las negociaciones con Bruselas desde el punto de vista de la "garantía de suministro" que en 2010 permitió redactar el real decreto del carbón. Solo de esta forma se lograría "dar horas de funcionamiento a la central" térmica de Andorra y que esta hiciera las inversiones.
Así lo piensa el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, quien opinó que con el anuncio del Gobierno se generaron "demasiadas expectativas", ya que "parecía que estaba todo arreglado" cuando "olía a electoralismo".
Noé instó a poner el foco en la compra y combustión de carbón, que en lo que va de año está lejos de lo deseable para el mantenimiento de la actividad en las minas. "Samca tiene poderío para ir aguantando a la plantilla en la medida de lo que pueda, pero la semana pasada volvió a hacer movimientos y parte de las subcontratas pasan a la planta de arcillas y al lavadero, mientras que gente de la propia Samca que estaba llevando camiones va a pasar a mantenimiento".
El alcalde de Ariño entiende que el Gobierno en funciones no va a solucionar la situación, pero lamentó que hasta finales de año el nuevo Ejecutivo que pueda salir de las elecciones no podrá tomar medidas.
El intento del Gobierno
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ideó, mediado 2015, una propuesta de orden ministerial para incentivar las inversiones medioambientales de las térmicas a cambio de estabilidad en la compra y consumo de mineral autóctono. La propuesta contemplaba incentivar con 90.000 euros por megavatio instalado a cada planta que funcionara con carbón nacional, por lo que a Andorra le hubieran correspondido 94,5 millones de euros, una parte muy importante de la inversión de 230 millones que Endesa calcula que costará desnitrificar la planta.
Sin embargo, el borrador se topó a principios de octubre del año pasado con un informe demoledor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cuestionaba la eficiencia económica de la propuesta y advertía, como finalmente así fue, de que Bruselas podría considerarla ayudas de Estado incompatibles con la normativa vigente en materia de competencia empresarial. La misma que obliga a cerrar las minas no rentables el 31 de diciembre de 2018.
Autor:Marcos Navarro / Alcañiz