Los Juzgados de instrucción y de primera instancia de Alcañiz, Calamocha y Caspe son los que están peor dotados en personal, y con diferencia, con respecto a otros tribunales de su misma categoría en la Comunidad. Así se desprende de los datos que figuran en la Memoria Judicial de Aragón de 2014 (redactada en 2015), si se comparan el número de funcionarios de los juzgados con la población atendida por partido judicial y con el número de casos resueltos o ingresados.
Según datos oficiales del ministerio de Justicia, el partido judicial de Alcañiz tiene una población de 57.365 habitantes repartidos en 59 municipios. Desde hace décadas, la plantilla de 13 funcionarios asignada a este Juzgado -ahora adscrita al Gobierno de Aragón- es la misma. Aparte están las dos Magistradas y los dos letrados judiciales (antes secretarios), que son funcionarios dependientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del ministerio de Justicia, respectivamente.
La plantilla -cuatro son técnicos de gestión, cinco de tramitación y cuatro de auxilio judicial- se ha mantenido idéntica durante décadas sin que hasta hoy hayan sido atendidos los informes que puntualmente y una vez al año envía el Juzgado Decano al Gobierno de Aragón y al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). El único refuerzo concedido ha consistido en una comisión de servicios durante tres de los cinco días de la semana por parte de una funcionaria del Juzgado de Paz de Andorra.
4.413 personas por empleado
Atendiendo el número de empleados y la población del partido judicial, a cada funcionario que trabaja en Alcañiz le corresponden 4.413 habitantes, cuando esa ratio se reduce a la mitad en partidos judiciales como el de Calatayud, donde los dos juzgados de instrucción y primera instancia tienen 3 funcionarios más que el de Alcañiz y cuando su población de referencia es un 38% menor. Lo mismo ocurre en partidos como el de Fraga, con una población de 26.596 personas (menos de la mitad que la que tiene la sede judicial de Alcañiz) y donde trabajan 15 funcionarios entre los dos tribunales (dos más que en los Juzgados de la capital del Bajo Aragón).
Mientras en Teruel capital con 26 funcionarios en los juzgados de instrucción y primera instancia la ratio queda en 2.422 habitantes por empleado, los Juzgados de Alcañiz y de Calamocha son los que quedan en peor situación en la Comunidad Autónoma. Si la ratio en Alcañiz es de 4.413 habitantes por técnico, en Calamocha se sitúa en 4.005 habitantes. Por detrás se encuentra otro juzgado del Bajo Aragón histórico, Caspe (provincia de Zaragoza), donde a cada trabajador de Justicia le corresponden 3.728 habitantes. La situación es, por tanto, bastante precaria si se comparan estas cifras con los 1.917 habitantes por funcionario que corresponden a los 21 empleados de los dos juzgados de La Almunia (41.744 personas), o los 1.798 habitantes por empleado que le tocaría atender a los trabajadores de Justicia de los tribunales de Jaca, partido judicial con 32.359 habitantes y 18 funcionarios. Jaca tiene un 44% menos de población que atender que Alcañiz, pero cuenta con cinco trabajadores más.
Si los datos resultan evidentes en cuanto a la ratio de población por funcionario, no lo son menos en la relación de asuntos resueltos por juzgado. El número de asuntos ingresados en el Juzgado de Alcañiz en la última década -desde 2004 a 2014- se han duplicado, sin que ello haya tenido como consecuencia un incremento de la plantilla dependiente del Ejecutivo aragonés, a pesar de las peticiones que desde el Juzgado Decano y desde los sindicatos de Justicia se han enviado.
El aumento de los asuntos civiles ha tenido su correspondencia en el número de asuntos pendientes de resolución. En este sentido, de los 1.509 asuntos y ejecuciones civiles que entraron en los Juzgados de la capital bajoaragonesa en 2010 se ha pasado a 1.688 en 2014, tendencia similar en cuanto a los asuntos penales que entraron en registro en 2010, que fueron 3.187 frente a los 3.322 de 2014.
Según la Memoria Judicial de 2014, los Juzgados de Alcañiz, Caspe y Calamocha presentan más resoluciones por año y por número de funcionarios que el resto de tribunales de su categoría en Aragón. En Alcañiz esta ratio anual se sitúa en 348 asuntos resueltos por técnico, mientras que en Caspe es de 373 y de 312 en Calamocha. Esta mayor "productividad", afirman fuentes judiciales, es fruto del "compromiso" de los empleados por sacar adelante el exceso de trabajo, lo que les lleva a echar horas de trabajo fuera de su horario.
Los datos evidencian no sólo una baja dotación de personal en los juzgados de Alcañiz, Calamocha y Caspe con respecto a la población y al número de asuntos ingresados, sino también una injusta y desacertada distribución del personal de Justicia del Gobierno autónomo en Aragón.
Autor:Maribel S.Timoneda