Los grupos políticos de la Diputación de Teruel vuelven a cerrar filas en torno a la térmica

Todos los grupos políticos representados en la Diputación de Teruel (DPT) suscribieron este miércoles una declaración institucional de rechazo al cierre de la central térmica de Andorra en 2020, después de que la pasada semana la junta de accionistas de la empresa propietaria, Enel, reiterara que no prevé acometer las inversiones necesarias para adaptarla a las exigencias medioambientales de la Comisión Europea (CE) y alargar su funcionamiento más allá de esa fecha.

El acuerdo, adoptado a partir de una propuesta de Ganar que fue modificada en función de las enmiendas planteadas por otros grupos, muestra el “apoyo y solidaridad” de la institución con los habitantes de Andorra y su comarca ante la postura de la multinacional italiana. Al mismo tiempo, exige a Enel que asuma las inversiones requeridas “en cumplimiento de los compromisos adquiridos históricamente” con los trabajadores, cuyos “esfuerzos” han permitido obtener “extraordinarios beneficios sociales y económicos” durante décadas.

La DPT reclama además al Gobierno de España la aprobación de un Plan Energético Nacional que apueste por las energías renovables pero que incluya también una “reserva estratégica de carbón nacional” mediante la imposición de una ecotasa al mineral importado. Por último, exige a los Ejecutivos central y aragonés que potencien el Plan de Desarrollo Económico para las Comarcas Mineras, con el objetivo de “desarrollar una alternativa de reindustrialización de la zona” capaz de “atraer nuevos proyectos empresariales, generar empleo y diversificar la economía de los pueblos mineros”, contando para su diseño con la participación de los ayuntamientos y de los agentes sociales y económicos.

Argumentos

Al haberse consensuado una declaración institucional, los grupos no tomaron la palabra en el pleno, pero sí en la rueda de prensa previa. Allí, Pedro Bello, portavoz de Ganar, argumentó que el cierre de la térmica implicaría también el de las minas de carbón activas, con lo que se perderían no solo los 200 empleos directos de la central, sino también los casi 300 de la minería y cientos de puestos de trabajo indirectos, hasta totalizar unos 4.000. “Esto supondría la muerte natural de Andorra y la comarca”, dijo.

El portavoz de CHA, Javier Carbó, incidió en la necesidad de un plan que resuelva una “transición justa” hacia alternativas económicas distintas, frente al “monocultivo del carbón”.

Sin embargo, para el portavoz del PSOE, José Ramón Ibáñez, “la alternativa al carbón en Teruel sigue siendo el carbón”, apostando por tecnologías como la captura de CO2 que permitan reducir las emisiones. Añadió que, en caso de que Enel se niegue a realizar las inversiones exigidas por la CE, debería contemplarse la expropiación de la central, una vía que, a su juicio, no descartaría el Gobierno central y que abriría la posibilidad de que una empresa aragonesa del sector asumiera después la gestión de la planta.

Joaquín Juste (PP), vicepresidente primero de la DPT, señaló que su partido “lo tiene claro:?el carbón nacional tiene que estar en el mix energético y la térmica tiene que mantenerse más allá de 2020”. El diputado pidió unidad a los grupos y “coherencia” al PSOE, al que recordó que fue el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero el que “se empeñó en vender a una empresa italiana” Endesa, antes presidida por el “insigne” turolense Manuel Pizarro.

Ramón Millán (PAR), presidente de la institución provincial, incidió en que hay que exigir a Enel que realice las inversiones para evitar el cierre de la térmica, al tiempo que agradeció a los grupos políticos su disposición a consensuar declaraciones institucionales en este y otros asuntos prioritarios para la provincia.

La DPT acordó también rechazar los recortes de 60 millones de euros previstos en los Presupuestos del Estado al servicio público de Correos, en una declaración institucional suscrita por todos los grupos a propuesta de Ganar. En ella se argumenta que esta reducción de presupuesto supondría la pérdida de 30 empleos en la provincia y el cierre de algunas oficinas, junto con la merma del servicio en otras muchas localidades.

Todos los grupos, salvo el PSOE, que votó en contra, aprobaronuna propuesta del PP?para solicitar al Gobierno de Aragón que retire la convocatoria para el acceso a la bolsa de trabajo para la provisión, con carácter interino, de puestos de secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamientos.

Joaquín Juste (PP), vicepresidente primero de la DPT, indicó que presentaron la iniciativa a petición de los afectados por esta orden “injusta”, que “modifica la valoración de la experiencia y de la formación en el acceso a los puestos y abre a los alcaldes la posibilidad de revocar durante diez días al secretario”, lo que a su juicio afectaría a su libertad e independencia a la hora de velar por el cumplimiento de la legalidad en la gestión municipal.

El presidente del grupo del PSOE, José Ramón Morro, rechazó estas críticas y opinó que la convocatoria “mejora las garantías de que las personas que acceden a estos puestos lleguen realmente preparados”, al sustituir el sistema de concurso por uno mixto que incluye ejercicios prácticos de contenidos jurídico y económico con la valoración de la formación y experiencia de los candidatos.

El pleno, por otro lado, aprobó el abono de 36.000 euros en concepto de patrocinio a la organización de la Baja Aragón de 2016, con el voto en contra de Ganar y CHA y la abstención del PSOE.