Los educadores sociales del Jiloca piden una ley reguladora de su profesión

Los educadores sociales del Jiloca presentaron ayer en la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calamocha una petición dirigida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con relación a la creación de una Ley de regulación de la profesión de educación social. En un comunicado público los educadores sociales justifican su petición en la necesidad de promulgación de una ley de regularización de la profesión, “siendo imprescindible el abordaje de determinadas necesidades sociales con actuaciones específicas.  Entendiendo la educación social como una prestación educativa al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho. Por todo ello la educación social es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y de acciones mediadoras y formativas”. Los educadores sociales recuerdan en la petición las funciones de los profesionales de la educación social en la sociedad actual, que abarca “amplios e importantes campos de intervención profesional, entre los que se encuentran las adicciones, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana, la diversidad funcional, la educación ambiental, la educación para la convivencia, la educación de las personas adultas, la educación y orientación familiar, la prevención de la dependencia, la igualdad de género y prevención de violencia, las instituciones penitenciarias y de inserción social, la infancia y juventud, la mediación, la salud mental, el tiempo libre, animación y gestión cultural”. Añaden que tampoco debe olvidarse de los servicios sociales municipales y comarcales, a pesar de que la introducción de este perfil profesional en servicios sociales ha sido progresiva a lo largo de los últimos veinte años, es sin duda en el campo de los centros de atención a menores en el que se produce mayor presencia de los profesionales de la educación social. La nota explica que la figura del educador y la educadora social existe tanto en la empresa privada como en la Administración Pública, si bien, la falta de regularización de la profesión hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional.