Los dueños de la fonda Utrillas recurren al Tribunal Supremo la sentencia que fijó el precio de expropiación de los solares
Los propietarios de la antigua fonda Utrillas presentaron ayer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que establecía en cerca de un millón de euros el precio que debe pagar el Ayuntamiento de Teruel por los solares en los que se encuentra el edificio, en la ronda Dámaso Torán.
La inmobiliaria Grupo Europa considera que el justiprecio que establece el tribunal aragonés por la expropiación es inferior al que les corresponde, ya que descuenta de la tasación de 1,8 millones que realizó el perito judicial los 886.405 euros que corresponden al lucro cesante, es decir, el beneficio que habría obtenido la empresa de la venta de los 17 pisos y los dos locales comerciales previstos en la antigua fonda si el consistorio no hubiera decidido anular la licencia de obras para el fallido proyecto de liberación de la muralla.
Lucro cesante
El TSJA considera que el consistorio abonará el lucro cesante a la promotora a través de la indemnización de 1,6 millones por la anulación de la licencia que le reconoció en otra sentencia anterior, que ya es firme. Por ello, interpreta que debe descontar esta cantidad del valor del suelo porque en caso contrario se le pagaría dos veces.
La promotora no comparte esta argumentación ni otros aspectos de la valoración del suelo y por eso ha decidido recurrir al Supremo en casación, acudiendo para ello sobre todo a precedentes de jurisprudencia en otros casos que considera análogos.
La cantidad que Grupo Europa reclama como justiprecio es de2.791.400 euros, muy superior a la establecida por el perito judicial incluso si no se descontara el lucro cesante.
El Ayuntamiento de Teruel, por su parte, no recurrirá la sentencia, pero la batalla judicial por la fonda Utrillas se mantendrá abierta al menos hasta que el Supremo resuelva la reclamación de Grupo Europa.
El conflicto arranca del año 2001, cuando el consistorio concedió por silencio administrativo una licencia para construir pisos y locales en la antigua fonda. pero en julio de 2002 el Ayuntamiento paralizó las obras por decreto de Alcaldía, después de que IU presentara una propuesta para que el municipio adquiriera el solar con el objetivo de liberar la muralla y crear un espacio peatonal.
La paralización fue recurrida por los promotores en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, que en junio de 2003 anuló el decreto. La empresa reanudó la construcción y en 2004 el Ayuntamiento aprobó una modificación de planeamiento que cambió el uso residencial del solar por el de espacio libre, revocando de nuevo la licencia de obras.
Esto dio origen a la indemnización de cerca de millón de euros que, tras años de pleitos, reconoció el TSJA a promotora y constructora y que aún no ha pagado el consistorio.
Grupo Europa recurrió el cambio de planeamiento y en ese caso los tribunales dieron la razón al consistorio pero le instaron a expropiar las parcelas. El precio del suelo es lo que todavía se mantiene en discusión con el recurso que ahora se ha presentado ante el Tribunal Supremo.
Autor: EVA RON / Teruel