Las medidas contra la despoblación deberían empezar a conocerse y a recibir fondos después del verano
El debate sobre la lucha contra la despoblación parece eterno, pero después del verano tendrán que ponerse sobre la mesa las primeras medidas y también fondos específicos para combatirla. Es el compromiso adquirido al menos por todas las instituciones con capacidad económica para hacerlo, desde la estatal y la autonómica hasta la Unión Europeo. En los tres ámbitos se están debatiendo y planteando soluciones que tienen que saltar ya de la teoría a la práctica, de los diagnósticos que son de sobras conocidos a las soluciones, y con ello deben llegar los fondos para lograrlo.
Fondos y otro tipo de iniciativas que pasan por cambios legislativos o medidas de discriminación positiva hacia las zonas rurales despobladas, que es lo que se plantea desde todos los ámbitos en los que se ha estudiado el problema.
Después de que en enero de este año en la Conferencia de Presidentes se acordara la puesta en marcha de una estrategia estatal frente al cambio demográfico, y de que en junio pasado se presentara en el Parlamento Europeo un informe sobre esa misma cuestión para su debate y posterior aprobación en pleno, las dos instituciones de las que depende que pueda haber soluciones se han puesto a trabajar sobre una problemática que habían ignorado hasta entonces por completo.
Un problema del que se viene advirtiendo desde hace tiempo, pero al que ni el Estado ni la Unión Europea han prestado atención hasta ahora. Han sido las Comunidades Autónomas más afectadas por esta problemática las que han avivado el debate en los últimos tiempos y han conseguido introducirlo entre las prioridades que deben abordarse en el horizonte del 2020.
Dentro de esa agitación, Aragón ha sido uno de los territorios que más ha empujado, y el acuerdo adoptado en enero de este año por el Gobierno central de elaborar una estrategia estatal frente al cambio demográfico se debe en buena medida a esa presión.
Tanto es así que Aragón es una de las Comunidades Autónomas españolas que más ha avanzado en la búsqueda de soluciones, hasta el punto de que a principios del año pasado empezó a elaborar una directriz demográfica y contra la despoblación, que en el momento actual se encuentra en periodo de exposición pública, y que se espera aprobar pasado el verano.
La intención es que la directriz vaya dotada también económicamente, de ahí que se vaya a aprobar antes de presentarse los Presupuestos de Aragón de 2018. Lo mismo debería ocurrir con la estrategia estatal, para lo que se ha creado un Comisionado especial.
En este último caso se va con el tiempo más ajustado. La comisionada del Gobierno para la elaboración de una estrategia que haga frente al cambio demográfico, Edelmira Barreira, reconoció recientemente en Teruel que desde el Estado el trabajo se ha iniciado este mismo año, cuando así se acordó en la Conferencia de Presidentes.
No parece por tanto que tengan validez para el Estado los dos informes que hizo el Senado hace dos legislaturas, donde se detallaban ya con todo lujo de detalles las iniciativas que deberían ponerse en marcha para hacer frente a este problema.
Compromiso
Antes de que acabe el año el compromiso de la comisionada es presentar esa estrategia estatal para hacer frente no tanto a la despoblación en el medio rural, sino de forma más amplia al fenómeno que está copando ahora el debate, el denominado cambio demográfico.
Son dos cuestiones relacionadas pero que pueden desviar la atención del fenómeno sobre el que se lleva tiempo advirtiendo en el medio rural. Por cambio demográfico no se entiende solo la despoblación en los pueblos, sino el cambio de tendencia demográfica, también en las grandes ciudades, y cómo eso afecta a la prestación de servicios y al mantenimiento de logros del Estado del bienestar como las pensiones.
Precisamente la comisión especial creada en el Senado en esta legislatura se denomina así, sobre la evolución demográfica en España. Se aprobó su creación en la Cámara Alta a finales del año pasado, antes de que en la Conferencia de Presidentes se acordara la elaboración de una estrategia estatal, si bien sus trabajos no se iniciaron hasta después.
La última ponente en intervenir dentro de esta comisión fue la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico y ahora se va a empezar ya a trabajar en una moción para su aprobación en el pleno del Senado.
Así se abordó esta semana en la reunión de la mesa y junta de portavoces de la comisión especial, de la que es portavoz del grupo parlamentario socialista la senadora turolense Perla Borao.
No se va a presentar por tanto un informe como ya se hizo en las dos comisiones anteriores, sino que directamente se va a elaborar una moción en la que se instará al Gobierno a que adopte una serie de medidas para hacer frente a la problemática que se ha abordado en los debates.
Según se puso de manifiesto en la reunión de la mesa de la comisión el pasado miércoles, la intención es llegar al consenso entre todas las fuerzas políticas para que se apruebe por unanimidad y el Gobierno tome nota de las medidas que deben tomarse.
La senadora turolense Perla Borao indicó ayer que por su parte va a incidir en la problemática de la despoblación en el medio rural, para que este fenómeno que afecta especialmente a la provincia de Teruel no se difumine.
De momento se ha encargado a los miembros de la comisión que presenten de aquí a fin de mes sus aportaciones para fundirlas en la moción que se elabore. La intención es que lleve un argumentario y después se incluyan una serie de propuestas y medidas, más genéricas o más concretas, para que el Gobierno ponga en marcha.
En este caso el reto no es tanto demográfico como de tiempo, puesto que a finales de septiembre, como es habitual, está previsto que el Gobierno presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año para su aprobación antes de que finalice el ejercicio.
Para esa fecha es prácticamente imposible que se haya aprobado la moción en comisión para llevarla al pleno, con lo cual el proyecto presupuestario llegará antes de que se conozcan las propuestas del Senado. Otra cosa es que desde el Comisionado especial se ilustre al Ejecutivo sobre las posibles medidas a tomar con el fin de que incluya ya partidas para ello.
Perla Borao aseguró que la impresión que tiene por los debates que ha habido en comisión, es que el resto de partidos, aparte del grupo socialista, también están por la labor de establecer mecanismos con los que hacer frente al problema de la despoblación.
En esa línea irán las enmiendas del PSOE, anunció Borao, en el sentido de que luchar frente al reto demográfico es “fundamental”, pero el núcleo de todo es la despoblación, que es contra lo que había que tomar medidas y ese es nuestro espíritu”.
Desde el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón también se sabrá después del verano las líneas de trabajo que se van a desarrollar y las medidas a adoptar. En realidad ya se conocen puesto que la directriz demográfica y contra la despoblación que ha elaborado el Departamento de Vertebración del Territorio se ha hecho con la participación de todos los aragoneses.
Actualmente el documento se encuentra en exposición pública, hasta mediados del verano, con la intención de que en septiembre pueda iniciarse ya el proceso para su aprobación. En marzo y abril la directriz fue sometida a un proceso de participación ciudadana en el que colectivos y particulares pudieron dar su opinión sobre el documento y hacer aportaciones.
En la directriz se plantean medidas concretas y otras más genéricas, algunas de las cuales precisan de la dotación de fondos específicos, mientras otras son más de corte legislativo y otro tipo de medidas consistentes en la discriminación positiva para los territorios despoblados, como beneficios fiscales y otro tipo de bonificaciones.
La intención, según manifestó en su día el Gobierno de Aragón, es que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018 figuren ya partidas concretas para empezar a aplicar las medidas que se consideren necesarias desde la región.
Otra cosa será las que se impulsen desde el Estado central o en el seno de la Unión Europea. En el primer caso el problema es que el Gobierno no se puso a trabajar en esta cuestión hasta principios de este año y lleva retraso. El foro de regiones con desafíos demográficos acumula ya tres años de trabajo, mientras que el Gobierno de Aragón empezó a elaborar su directriz a principios del año pasado.
No obstante, después de que se aprobaran los dos informes sobre despoblación elaborados por el Senado en 2015, en el debate de los PGE de 2016 la oposición ya planteó una enmienda para dotar de partidas a esta estrategia cuando todavía no lo era por parte del Estado, pero en cambio tenía ya un mandato de la Cámara Alta al que hizo caso omiso. Los PGE no recogieron partida alguna y tras el bloqueo institucional por las dificultades de formar gobierno en 2016, y la ausencia de partidas específicas en los presupuestos de este año contra la despoblación, se han perdido dos ejercicios. Sería vital por tanto que en los de 2018 se reserve ya algún fondo a la espera de concretarse las medidas de la estrategia estatal frente al cambio demográfico.
Mientras en España se trabaja en estos ámbitos, el debate ha entrado ya de lleno en el Parlamento Europeo, y será también después del verano cuando se concrete a raíz de la propuesta de resolución presentada en junio en la Comisión de Desarrollo Regional por la eurodiputada socialista Iratxe García.
Al informe de Socialistas y Demócratas se han presentado 231 enmiendas, que empezarán a debatirse en septiembre. Si no surgen contratiempos, la resolución que finalmente se acuerde deberá aprobarla el pleno de la Eurocámara a finales de año.
De salir adelante sería un paso importante para conseguir que después de 2020 la despoblación sea reconocida como un factor a la hora de recibir fondos estructurales. No obstante, su inclusión en el marco financiero plurianual de la UE a partir de 2021 dependerá en última instancia de lo que decidan tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo.