Las Cortes de Aragón instaron ayer al Gobierno a que proponga al ministerio de Justicia la creación de un tercer juzgado en el partido judicial de Alcañiz y a que mejore la dotación de personal en los Juzgados de Alcañiz, Calamocha y Caspe, mediante la aportación de personal de refuerzo de manera permanente y continua en tanto no se implante la nueva Oficina Judicial de Aragón. Este órgano es el que tendrá que valorar y revisar los puestos de trabajo en la Justicia y su carga funcionarial.
La Proposición No de Ley (PNL) que reclama al Ejecutivo aragonés más recursos para los dos juzgados fue respaldada por el grupo parlamentario del Partido Popular (PP), del que partió la iniciativa debatida por la mañana en la Comisión institucional, por Podemos, Ciudadanos (C"s) y por el Partido Aragonés (PAR), mientras que los grupos socialista (PSOE) y el Grupo Mixto (CHA e IU) la rechazaron.
El grupo parlamentario de Podemos aceptó apoyar la propuesta después de que fuera incorporada una transaccional al texto en la que se hacía hincapié en que la Oficina Judicial debía ponerse en marcha mediante el consenso de los empleados públicos y con el objetivo de una mejora cualitativa del servicio público de la Justicia.
La diputada del PP Yolanda Vallés explicó que en la Memoria Judicial de 2014 queda patente que en los tres juzgados mencionados se ha producido un aumento de los asuntos civiles y penales en los últimos 10 años sin que ese incremento de la carga de trabajo haya supuesto una dotación mayor de personal. Según la diputada, los juzgados de Alcañiz, Calamocha y Caspe "son los que menor personal de tramitación y gestión tienen con respecto a su volumen de trabajo" y que los refuerzos con los que han contado hasta ahora son "discontinuos y temporales" a diferencia de "otros juzgados de Aragón como el de Calatayud, donde el personal de refuerzo es permanente y continuo". Según Vallés, "en tanto no se implante la nueva Oficina Judicial, el Gobierno de Aragón tiene potestad de incrementar el número de personas de apoyo para estos juzgados".
Además, Vallés reivindicó la creación de un tercer juzgado para Alcañiz, un partido judicial de su categoría que "es el que atiende a un mayor número de población en Aragón y que es el que mayor incremento de asuntos ha tenido en los últimos seis años". También es, según señaló la diputada del PP "el de mayor extensión territorial, después de Zaragoza y Teruel", por lo que defendió que "el Gobierno de Aragón reclame al ministerio de Justicia la creación de un tercer Juzgado, igual que tiene tres el partido judicial de Teruel".
Por otra parte, la diputada del PP recordó que el de Alcañiz "es el juzgado mixto que más medidas de protección ha dictado en Aragón sobre violencia de género, según consta en el informe de la Policía Nacional del año 2015". Los juzgados, según Vallés, "soportan una mayor carga de trabajo cada año y en el caso del de Alcañiz presenta una pendencia del 68%" del total de asuntos registrados al año.
La diputada del PP recordó, además, que el problema de la baja dotación de los Juzgados de la provincia y de Caspe tienen como origen que Aragón recibió la competencia en Justicia con una infradotación de 18 millones de euros porque no se planteó la necesidad de ampliación de plantillas en algunos juzgados como el de Alcañiz.
"Ratio adecuada"
Por parte del grupo socialista, el diputado Florencio García Madrigal se opuso a la PNL del PP subrayando que "la ratio" en estos juzgados "es adecuada", si bien reconoció que "el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha hablado de que los juzgados de Alcañiz podrían tener algunas necesidades de personal, pero no se ha hablado de la creación de un nuevo juzgado".
Diario de Teruel publicó un reportaje el mes pasado a partir de los datos oficiales del ministerio de Justicia y en base a la Memoria Judicial de Aragón en donde se evidencia que a cada funcionario que trabaja en Alcañiz le corresponden 4.413 habitantes, cuando esa ratio se reduce a la mitad en partidos judiciales como Calatayud, donde los dos juzgados de instrucción y primera instancia tienen 3 funcionarios más que el de Alcañiz y cuando su población de referencia es un 38% menor. Lo mismo ocurre en partidos como el de Fraga, con una población de 26.596 personas y donde trabajan 15 funcionarios entre sus dos tribunales (dos más que en los Juzgados de la capital del Bajo Aragón).
Mientras en Teruel capital con 26 funcionarios en los juzgados de instrucción y primera instancia la ratio queda en 2.422 habitantes por empleado, en Calamocha se sitúa en 4.005 habitantes. Por detrás se encuentra el juzgado de Caspe, donde a cada trabajador de Justicia le corresponden 3.728 habitantes. La situación es, por tanto, bastante precaria si se comparan estas cifras con los 1.917 habitantes por funcionario que corresponden a los 21 empleados de los dos juzgados de La Almunia (41.744 personas), o los 1.798 habitantes por empleado que le tocaría atender a los trabajadores de Justicia de los tribunales de Jaca, partido judicial con 32.359 habitantes y 18 funcionarios. Jaca tiene un 44% menos de población que atender que Alcañiz, pero cuenta con cinco trabajadores más.
Por su parte, el diputado de Podemos Carlos Gamarra afirmó que "los datos no dejan lugar a duda", aunque matizó que en "los cuatro años últimos se podía haber hecho más"mediante "la vía de las comisiones de servicio". Desde el PAR, María Herrero mostró su apoyo "sin duda ni fisura", porque "los datos evidencian esa necesidad" y hacen falta "más efectivos y la creación de un tercer juzgado en Alcañiz". Herrero recordó que "entre los años 2004 y 2014, el número de asuntos que han tenido entrada en los juzgados de Alcañiz se han duplicado".
También el diputado de C"s Ramiro Domínguez apeló a que "en Calamocha, en catorce años ha habido quince jueces, porque nadie quiere estar allí" y añadió que "la plantilla del Juzgado de Alcañiz no se ha movido desde 1975". En su opinión, "estos juzgados están infradotados en personal".
En cuanto al Grupo Mixto Carmen Martínez (CHA) rechazó apoyar esta PNL al mostrarse partidaria de no legislar a partir de informaciones surgidas en los medios de comunicación (en relación al reportaje publicado por Diario de Teruel el pasado 15 de febrero). Además, la diputada de CHA se opuso a que "a través de interinos se cubra el trabajo que va a haber durante todo el año". También manifestó que "no se ve la necesidad en la Memoria Judicial de Aragón de que se tengan que dotar esos juzgados con más funcionarios".
Aprobada
Tras la aprobación de la PNL -cuyo contenido debería hacerse efectivo, según la normativa vigente, en el plazo de un año- el diputado socialista Florencio García Madrigal se lamentó de que la aprobación de la propuesta crea un precedente. "A partir de ahora puede venir un rosario peticionario procedente de todos los servicios públicos y del personal que se necesita", dijo el socialista tras prosperar la iniciativa del PP.
Autor:Maribel S.Timoneda