La UE abre el debate para que la despoblación tenga peso en el reparto de fondos estructurales

El Parlamento Europeo abrió el martes el debate sobre la necesidad de que los territorios con problemas de despoblación, entre ellos la provincia de Teruel, tengan una discriminación positiva en el próximo reparto de los fondos comunitarios para el periodo 2021-2027. La iniciativa la defendió el eurodiputado socialista español Sergio Gutiérrez en la Comisión de Desarrollo Regional en representación de la parlamentaria Iratxe García, autora de un informe que plantea una nueva política de cohesión para afrontar el cambio demográfico. Gutiérrez abogó por coordinar políticas comunitarias que afronten esta problemática “de manera radical”.

Si finalmente esta iniciativa cuenta con el respaldo de las instituciones europeas, eso supondría que a partir de 2021 los problemas de despoblación se tendrían en cuenta para acceder a ayudas y a políticas específicas para combatir este fenómeno. Es lo que se plantea en el informe elaborado por Iratxe García, del Grupo de la Alianza Progesista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, presentado ayer en la comisión parlamentaria de Desarrollo Regional.

Es la primera vez que un documento de estas características comienza a debatirse en las instituciones comunitarias después de que hace un año el Comité de las Regiones aprobara un dictamen sobre la respuesta de la UE al reto demográfico, si bien hasta la fecha se habían visto y aprobado diferentes documentos pero sin llegar al fondo de la cuestión, que es la financiación desde Europa para afrontar esta problemática.

La propuesta de resolución presentada por socialistas y demócratas es conseguir que se tengan en cuenta los factores de la despoblación de cara al próximo marco financiero, los presupuestos de Europa, cuyo debate se inicia ahora, y pretende fijar nuevos criterios para la política de cohesión en los estados miembros de la UE.

El informe plantea por un lado que la Comisión Europea tenga en cuenta la despoblación en la Estrategia Europa 2020, como un instrumento horizontal que favorezca a los territorios con esta problemática de los países miembros, y por otro que en el marco financiero plurianual a partir de 2020 se dé un impulso al fomento de soluciones para abordar los retos demográficos con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).

Se trata de conseguir lo que desde hace tiempo vienen pidiendo las instituciones aragonesas y los agentes económicos turolenses, uno de los territorios más activos en esta reivindicación según reconocieron ayer en Bruselas desde el gabinete de la comisaria de Desarrollo Regional, Corina Cretu, que en otoño pasado realizó un viaje institucional a la provincia de Teruel.

Aunque la autora del informe por el que se pide el despliegue de instrumentos de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico es de la eurodiputada socialista Iratxe García, quien lo defendió ayer fue su compañero de grupo Sergio Gutiérrez, al no poder hacerlo la primera debido a que tuvo que asistir en Madrid a la reunión de la ejecutiva del PSOE.

Durante el primer debate en comisión parlamentaria, Gutiérrez abogó por la necesidad de articular medidas desde la UE para que exista una “igualdad de oportunidades” entre el medio rural y el urbano. El eurodiputado socialista dijo que la nueva política de cohesión que se apruebe a partir de 2021 debería tener en cuenta esto y contribuir por ello a la fijar la población en el mundo rural, además de facilitar inversiones para crear empleo de calidad.

En este sentido, el parlamentario manifestó que desde la UE se deben coordinar políticas de forma transversal “para afrontar el cambio demográfico de manera radical”. Políticas que tengan en cuenta la creación de empleo en los territorios afectados, las infraestructuras, la reducción de la brecha digital existente, y la fijación de población, además de hacer una apuesta decidida por “evitar discriminaciones entre el mundo rural y el urbano”.

De lo que se trata, añadió, es de ser más eficaces en la aplicación de los fondos estructurales, y en diseñar por ello una nueva política de cohesión que responda a ese objetivo. Para ello los socialistas pretenden que se introduzcan criterios demográficos a la hora de fijar los programas a desarrollar para el periodo 2021-2027, a través de una “discriminación positiva” que permita luchar contra la despoblación e invertir la tendencia que padecen territorios no solo como Teruel y otras zonas de Aragón, sino de prácticamente todos los estados miembros de la Unión Europea.

Por eso ayer se insistió en la necesidad de fijar políticas horizontales, no exclusivas para las zonas donde se ha detectado este problema en España sino también en otros países europeos que lo padecen. “Hay que verlo como un problema transversal que afecta al conjunto de la UE”.

Tras la defensa que Gutiérrez hizo del informe, el también eurodiputado español Ramón Luis Valcárcel, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos), manifestó en la comisión parlamentaria que la mejor manera de hacer frente a este reto demográfico es una “especialización inteligente” de cada territorio para crear empleo de calidad como primer paso para revertir el proceso.

Durante la comisión intervinieron eurodiputados de otros países como Italia, Eslovenia y Eslovaquia que coincidieron en identificar problemas similares en sus estados, y la necesidad de una discriminación positiva para estas zonas, así como la difusión de las prácticas que han funcionado en otros países para aplicarlas en los que padecen idénticas situaciones.

Al término de la comisión y en declaraciones a los medios de comunicación, Sergio Gutiérrez, dijo que tras la presentación del informe consideraba que “nadie duda” que hay que redefinir las políticas de cohesión y “acercar más a lo rural la lucha contra la despoblación”.

Durante el debate se incidió en la necesidad de la implicación de las instituciones locales más próximas al territorio. Uno de los problemas que ha existido hasta ahora ha sido que los fondos europeos se han diseñado de acuerdo a los NUTS 2, es decir, las regiones, cuando se está planteando ahora que desciendan a otro nivel, el NUTS 3, es decir las provincias y los municipios.

En opinión del eurodiputado que defendió la iniciativa, es necesario que el Parlamento Europeo “se fije más en una política transversal” que ofrezca más posibilidades de empleo y, sobre todo, “igualdad de oportunidades” en los servicios públicos.

El eurodiputado incidió en que “se necesita inversión” para que haya “garantía de igualdad de trato” en unos y otros territorios. Aseguró a este respecto que los socialistas españoles van a pelear para que la “futura política de cohesión europea fije una discriminación positiva para las zonas despobladas”. Insistió en que estos territorios deben tener las mismas oportunidades para acabar con la brecha digital existente, disponer de servicios públicos de la misma calidad que las zonas urbanas y de empleo para facilitar el asentamiento de la población. “Creo que lo vamos a conseguir”, afirmó Gutiérrez, quien estimó que “la política de cohesión necesita solidaridad”, y que para ello hay que reorientar los reglamentos para que las zonas despobladas puedan revertir su situación actual.

El pleno de la cámara europea podría aprobar la resolución a final de año

Lo del martes en Bruselas, la capital europea, fue el inicio de un trámite parlamentario que, de cumplirse las previsiones, supondría la aprobación a final de año de una resolución del Parlamento Europeo a favor de una nueva política de cohesión que tuviera en cuenta el problema de la despoblación a la hora de repartir los fondos comunitarios para el próximo periodo 2021-2027.

Tras la presentación del informe en la Comisión de Desarrollo Regional, los grupos parlamentarios tienen ahora hasta el próximo 29 de junio para la presentación de enmiendas. El debate entre los diferentes grupos políticos se retomará en septiembre y está previsto que pueda aprobarse en la comisión parlamentaria en el mes de octubre.

El documento pasará después de eso a votación por el pleno del Parlamento en Estrasburgo, seguramente en diciembre. Si sale adelante y es aprobada la resolución, como se espera, supondrá que el Parlamento Europeo habrá fijado su posición sobre la necesidad de que la despoblación sea tenía en cuenta en el marco financiero plurianual de la Unión Europea.

Eso sí, después tendrá que ser la Comisión Europea la que lo tenga en consideración y valore su inclusión en los reglamentos que regulen el reparto de fondos comunitarios para el próximo periodo de programación que va de 2021 a 2027. Si la Comisión Europea lo estimara oportuno, los retos demográficos pasarían a formar parte de la política de cohesión de los fondos estructurales.