La pérdida de financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2015 por la prohibición legal que impidió al Gobierno de Aragón incorporar al presupuesto de este año remanentes del ejercicio pasado ha retrasado la ejecución de diez obras de rehabilitación en otras tantas iglesias y ermitas de la provincia, la mayor parte de ellas consideradas urgentes para consolidar los inmuebles o reparar humedades y goteras en los edificios afectados. La mitad de ellos cuentan con protección patrimonial, cuatro como Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima categoría, y el quinto como Bien Catalogado del Patrimonio Aragonés de interés local.
Las obras, cuyo importe total asciende a 2.160.000 euros, podrán ejecutarse entre este año y el próximo porque se han incluido al Fite de 2016, en detrimento de otros proyectos de rehabilitación patrimonial que podrían haber tenido opción a contar con financiación en este ejercicio.
Esta situación fue expuesta el pasado martes por el director general de Economía del Gobierno autonómico, Luis Lanaspa, en la Comisión de Economía, Industria y Empleo de las Cortes de Aragón, donde compareció a petición del grupo parlamentario del PP.
Durante la comparecencia, el diputado popular por Teruel Miguel Ángel Navarro le solicitó información sobre la situación de los proyectos de rehabilitación de patrimonio en Teruel, Camarena de la Sierra, Fórnoles, Híjar, Mosqueruela, Muniesa, Burbáguena, El Pobo, Cretas o Torrecilla del Rebollar que no van a poder ejecutarse este año y que estaban incluidos en una orden del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda que a finales de 2015 encomendó la gestión de las obras a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA).
La respuesta del director general ejemplifica lo sucedido con la gestión del Fite del pasado año, del que no solo se ha perdido esta partida sino otras cuyo importe total, según Lanaspa, rondará el 20% de la dotación del fondo (60 millones aportados al 50% por las Administraciones central y autonómica), lo que supondría unos 12 millones de euros.
Cambio en el Gobierno
El responsable de Economía recordó que el convenio del fondo del año pasado fue firmado el 23 de marzo de 2015 y en él se establecía el 15 de diciembre de 2016 como fecha límite para la certificación del gasto. El 29 de mayo de 2015, cuando el Gobierno de Aragón estaba aún en manos de la coalición PP-PAR, la Comisión de Seguimiento formada por representantes de las dos administraciones acordó la distribución de los 60 millones entre las diferentes actuaciones a financiar.
En esa reunión se acordó destinar una partida de 2,4 millones a "inversión en materia de vivienda, arquitectura, rehabilitación y restauración del patrimonio arquitectónico" en la provincia de Teruel, cuya gestión se asignaba al entonces denominado Departamento de Obras Públicas del Ejecutivo aragonés.
Los resultados de las elecciones autonómicas del 24 de mayo y los acuerdos políticos posteriores llevaron a la formación de un Gobierno PSOE-CHA, que tomó posesión en el mes de julio.
Con la remodelación del Ejecutivo, la partida para inversión en rehabilitación pasó a ser responsabilidad del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, dirigido por el consejero José Luis Soro (CHA).
El 29 de diciembre de 2015, este departamento publicó una orden en la que encargaba a Suelo y Vivienda de Aragón la ejecución de once actuaciones de rehabilitación en otros tantos templos de la provincia:?la ermita de San Pablo en Camarena de la Sierra (con una inversión de 62.205 euros); la torre del campanario de la iglesia de Santa María de Fórnoles (66.878 euros), la iglesia de San Antonio de Híjar (370.099 euros), la ermita de la Estrella en Mosqueruela (100.903 euros), la iglesia de La Asunción en Muniesa (138.557 euros), la ermita del Loreto en El Pobo (62.205 euros), la iglesia de San Francisco en Teruel (340.210 euros), la iglesia de San Cristóbal en Torrecilla del Rebollar (409.307 euros), la Capilla del Pilar de la iglesia de Santa María, en Mora de Rubielos (259.924 euros), la iglesia de Burbáguena (305.344 euros) y la iglesia parroquial de Cretas (214.460 euros). En la misma orden, Vertebración del Territorio transfería a la empresa pública el 10% de los fondos, es decir, 240.000 euros. Quedaban por tanto pendientes los 2.160.000 euros restantes de la partida del Fite.
Ya en 2016, Vertebración del Territorio solicitó a la Unidad de Control de la Gestión Pública, adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y creada en 2014 para velar por el cumplimiento de los objetivos de Ley de Estabilidad Presupuestaria, la incorporación de los fondos pendientes, que estaban contemplados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2015.
En respuesta a esa petición, esta unidad comunicó a Vertebración el pasado mes de abril "la imposibilidad" de incorporar remanentes del pasado ejercicio al actual por imposición legal al haber incumplido la Comunidad Autónoma el objetivo de déficit, lo que en la práctica se traduce en la pérdida de ese importe de 2.160.000 euros.
El director general de Economía detalló que con los 240.000 euros del anticipo se pagó la redacción de los proyectos técnicos de las intervenciones en Camarena, Fórnoles, Híjar, Mosqueruela, Muniesa, El Pobo, Torrecilla del Rebollar y Burbáguena, así como la obra de restauración en la Capilla del Pilar de la iglesia de Santa María de Mora de Rubielos, la única de las once previstas que se pudo ejecutar y cuyos trabajos debían concluir estos dias.
Las diez actuaciones que quedaron pendientes se incorporaron al Fite de 2016, cuyo convenio se firmó el pasado 7 de junio con un plazo de justificación de las subvenciones que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2017.
El pasado 22 de junio la Comisión de Seguimiento distribuyó los 60 millones de este año y habilitó una partida de 2.895.000 euros para inversión en restauración de patrimonio. De su importe total, 2.160.000 euros se destinarán a las obras pendientes del Fite de 2015 y los 735.000 euros restantes, a dos obras nuevas.
En trámite
Según informó el director general de Economía, los diez proyectos que quedaron sin ejecutar se encuentran en distintas fases de tramitación. Su licitación está pendiente de que se transfiera esta nueva financiación a Suelo y Vivienda de Aragón, que se encargará de su licitación, con el objetivo de que puedan ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2017.
Miguel Ángel Navarro valoró positivamente que estos proyectos "no vayan a caer en saco roto" y solicitó que se informe a los ayuntamientos afectados de la situación de cada obra, ya que "no han tenido notificación alguna desde el año pasado" y entre ellos se había generado "incertidumbre". Sobre el estado de tramitación de estas actuaciones, recalcó que "el tiempo corre" y que es necesario "acelerar" todas las gestiones pendientes "para su pronta ejecución".
Autor: EVA RON / Teruel