La lucha contra la despoblación requiere otro modelo de financiación autonómica según la directriz demográfica
Sin un nuevo modelo de financiación autonómica difícilmente será posible hacer frente al problema de la despoblación y desarrollar muchas de las medidas recogidas en el borrador de la directriz especial de Política demográfica que ha elaborado el Gobierno de Aragón. Es algo evidente, porque en sitios con menor número de habitantes y en territorios con una amplia dispersión, los servicios públicos cuestan lo mismo pero atienden a un menor número de personas. Por eso la directriz plantea un nuevo modelo de financiación autonómica, algo que, a primera vista, se escapa de las manos del Ejecutivo aragonés, puesto que no depende solo de él sino del Estado y del resto de las Comunidades Autónomas.
Sin dinero es imposible hacer políticas que compensen la baja densidad de población en el territorio y la dispersión de los núcleos habitados, y en esas cuestiones se centra el octavo eje temático de la directriz demográfica de Aragón, que trata la gobernanza y la financiación con 17 medidas concretas a desarrollar.
La primera de ellas plantea la necesidad de que haya un nuevo escenario de financiación autonómica. Para ello, el documento considera que debe incorporarse una nueva metodología para calcular las necesidades reales de gasto en la financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón por parte del Gobierno central, que ayude a garantizar el equilibrio horizontal dentro del Estado.
Lo que se propone es negociar la elevación del porcentaje que se otorga en el actual acuerdo de financiación autonómica a la variable de la superficie (1,8%), además de elevar el peso del elemento territorial en la estimación de las necesidades de gasto regionales.
Además, se propone que se incremente la ponderación o la relevancia de aquellas variables que representan a Aragón de acuerdo con el artículo 107.5 de su Estatuto de Autonomía, es decir, el esfuerzo fiscal, sus estructuras territorial y poblacional, el envejecimiento, la dispersión, la baja densidad de población y los desequilibrios territoriales.
También propone el borrador de la directriz, actualmente sometida a un proceso de participación ciudadana para que la gente pueda hacer aportaciones y mejorarlas a través de Aragón Participa, otro modelo de financiación y ordenamiento del régimen local, tanto comarcal como municipal.
Lo que se plantea es la subrogación de competencias de municipios dependientes en las entidades comarcales y para ello sugiere un proyecto piloto en el que los interesados lo hagan de forma voluntaria.
Baraja igualmente el estudio de fórmulas de financiación local que tengan en cuenta el coste real de los servicios, y algo inspirado en el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Se trata de caracterizar las comarcas aragonesas como unidades estadísticas demográficas, que permitan extender a las mismas inversiones económicas de programas como el Fite sobre otras áreas desfavorecidas de Aragón.
Asimismo recoge iniciativas como los tratamientos fiscales diferenciadores. Lo que se sugiere es negociar con los organismos competentes un tratamiento fiscal diferenciador y positivo, con bonificaciones del 35% en el Impuesto de Sociedades para la instalación de nuevas pymes y micro-pymes, y ambos modelos que estén ya en funcionamiento de acuerdo con los asentamientos recogidos en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (Eota).
Asimismo se proponen líneas de préstamos y créditos especiales para apoyar el establecimiento de nuevas empresas y de autónomos, y la dotación de medidas especiales en la cotización a la Seguridad Social tanto para las empresas como para los trabajadores que se instalen o estén ya en activo.
Recoge por otra parte la petición de las organizaciones empresariales turolenses de la creación y reconocimiento por parte de Europa de la problemática territorial de gran parte del territorio aragonés, y de otras zonas de comunidades autónomas vecinas, como áreas escasamente pobladas del sur de Europa: SSPA, Southern Europe Populated Area.
En otro orden de cosas, se apuesta por la simplicación administrativa en los territorios del medio rural, algo muy demandado en estas zonas porque entorpecen el desarrollo de todo tipo de iniciativas, así como el desarrollo de un índice sintético de desarrollo territorial para poner en marcha un fondo de cohesión territorial que atienda a iniciativas creadoras de empleo.
También se propone promover actuaciones de desarrollo territorial con aquellos territorios con renta territorial inferior al promedio de Aragón mediante el Fondo de Cohesión Territorial, y la revisión de los Fondos Estructurales.
Lo que se pretende de esta manera es adoptar una serie de medidas que permitan una discriminación positiva en términos de cofinanciación de los actuales programas operativos de la UE, bien dentro del actual periodo 2014-2020 aprovechando la revisión de 2018, o mediante la distribución de nuevos fondos estructurales y a través de la modulación que se articule en el futuro periodo de programación.
El eje temático noveno, centrado en la sensibilización, abre otro bloque dentro del de la gobernanza para plantear propuestas enfocadas a sensibilizar a la población sobre la problemática demográfica, y para ello propone la creación de un Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica. En total este bloque engloba 13 medidas.
La más destacada es la creación de ese observatorio, uno de cuyos objetivos sería determinar cuál es la población real de cada asentamiento a lo largo de todo el año, tanto para poder realizar una mejor gestión de los servicios municipales como para poder establecer, en su caso, sistemas que permitan ofertar a la población vinculada que se establezca en cada localidad el acceso a determinados equipamientos.
Otras funciones de este organismo serían la elaboración de una base de datos de los costes de los servicios públicos, y de una ponencia de demografía y poblamiento en el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón para hacer evaluaciones de las estrategias y medidas recogidas en la directriz. También se propone un catálogo de medidas vigentes para progresar en el equilibrio demográfico de la Comunidad Autónoma.