La Junta de Castilla y León confirmó ayer que la orden del Ministerio de Industria de pagos por capacidad para incentivar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas del país ha recibido el rechazo de la Comisión Europea (CE). La comisaría de Competencia argumenta que las compañías eléctricas están obligadas a realizar las inversiones medioambientales, por lo que arbitrar incentivos para tal fin constituiría una ayuda de Estado que va en contra del derecho europeo.
Así lo dio a conocer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras la reunión de la Mesa del Carbón de Castilla y León, en la que están representadas la patronal y los sindicatos.
Del Olmo, en declaraciones a los periodistas, recordó que la orden ministerial contó primero con el informe desfavorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ahora "se ha caído".
La CE entiende que las empresas eléctricas deben pagarse las inversiones para desnitrificar las plantas a las que están obligadas según una normativa europea de obligado cumplimiento, por lo que cualquier subvención que se les dé será considerada como lo que es: una ayuda de Estado que la CE no acepta para no desvirtuar la libre competencia.
La orden ya se topó a principios de octubre con un informe demoledor de la CNMC que cuestionaba la eficiencia económica de la propuesta y advertía de que Bruselas podría considerarla como ayudas de Estado.
Tras reunirse el pasado viernes con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reconocía que no iba a ser fácil poner en marcha la propuesta del Gobierno, que contemplaba incentivar con 90.000 euros por megavatio instalado cada planta que funcione con carbón nacional, por lo que a Andorra le corresponderían 94,5 millones de euros, una parte muy importante de la inversión de 230 millones de euros que Endesa calcula que costará desnitrificar la planta.
Las inversiones son vitales para que la térmica continúe funcionando más allá del 30 de junio de 2020, fecha en la que tienen que estar hechas las obras.
Según dijo Soria, "la comisaria entiende perfectamente que España es un país que necesitamos gastar mucho en pagos por capacidad porque tenemos muy pocas interconexiones todavía con el resto de Europa". Sin embargo, el ministro precisó que hay que ajustarse a "lo que es la legalidad europea", por lo que "se han comprometido a estudiar alguna puerta legal que nos permita tener esa medida de compensación a la quema y al uso del carbón nacional".
Cinco días más tarde de esta reunión y tras las declaraciones de la consejera castellanoleonesa, desde el Ministerio de Industria ni confirmaron ni desmintieron el anuncio realizado ayer.
Por su parte, la consejera aragonesa de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, volvió ayer a pedir una reunión al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para "conocer de primera mano" si la decisión de Bruselas es tal y como anunció ayer la Junta y si el Gobierno tiene pensado reconducir la orden "desde el pago por capacidad hacia la garantía de suministro".
El céntimo verde, prioritario
Del Olmo señaló que la Junta de Castilla y León tratará de convencer a Bruselas de que las ayudas no se consideren "de Estado" y de la necesidad de las mismas para la existencia de carbón autóctono, como fuente energética natural que garantice el suministro eléctrico en España. Así, tratarán de explicar qué significa la "seguridad del suministro" y el motivo por el que no puede considerarse ayuda de Estado.
Para ello, ha solicitado una reunión con la CE en la que en principio no estarán representados Aragón y Asturias, pese a que Gastón aseguró la semana pasada que harán frente común en la defensa del sector minero-eléctrico nacional.
Del Olmo explicó que actualmente "urge" conseguir las ayudas equivalentes al "céntimo verde", que supondrían entre 10 y 15 euros por tonelada y que harían que el carbón autóctono fuera competitivo en relación al importado. En este momento, el precio del segundo está por debajo de los 50 dólares la tonelada y va a seguir bajando según las previsiones.
Los sindicatos ven peligrar 2.000 empleos sin el mecanismo
Los sindicatos mineros advirtieron de que la falta de un mecanismo de ayuda a la quema de carbón autóctono en las centrales térmicas podría suponer el "hundimiento" del sector y la progresiva desaparición de los 2.000 empleos de la minería privada que hay en Asturias, León y Aragón.
El responsable de minería de CCOO Asturias, Jaime Martínez, subrayó que las empresas, algunas de ellas inmersas en expedientes de regulación de empleo, "no pueden aguantar la incertidumbre" porque "no saben a quién van a vender el carbón ni a qué precio".
El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, expresó su "escepticismo" respecto a las perspectivas del sector porque la situación es "cada vez más crítica" y algunas empresas podrían verse abocadas a la desaparición ante la falta de incentivos para el carbón autóctono.
El responsable del SOMA-FITAG-UGT remarcó que el Gobierno "no ha hecho nada" para apoyar la supervivencia de un sector que ahora mismo se sustenta sobre el "sacrificio" de los trabajadores y de las comarcas mineras.
Ambos dirigentes sindicales recordaron que la vigencia del decreto de restricciones por garantía de suministro finalizó en 2014 y que el Gobierno se comprometió a poner en marcha el nuevo mecanismo para la quema de carbón autóctono desde el 1 de enero del pasado año.
Los dos sindicatos insisten también en la aplicación de una bonificación en el denominado "céntimo verde", que pagan las eléctricas por el uso del carbón, una medida de apoyo al sector que también ha reivindicado el Gobierno castellanoleonés ante el Ejecutivo central.
Martínez Caliero y Alperi coincidieron en señalar la necesidad de que el próximo Gobierno legisle con rapidez en apoyo del sector para sacarlo del "estrangulamiento" en el que se encuentra.
Alperi añadió que debe configurarse un "frente común" en defensa del sector y por ello volvió a pedir la convocatoria de la mesa nacional de seguimiento del carbón, foro en el considera debería haberse anunciado el rechazo de Bruselas a la orden ministerial, en lugar de hacerse público por parte de un Gobierno autonómico, lo que ha calificado de "inaudito".
Autor:Redacción / Alcañiz