La ejecución de las obras de la concesión del servicio de aguas de Teruel es de solo un 12,9%

La ejecución de las obras a cargo de la empresa por importe de 7,3 millones de euros (sin IVA) previstas en el contrato de concesión del servicio de aguas en la capital turolense es de solo un 12,9%, a pesar de que han pasado ya más de dos años del plazo que tenía para ejecutarlas en su totalidad. Esta situación fue denunciada ayer en rueda de prensa por el grupo municipal de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Teruel, que, apoyándose en informes de los técnicos municipales de Infraestructuras y de Contratación, cifró en 948.000 euros (sin IVA) las inversiones realizadas y acusó al equipo de gobierno del PP de “dejadez” y de “falta de control” por haber permitido lo que consideran un “incumplimiento del contrato”. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), negó que haya habido falta de seguimiento y achacó el retraso de las obras a los contenciosos judiciales que suscitó este contrato, finalmente resueltos a favor del Ayuntamiento pero que ralentizaron el inicio de las inversiones. La última de las sentencias fue notificada al Ayuntamiento la semana pasada y “a partir de ahora se podrá imprimir un mayor ritmo a la ejecución de las obras”, dijo Buj. El portavoz de C’s, Ramón Fuertes, detalló que el contrato de concesión del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas, adjudicado en 2010 por veinte años prorrogables por otros diez, obligaba a la empresa a realizar en los cuatro primeros años de gestión obras por importe de 2.416.548 euros (sin IVA) previstas en el pliego de condiciones de la licitación con cargo a la tarifa que pagan los usuarios en el recibo del agua. Aunque el plazo para hacerlas concluyó el 24 de septiembre de 2014, solo se han realizado inversiones por 315.584 euros (sin IVA), es decir, el 12,98% de lo previsto. Las cifras La empresa debía ejecutar además otras obras por valor de 4.880.203 euros en los dos primeros años de concesión, en este caso incluidas en el contrato como mejora ofertada por la empresa. El plazo acabó el 24 de septiembre de 2014, pero hasta ahora solo se han invertido 628.569 euros, el 12,88% de lo comprometido. “En total se tendrían que haber hecho obras por importe de casi 7,3 millones y se han ejecutado solo por valor de 942.000 euros”, denunció Fuertes. Las inversiones que recogía el pliego, además, se financian con cargo a la tarifa que abonan los usuarios en el recibo del agua. El concejal señaló que las condiciones del contrato en materia de inversión “no se están cumpliendo”, como atestiguan “una treintena de informes” de la unidad municipal de Infraestructuras emitidos desde 2013 y también los del servicio de Contratación. Aun así, dijo, “el equipo de gobierno no hace nada al respecto”, aunque el pliego de condiciones prevé posibles sanciones de entre 3.000 y 6.000 euros por incumplimiento e incluso la posibilidad de resolver el contrato. El pliego también recogía la creación de una comisión de seguimiento de la concesión, que no se reúne desde marzo de 2014 y cuya convocatoria exigió C’s.. “Estamos ante un suspenso en la gestión por no hacer los deberes”, apuntó Fuertes, quien reclamó al equipo de gobierno que dé explicaciones sobre la demora en la ejecución de estas obras y exija que se lleven a cabo. “La alcaldesa debe explicar por qué su gobierno ha permitido con su inacción que estas obras no se hagan y qué pasa con los 6 millones que quedan por invertir”, insistió. Emma Buj, por su parte, señaló que el contrato de concesión del servicio de aguas se adjudicó en 2010 -cuando gobernaba la coalición PAR-PSOE- y que el PP, entonces en la oposición, se abstuvo por no tener “claros algunos de sus términos”. Desde sus inicios, el contrato ha sido objeto de varios contenciosos en los tribunales, bien presentados por Aguas de Teruel por discrepancias de interpretación con el Ayuntamiento sobre distintos aspectos, o bien por la empresa Aqualia, segunda clasificada en el concurso y que reclamaba que se anulara la concesión. “Todas las sentencias han sido favorables al Ayuntamiento, pero la última se nos notificó el pasado 9 de marzo”, dijo Buj. Una vez resueltas las discrepancias con la concesionaria y cuando “las reglas del juego ya están claras” y contando ya con la “seguridad jurídica” de que la concesión no va a ser anulada en los tribunales, “el Ayuntamiento podrá imprimir un mayor ritmo a la ejecución de las obras” previstas en el contrato, añadió. Sentencia “clave” La última sentencia rechaza la apelación de Aqualia contra la concesión del servicio, cuya legalidad ha dejado por tanto de estar en duda. Buj señaló que este fallo judicial era clave, porque si se hubiera exigido a Aguas de Teruel que ejecutara las inversiones y después los tribunales hubieran anulado el contrato, “el Ayuntamiento se podría haber encontrado con una situación muy complicada al tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias a las dos empresas”. Por este motivo y a la espera de que se resolvieran todos los contenciosos, el consistorio solo ha exigido la ejecución de las obras que se consideraban más urgentes, pero no las de mayor envergadura que a partir de ahora si se reclamarán. “Las inversiones de mayor cuantía no se podían acometer y por eso consideramos que no era operativo reunir la comisión de seguimiento del contrato”, argumentó. La alcaldesa indicó que estas explicaciones son las que tenía previsto dar el equipo de gobierno al resto de los grupos en la comisión de Infraestructuras el próximo 22 de marzo, como había solicitado el grupo de Ciudadanos, al que se ha facilitado el acceso al expediente y a los informes técnicos a los que ayer aludió Ramón Fuertes en la rueda de prensa. Según explicó, la existencia de más de una treintena de informes prueba que se “está haciendo un control exhaustivo” del estado de las inversiones por parte del equipo de gobierno, que además está a la espera de los resultados de una auditoria de gestión del servicio de aguas cuyas conclusiones se conocerán en aproximadamente un mes. La responsable municipal aclaró que “no se ha perdido ni un solo euro” de los más de 6 millones de inversiones pendientes. De hecho, la empresa depositó en su día un aval por este importe para garantizar la ejecución de las obras que ofreció como mejoras, que llegado el caso se podría incautar. Buj lamentó la “alarma” generada por el grupo de Ciudadanos, al que acusó de “irresponsable”.