La Diputación de Teruel pedirá al Gobierno central y al Ejecutivo aragonés formar parte de la Comisión Mixta de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel para que esta institución pueda participar en las decisiones que se tomen. Así lo acordó ayer el pleno de la corporación provincial al aprobar una declaración institucional en la que se pide la firma del próximo protocolo plurianual para el periodo 2017-2021. En otra declaración se urgió al Ministerio de Fomento para que se inicien las obras de la autovía A-68.
Los dos acuerdos salieron adelante después de que el grupo socialista presentase sendas iniciativas que acabaron convertidas en declaraciones institucionales, si bien en el caso del Fite se hicieron otras aportaciones para que se incluyese, entre otros, un punto en el que se pide que esta institución forme parte también de la Comisión de Seguimiento de este fondo especial.
La DPT se dirigirá a las dos administraciones para pedir en primer lugar que firmen el acuerdo de carácter plurianual del Fite para el periodo 2017-2020, ya que el último finalizó este año, y cada uno garantice la aportación anual de 30 millones anuales.
La declaración insta igualmente a que las aportaciones anuales tengan carácter de fondo y no de línea de crédito para que no se pierda dinero, como ha ocurrido en los dos últimos años, y que se puedan abordar así proyectos plurianuales que por su envergadura precisan de más tiempo para su ejecución.
Plantea por otra parte que tanto la firma del protocolo como la reunión de la Comisión de Seguimiento se reúna al menos una vez al año en la provincia de Teruel para acordar sus líneas estratégicas y los proyectos que reciban las ayudas, así como que la rúbrica del convenio anual tenga lugar en el primer trimestre de cada ejercicio.
En este sentido, la declaración argumenta que así se podrá agilizar la convocatoria de las ayudas para poder planificarlas, ejecutarlas y justificarlas antes, y que tras la firma del convenio se comunique "de forma inmediata la concesión de las ayudas a los beneficiarios de las mismas".
Incide por último en que se invite a un representante de la Diputación de Teruel a participar en la Comisión de Seguimiento. Sobre esta cuestión, el presidente de la corporación, Ramón Millán (PAR), aseguró en declaraciones a los medios de comunicación antes de celebrarse la sesión, que les gustaría que esa participación fuese "con voz y voto", aunque precisó que lo importante es "estar incluidos".
Millán argumentó que se trata de una reivindicación "lógica", habida cuenta, además, de que esta institución gestiona algunos de los fondos del Fite y es conocedora de la provincia. Fue este grupo provincial el que planteó que se incorporara ese punto en la moción socialista que acabó convertida en declaración institucional.
El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, añadió durante el pleno que formar parte de la comisión no era una "cuestión baladí", puesto que su participación puede ayudar incluso en aquellas cuestiones en las que pueda aportar algo por su conocimiento de la provincia.
José Ramón Morro (PSOE) consideró que las últimas reglas de juego que ha impuesto la Administración central "perjudican" a la provincia, como se ha puesto de manifiesto con la pérdida de 20 millones de los años 2014 y 2015 que no se han podido ejecutar.
El diputado del PP Carlos Boné aclaró que esas reglas a las que aludió el representante socialista no se debían a un "capricho" sino a la normativa europea, que no permite la vigencia durante más de dos años. Además, recordó que por parte de su partido como del PAR existe ese compromiso tal como quedó recogido entre ambos en el pacto de gobernabilidad.
En cuanto a los problemas que está habiendo para que los remanentes pasen de un ejercicio a otro, el vicepresidente, Joaquín Juste (PP), apuntó que se debe a que Aragón no cumple con el objetivo de déficit.
Por otra parte, la segunda declaración institucional aprobada, también a propuesta inicial del PSOE, urge por enésima vez a que se acometa la construcción de la autovía A-68. La iniciativa se presentó a raíz de los últimos accidentes ocurridos el pasado fin de semana en la N-232, en uno de los cuales falleció un vecino de Castelserás a la altura de El Burgo de Ebro.
La declaración insta al Gobierno de España a publicar con "urgencia" la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente al desdoblamiento de la N-232, así como que el Ministerio de Fomento "comience con la mayor celeridad posible las obras de desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo de Ebro (Zaragoza) y Valdealgorfa (Teruel), construyendo la autovía A-68".
Por último, se insta al Ejecutivo central a que incluya en los sucesivos presupuestos generales del Estado en esta legislatura las partidas necesarias para llevar a cabo estas obras.
Sobre esta iniciativa convertida en declaración institucional, el presidente de la DPT aseguró que no habían dudado en apoyarla en todos los sentidos porque así llevan reivindicándolo desde hace tiempo. El diputado socialista José Ramón Morro comentó que se hacían eco de la demanda porque urge priorizar esta actuación, mientras que Javier Carbó (CHA) manifestó que es preciso "empujar todos juntos" y Alberto Izquierdo (PAR) la consideró una buena idea porque la situación era "espantosa".
El portavoz del PP, Carlos Boné, se reafirmó por su parte en el compromiso que existe con esta infraestructura y aseguró que la declaración institucional no caería en "saco roto".
Decae la moción sobre memoria histórica al no apoyarla el PP ni el PAR
La moción sobre memoria histórica presentada por Ganar en el pleno de ayer de la Diputación de Teruel no pudo salir adelante al tener el voto en contra del PP y el PAR, que suman mayoría, por entender que lo que se planteaba en la iniciativa no era una cuestión en la que la institución provincial tuviera competencias.
La diputada de Ganar Anabel Gimeno fue la encargada de defender la propuesta, que este grupo modificó desdoblando uno de sus puntos y eliminando los ayuntamientos de las entidades para las que se proponía dotar una partida destinada a actuaciones sobre memoria histórica, para concretarla exclusivamente en asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
La iniciativa pretendía emular a las diputaciones de Zaragoza y Huesca para hacer inventarios y otras cuestiones relacionadas con la memoria histórica, que los ayuntamientos pudieran destinar a este fin asignaciones del fondo de concertación, recordar la obligatoriedad de que se cumpla la legislación al respecto y crear una comisión de supervisión.
El rechazo de la propuesta, al apoyarla solo Ganar, PSOE y CHA, suscitó un debate en el que se recordó que una de las víctimas de la represión hace 80 años fue el presidente de la DPT Ramón Segura. En las intervenciones de los grupos se cruzaron comentarios cuestionando que no se hubiera entendido nada, y desde el equipo de gobierno se insistió en que no era una competencia de la DPT.
Autor: F.J.M. Teruel