La DGA exige al Gobierno que desatasque la normativa que incentive la inversión de Endesa en la central térmica
El Gobierno de Aragón hará bloque común con la Junta de Castilla y León y el Gobierno del Principado de Asturias para exigir al Ejecutivo central que desatasque la orden ministerial que ha de incentivar la inversión de carácter medioambiental que la Comisión Europea obliga a Endesa a realizar en la central térmica de Andorra si no quiere cesar su actividad en 2020. Bruselas ha rechazado la propuesta de pagos por capacidad del Ministerio de Industria, que ahora debe redactar un nuevo borrador que se articularía en base a la garantía de suministro que ofrece el mineral para el sistema eléctrico nacional.
"El tiempo se nos viene encima. Si a mitad de 2016 Endesa no ha hecho ningún movimiento dentro de la central de cara a las inversiones no habrá tiempo para poder acometerlas y tendremos que ir al cierre", aseveró el presidente del comité de empresa de Endesa en la térmica, Hilario Mombiela, tras la reunión que mantuvo ayer con la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, para explicarle el plan de optimización de costes que ha presentado Endesa para sus plantas a carbón y que incluye la salida de 42 trabajadores de la central turolense, el 24% de la plantilla.
En el encuentro, en el que también participó el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, Gastón aseguró que su Departamento está presionando al Gobierno de España y que volverá a hacerlo, esta vez en bloque con Asturias y Castilla y León, para que el Gobierno agilice la orden ministerial que incentive las inversiones medioambientales de las térmicas y estabilice la compra y el consumo de carbón autóctono.
El sector lleva desde el 1 de enero de 2015 sin regulación, pese a que el Plan del Carbón 2013-2018 establece que el 7,5% de la energía nacional procederá de la quema de hulla y lignito estatal.
A empezar de nuevo
Según explicó Gastón a Mombiela y éste transmitió a este diario, Bruselas rechazó de plano a finales de 2015 la propuesta del Ministerio de Industria basada en un mecanismo de pagos por capacidad que contemplaba incentivar con 90.000 euros por megavatio instalado cada planta, por lo que a Andorra le hubieran correspondido 94,5 millones de euros, una parte muy importante de la inversión de 230 millones que calcula que costará desnitrificar la planta.
Este borrador se topó a principios de octubre con un informe demoledor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cuestionaba la eficiencia económica de la propuesta y advertía de que Bruselas podría considerarla ayudas de Estado incompatibles con la normativa vigente en materia de competencia empresarial, la misma que obliga a cerrar las minas no rentables el 31 de diciembre de 2018.
Como era de prever, la Comisión Europa rechazó esta propuesta, por lo que el Gobierno deberá redactar otra. Gastón recalcó que el Ejecutivo central está en funciones pero "la Administración tiene que funcionar y más en temas que vamos a contrarreloj", por lo que le pide que siga trabajando en esta orden ministerial.
Según Mombiela, "la nueva orden estará más encaminada a la garantía de suministro que a los pagos por capacidad" rechazados por Bruselas. Por tanto, habrá que agarrarse "a la directiva europea que dice que cada país miembro puede generar el 15% de la electricidad con recursos naturales propios", norma que ya dio pie en 2010 al real decreto de restricciones por garantía de suministro. El fin de mejora medioambiental de las inversiones también podrá aprovecharse en la nueva orden que, sin embargo, según ha publicado el diario económico Cinco Días "parece que duerme en los cajones del Ministerio a la espera de que el nuevo Gobierno tire del carro", dijo Mombiela. Pero "el tiempo pasa" y existe la posibilidad de que se repitan elecciones generales, lo que alargaría los plazos para formar un Ejecutivo con apoyos suficientes.
Mombiela estimó que las obras para la desnitrificación de la central llevarán dos años de trabajo, pero "antes de eso tienen que sacar las licitaciones para que diferentes empresas puedan optar a hacer las infraestructuras", lo cual "cuesta también un tiempo" administrativo. Por tanto, zanjó: "Si a mitad de año no vemos movimiento se podrá decir que no van a hacer las inversiones". Endesa debe tenerlas realizadas antes del 30 de junio de 2020 según lo fijado en el Plan Nacional Transitorio al que se ha acogido.
Alargar la vida útil de la planta
"Si algo ha quedado claro de esta reunión es que tanto los trabajadores como el Gobierno de Aragón vamos de la mano con el objetivo común de tratar de alargar la vida útil de la central térmica de Andorra", subrayó Gastón, quien afirmó que desde su Departamento van a continuar manteniendo reuniones con Endesa. Sin embargo, reconoció que la eléctrica no ha dado una respuesta positiva definitiva en cuanto a sus planes de inversión, "pero sí que generan esperanzas y optimismo".
"Nosotros podemos tratar de convencer, pero esto va a ser una decisión empresarial" que queda a la espera de que se aclare el marco normativo del sector eléctrico, explicó Gastón.
Endesa no esconde que la decisión final se tomará en Italia, ya que la eléctrica española pertenece al Grupo Enel. La filial vende a la parte social que el plan de optimización, con el que pretende ahorrar 35,4 millones de euros anuales en sus cinco plantas a carbón en España, servirá para dejar las cuentas más atractivas.
El plan contempla el despido de 42 de los 178 empleados de Endesa en la térmica andorrana, la más afectada pese a ser una de las más eficientes. Además de la reducción de costes de personal propio, la eléctrica pretende también rebajar los contratos de servicios auxiliares y ahorrar en el precio del carbón nacional y de importación que echa a las calderas.
Por todo este "esfuerzo", los representantes de los trabajadores exigen a la empresa que confirme su inversión y asegure el futuro de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos a largo plazo, ya que casi un millar de empleos dependen del binomio central-minas de lignito.
El comité de empresa traslada la necesidad de reindustrializar la cuenca
El comité de empresa de la térmica trasladó ayer al Gobierno de Aragón la necesidad de crear una Mesa del Empleo que siente las bases de una reconversión minera definitiva. En ella, según la propuesta de los trabajadores, estaría representado el Ejecutivo autonómico, los sindicatos, el Ayuntamiento de Andorra, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Endesa y la minera Samca. "Hemos expresado que hay que empezar a crear algo de enjundia que en su día pueda sustituir al carbón cuando se termine, que esperemos que tarde mucho", dijo Mombiela. "Nos han dicho que en eso hay que trabajar también, pero dicen que el Ministerio tendrá que asumir su responsabilidad de reestructuración de las cuencas".
Por último, los representantes de los trabajadores solicitaron al Ejecutivo autonómico que continúe exigiendo al Gobierno de España "un plan energético nacional que reserve al carbón autóctono un 7,5% en el mix energético", dijo Mombiela, tal y como recoge el Plan del Carbón. El Ejecutivo autonómico se comprometió a reivindicarlo, si bien se mostró escéptico porque "han pasado gobiernos y nadie lo ha hecho, pero pedirlo no está de más", dijo el presidente del comité de empresa.
Autor:Marcos Navarro / Alcañiz