Nadie tiene en su mano la solución a la despoblación pero al menos forma parte ya de la agenda política y ahora tiene que saltar a la económica y la legislativa. Así se puso sobre la mesa en las conclusiones del II Congreso Nacional de la Despoblación en el Medio Rural, que se clausuró en Huesca este viernes, organizado por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y la Diputación Provincial de Huesca.
La lucha contra esta lacra, que no es una cuestión solo de los pueblos sino de la sociedad en su conjunto, necesita de una financiación bien empleada y de un cambio en las leyes, porque “no se puede legislar solo desde las ciudades”, como se incidió en varias de las mesas, organizadas durante el congreso.
Si faltan fondos y leyes acordes a las necesidades del territorio sobra sin embargo burocracia que pone trabas a los que sí que quieren permanecer o asentarse en el medio rural. Y estas situaciones se conocieron durante el transcurso de las intervenciones con experiencias contadas por los propios conferenciantes.
Lo que sí se reclamó tanto desde los representantes políticos y de las administraciones, como los expertos y estudiosos es que hay que dejar que la gestión de los recursos se haga desde las entidades locales, que son los que conocen el territorio, las necesidades de sus vecinos y las posibilidades de desarrollo.
También se puso de manifiesto que hay muchos tipos de despoblación dentro de España y que tampoco se puede comparar con otros territorios europeos. Distintos ponentes advirtieron además que no es lo mismo la despoblación que el envejecimiento de la población y los remedios que hay que aplicar no son los mismos en unos casos que en otros.
El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, fue el encargado de desgranar las líneas principales de las conclusiones de este congreso y aseguró que le problema de la despoblación es un problema de “equilibrio” entre lo urbano y lo rural, que son “espacios complementarios que se necesitan”.
También subrayó que durante el congreso “ha quedado claro que los servicios son más caros si se dan desde la lejanía. “El servicio más rentable es el que se da desde la proximidad”, saliendo así al paso de los que abogan por suprimir gobiernos locales.
En este sentido, destacó el valor de las diputaciones como redistribuidoras de impuestos y como apoyo administrativo a los pequeños ayuntamientos.
Durante el congreso se puso de manifiesto en diferentes intervenciones que las instituciones locales y provinciales se está viendo “encorsetadas” por la ley de techo fiscal.
Gracia incidió en que el asunto de la despoblación tiene que entrar en la agenda económica ylegislativa porque “hay normas, reglamentos y leyes que están pensadas desde el ámbito urbano”.
En esta línea, María Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de palencia, que se encargó de leer las conclusiones, también destacó que para un problema rural “se necesita una solución rural, no tomada desde las ciudades”.
Un marco legislativo que hay que modificar es el de la gestión de la financiación. Así, en las conclusiones se ha incluido la necesidad de un nuevo marco de financiación local. Proponen una fiscalidad directa diferente a la de los ayuntamientos de las grandes ciudades y una discriminación positiva para los emprendedores que decidan instalarse en el medio rural.
Armisén resaltó por otra parte que el reto demográfico “es ya una realidad académica, social y política”, al que tiene que hacer frente no solo España sino toda Europa, porque además de contar con zonas despobladas también es el continente más envejecido. En el caso de nuestro país recordó que las cifras son contundentes, ya que el 80% de la población se concentra en el 20% del territorio.
Para buscar el equilibrio entre territorios, la era digital abre un mundo de posibilidades para el medio rural siempre y cuando se facilite la conectividad, una de las carencias más preocupantes que hay que resolver cuanto antes para poder asentar población en el medio rural.
El secretario general de la FEMP, Juan Ávila, mostró en las conclusiones su satisfacción porque la despoblación se haya convertido en una política de Estado con la creación del Alto Comisionado, cuya representante estuvo el viernes en la inauguración del Congreso, y el reconocimiento de la Conferencia de presidentes autonómicos, pero insistió en que hay que seguir trabajando para que en el próximo periodo europeo 2020-2030 se comprometan fondos para la lucha contra la despoblación en España y que sean los poderes públicos los que gestionen parte de ese presupuesto.
El documento que la FEMP elaboró recientemente con 88 medidas contra la despoblación se ampliará ahora con las conclusiones del congreso y se hará llegar al Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico.
Precisamente, la comisionada, Edelmira Barreira, estará este lunes en Teruel con motivo de la reunión del Foro de las Regiones con Desafíos Demográficos.