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La Cámara de Cuentas cuestiona que se ejecuten obras del Fite a través del IAF

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Imagen de la carretera A-1701 en Mosqueruela antes del acondicionamiento de varios de sus tramos con el Fite

La Cámara de Cuentas de Aragón ha cuestionado la ejecución de proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2012 y 2013 por parte del Ejecutivo autonómico a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), con un importe total de 4,5 millones de euros.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha cuestionado la ejecución de proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2012 y 2013 por parte del Ejecutivo autonómico a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), con un importe total de 4,5 millones de euros. Este organismo fiscalizador considera que las actuaciones deberían haber sido contratadas por los departamentos competentes en cada caso, los de Obras Públicas y de Agricultura, respectivamente, ya que el IAF no tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración y por ello no puede recibir encomiendas de gestión. Además, se utilizaron dos instrumentos, el convenio y la transferencia de financiación, que son inadecuados para este tipo de encomiendas.

A raíz de este informe de la Cámara de Cuentas, el Gobierno de Aragón modificará la Ley del Instituto de Fomento para darle la consideración de medio propio de la Administración , de forma que pueda recibir encargos y encomiendas contractuales.

En su informe de fiscalización de los encargos o encomiendas contractuales realizados por la Comunidad Autónoma a sus sociedades y organismos públicos en 2013, entregado a finales de diciembre a las Cortes de Aragón, la Cámara alude a tres partidas del Fite destinadas a la mejora de carreteras autonómicas -1,5 millones de la anualidad de 2012 y otra cantidad igual de 2013- y a prevención de incendios forestales -1,5 millones en 2013­-.

Sobre las dos primeras, señala que se trata de encomiendas "tramitadas indebidamente como convenios" entre el Departamento de Obras Públicas y el IAF. Según ) de 1.500 miles de euros

En virtud de estos convenios, el departamento entregó al IAF los proyectos necesarios para la ejecución de las obras de mejora en carreteras autonómicas y el instituto se encargó de licitar y adjudicar los contratos para la ejecución de las actuaciones. La financiación le llegó al IAF a través del Departamento de Economía.

Falta de medios

La Cámara de Cuentas considera que, "dado que el Departamento de Obras Públicas es el competente para realizar las citadas obras, es el citado departamento el que tenía que haber dispuesto del crédito (en lugar del de Economía) y el que debía haber realizado las obras de forma directa, ya que el IAF ni está reconocido como medio propio ni dispone de medios para su ejecución". De hecho, este organismo subcontrató el 100% de las obras.

El informe de fiscalización considera que la fórmula del convenio no fue correcta porque "su objeto era la ejecución de varias obras por el IAF, esto es, el objeto propio de un contrato de obras".

Algo similar ocurrió con los trabajos de prevención de incendios forestales por importe de 1,5 millones que encargó el Instituto Aragonés de Fomento a la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga). En este caso, indica el informe, la encomienda se tramitó "indebidamente" mediante una transferencia de financiación, cuando debería haberse realizado un contrato de ejecución.

Abundando en este argumento, el organismo fiscalizador indica que Sarga repercutió a la Administración el 5,5% del presupuesto de ejecución material en concepto de gastos generales y corporativos, que legalmente se puede aplicar en los encargos de ejecución, pero no en las transferencias de financiación.

Además, y según la Cámara de Cuentas, "no se justifica" que fuera el IAF y no el Departamento de Agricultura el ente que encargara estos trabajos a Sarga, dado que fue el Servicio de Gestión Forestal, perteneciente a dicha consejería, el que gestionó y controló la encomienda.

La Ley del IAF se modificará

El Gobierno de Aragón modificará la Ley del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) para darle la condición de medio propio de la Administración, atendiendo al informe de la Cámara de Cuentas que alertó de que, al no gozar de esta consideración, no podía recibir encargos y encomiendas contractuales como las que se venían realizando para diferentes actuaciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).

En una alegación al informe, el Departamento de Economía, Industria y Empleo comunicó a la Cámara que en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2016 incluiría la modificación del artículo 2 del texto refundido de la ley del Instituto Aragonés de Fomento para corregir este problema.

A través de ese cambio legal, se introducirá un apartado con la siguiente redacción: "El Instituto Aragonés de Fomento tendrá consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo regional y económico de Aragón".

La Cámara de Cuentas, a su vez, respondió a Economía que sería conveniente que en la ley "se precisara el régimen de las encomiendas que se les pueden conferir, ya que la expresión "desarrollo regional y económico de Aragón" es demasiado ambigua e indeterminada".

Subcontratas

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las encomiendas contractuales realizados por la Comunidad Autónoma a sus sociedades y organismos públicos en 2013 concluyen que en el 55% del total de los encargos formalizados en ese ejercicio por el Gobierno de Aragón la entidad encomendataria no dispuso de medios propios para llevar a cabo la prestación y, por tanto, subcontrató los trabajos. El Ejecutivo formalizó ese año 168 encargos por un importe absoluto de 36,51 millones de euros, a través de un sistema que, según la Cámara, tiene debilidades por su escasa regulación El recurso a la encomienda de gestión se justifica por la insuficiencia de medios en la Administración para ciertos trabajos, que por ello encargan a sus entes o sociedades dependientes. Sin embargo, estas tampoco disponían de medios en el 55% de los casos analizados, por lo que contrataron "a terceros los trabajos, limitándose a tramitar la licitación y adjudicación de los contratos y a coordinar las prestaciones contratadas".

Autor:EVA RON / Teruel