La alcaldesa de Teruel espera una repercusión “mínima” en la capital de la sentencia del TC que anula el impuesto de plusvalías

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), anunció ayer que el Ayuntamiento estudiará en las próximas semanas la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto de plusvalías y los efectos que puede tener en la capital, aunque opinó que “las repercusiones serán mínimas”. El presupuesto municipal de este año prevé unos ingresos de 700.000 euros por este tributo, una de las principales fuentes de financiación de los municipios. Buj señaló que el fallo obligará a reformar la regulación estatatl de este impuesto, que “es injusto” cuando se aplica a transmisiones de inmuebles en las que no ha habido una ganancia porque han perdido valor. A su juicio, esos casos “son muy raros” en la capital turolense, porque los inmuebles no han experimentado una fuerte reducción en su tasación, como sí ha ocurrido en otras ciudades más afectadas por la burbuja inmobiliaria. La resolución del Constitucional, de la que ha sido ponente la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, determina que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial". Es decir, para el Constitucional no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica. Así, la sentencia dictada por el pleno del TC obligará a reformar este impuesto local, técnicamente denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos.