Los Juzgados de Alcañiz y de Caspe (Zaragoza) se verán reforzados con personal de auxilio judicial y tramitación, respectivamente, a partir de la semana que viene y por un periodo inicial de tres meses, plazo que podría verse prorrogado a partir de julio si las necesidades de ambos juzgados lo requieren. Con esta decisión, el Gobierno de Aragón viene a reconocer la deficiente distribución de personal en los juzgados del Bajo Aragón histórico, cuya plantilla se ha mantenido prácticamente congelada en los últimos 40 años, pese al aumento registrado de procesos judiciales, tal y como denunció en un reportaje el pasado mes de febrero Diario de Teruel.
Fuentes del departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón confirmaron que la incorporación al Juzgado de primera instancia e instrucción de Caspe de una persona de auxilio judicial se hará efectivo el martes de la semana que viene. Su cometido consistirá en apoyar el trabajo del único funcionario de esta categoría que tiene este juzgado, y en concreto se centrará, según señalaron estas fuentes, en tareas de notificación y citación judicial, por ser el ámbito donde se registra mayor atasco.
En cuanto a los Juzgados de Alcañiz, la incorporación de un tramitador se llevará a cabo también de manera inminente, si bien desde el departamento de Presidencia no pudieron confirmar al cierre de esta edición el día en el que se producirá su ingreso, puesto que, señalaron, se esta contactando con personal que forma parte de la bolsa de trabajo que esté dispuesto a trasladarse a Alcañiz por el periodo mencionado. En este caso, corroboraron que el tramitador tendrá como destino el Juzgado decano (número uno).
Por otra parte, la dirección general de Justicia -responsable de la organización y distribución del personal del Gobierno autonómico en los partidos judiciales- habría considerado también prolongar la comisión de servicio que viene realizando en los juzgados de Alcañiz una funcionaria con plaza asignada en el Juzgado de Paz de Andorra y que refuerza tres días a la semana al Juzgado número 1 como consecuencia del aumento de la carga de trabajo. En este sentido, otras fuentes consultadas comentaron que el Ejecutivo podría estar valorando la posibilidad de que esta comisión de servicios se amplíe a los cinco días de la semana por la cantidad de asuntos que ha de asumir el Juzgado número 1, que además de ser decano (responsable del reparto y registro de asuntos y escritos, y de la tramitación de asuntos de los Juzgados de Paz, etc) tiene también atribuida la competencia en violencia de género. Si finalmente se ampliara esta comisión de servicios, el Ejecutivo tendría que reforzar, posiblemente desde Zaragoza, el Juzgado de Paz de Andorra durante al menos dos días a la semana.
La incorporación de los dos empleados a Caspe y Alcañiz, respectivamente, será por un periodo de tres meses, por una cuestión de disponibilidad presupuestaria, tal y como reconocieron desde el departamento de Presidencia. Una vez superado este plazo, el Gobierno "evaluará" la carga de trabajo en ambos y valorará la posibilidad de que los dos puestos continúen cubiertos.
Infradotación
La ampliación temporal de la plantilla en Alcañiz y Caspe intenta suplir las carencias en materia de personal que arrastran estos dos juzgados, con plantillas insuficientes que apenas han variado en los últimos cuarenta años.?Así lo evidenció Diario de Teruel el pasado 15 de febrero en una información donde quedaba de manifiesto tanto el aleatorio reparto de funcionarios en los juzgados de instrucción de Aragón como que los partidos judiciales peor dotados en personal eran los de Alcañiz, Calamocha y Caspe. Según datos extraídos de la web del Consejo General del Poder Judicial y de la Memoria Judicial de 2014 de Aragón, a cada funcionario de Alcañiz (son 13) le corresponden 4.413 habitantes. El partido judicial tiene una población de 57.365 personas. En Teruel capital, por ejemplo, con 26 funcionarios y 62.975 habitantes, la media de personas asignadas a cada empleado se encuentra en 2.422.
En las Cortes de Aragón
El refuerzo aprobado por la dirección general de Justicia viene a cumplir, en parte, el mandato de la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, que a finales de febrero instó al Gobierno -mediante una Proposición No de Ley presentada por la diputada alcañizana Yolanda Vallés (PP)- a dotar a los juzgados de Alcañiz, Caspe y Calamocha de personal de refuerzo y a crear un tercer juzgado en la capital bajoaragonesa.
Asimismo, la diputada del Partido Aragonés (PAR), María Herrero, formuló en febrero cinco preguntas al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, acerca de las previsiones del Gobierno para incrementar los recursos humanos en los Juzgados de Alcañiz, Calamocha y Caspe. La parlamentaria aragonesista cuestionaba sobre los plazos en los que el Ejecutivo tenía prevista la creación de un tercer juzgado en el partido judicial de Alcañiz. A estas preguntas, el Gobierno respondió que la creación de un tercer juzgado no se ve, de momento, necesaria, pero que se estudiaría en 2017.
También el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, se sumó a las reivindicaciones y demandó en una visita a Teruel más personal para los juzgados se Alcañiz atendiendo al volumen de asuntos y la población que atiende.
Autor:Maribel S. Timoneda