Izquierda Unida ha solicitado información a la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, sobre la redacción de un contrato de servicios de asesoramiento para que el exgerente del circuito de velocidad de Motorland Aragón, Tomé Alfonso, continúe vinculado a la organización de grandes premios.
En concreto, la portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, registró ayer varias preguntas dirigidas a la consejera relativas al contrato que la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA) está elaborando para que Alfonso continúe como asesor.
Alfonso renunció a su cargo por la reducción de su salario al quedar igualadas las retribuciones de los directores de las empresas públicas y la imposibilidad de compatibilizar su puesto con colaboraciones externas, como hacía hasta ahora, en aplicación de la Ley de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público de Aragón.
Para que el exgerente continúe trabajando para Motorland, el Gobierno de Aragón plantea crear un puesto de asesoramiento externo no vinculado a personal directivo de empresas públicas, por lo que la ley no generaría ninguna incompatibilidad.
Para ello, la empresa pública apoderó a la CEPA para la elaboración de un pliego de condiciones de un contrato de asesoramiento especializado sobre el desarrollo de pruebas y eventos deportivos en Motorland con una duración de dos años prorrogables en uno más y con un precio de licitación de 150.000 euros, con un porcentaje variable del 20 por ciento como máximo por año de contrato por la consecución de objetivos. A día de hoy, el pliego continúa en redacción.
Para Luquin, este hecho contradice el espíritu de esta ley, "que fue aprobada con el compromiso del Gobierno de Aragón de homogeneizar categorías profesionales y retributivas, racionalizar el sector público aragonés y evitar el blindaje de altos cargos".
“Blindaje poco ético”
"La redacción de este contrato "ad hoc" genera un camino que no compartimos" porque abre la puerta a contrataciones para aquellos altos cargos que no estén de acuerdo con las nuevas condiciones que impone la normativa y eso "favorece el blindaje, que no es transparente y es, incluso, poco ético", remarcó la diputada.
Por ello, Luquin ha solicitado a Gastón que explique si considera que la licitación de este contrato es conforme al espíritu de la ley, si es adecuada para la racionalización del sector público aragonés y de qué manera lo puede justificar.
Por otra parte, en cuanto a la partida presupuestaria necesaria, a pesar de que el nuevo gerente de Motorland, Santiago Abad, cobrará ahora 96.199 euros frente a los 115.631 con un 20% adicional por variables que percibía Alfonso, la licitación de este contrato de asesor para la celebración de grandes eventos tendrá un coste añadido de 217.800 euros, según calculó IU.
Luquin ha pedido a la consejera de Economía que detalle de qué partida de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 va a disponer el Gobierno de Aragón para hacer frente a ese coste.
