Greenpeace pide al Ministerio de Industria que no ceda al "chantaje" al que le somete la eléctrica italiana Enel -propietaria de Endesa- y no le facilite "los 230 millones de dinero público que le reclama para no cerrar la central térmica de Andorra".
La organización ecologista recuerda que la eléctrica debe adaptar la planta a la normativa europea de emisiones contaminantes de grandes centros de combustión, que obliga a tener las inversiones de desnitrificación realizadas en junio de 2020.
Greenpeace pone el acento en que esta reforma es una obligación que marca la Comisión Europea (CE) y en que Enel registró durante el ejercicio 2015 un beneficio neto de 2.196 millones de euros, un 324% más que en el ejercicio precedente.
Por ello, "sería un escándalo que la ciudadanía tuviera que pagar las obligaciones legales que tiene una empresa millonaria como Enel para seguir con su negocio contaminante de quema de carbón", declaró Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Reuniones en las Cortes
Esta semana, Greenpeace se ha reunido con los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón, donde ha comprobado que "tanto el PSOE como el PP apoyan las pretensiones de Enel, mientras que desde Podemos apuestan por trabajar en un plan de desarrollo alternativo al carbón para las comarcas sin conceder dinero público a las grandes eléctricas", indica la organización ecologista a través de un comunicado.
"Es necesario que todas las personas implicadas en este asunto busquen alternativas justas y respetuosas con el medio ambiente, y que se tenga en cuenta a las comarcas mineras para garantizar la viabilidad de su futuro", añadió Nuño.
Greenpeace recuerda que para la térmica de Teruel, que también quema carbón importado, Aragón tiene fijados en su autorización ambiental integrada "unos límites excesivos de emisiones contaminantes", muy superiores a los establecidos en la directiva europea.
Además, las ayudas que baraja Industria para incentivar las inversiones ambientales para el cumplimiento de la directiva comunitaria "son contrarias a la aplicación de las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020", dice Greenpeace.
En primer lugar, porque "una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles", dice la organización, que destaca que subvencionar la quema de carbón va en contra del acuerdo de París.
Por otro lado, "una ayuda estatal será compatible con el tratado de funcionamiento de la Unión Europea (UE) si va más allá de las normas de la UE, pero en este caso la retribución sería para cumplir la normativa vigente".
Además, las ayudas "no irían destinadas a favorecer la adaptación anticipada a futuras normas de la UE, sino que irían destinadas a cubrir los costes que las centrales térmicas tienen que afrontar de todos modos para cumplir con la ley", puntualiza.
Por último, dice la organización, "no respeta el principio "quien contamina paga", pues sus beneficiarios son los responsables de la contaminación".
Por todo ello, Greenpeace considera que la UE no puede aprobar este mecanismo, pues estaría incumpliendo sus propias directrices.
Soria confía en que Bruselas acepte los incentivos
El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, aseguró ayer que existen "buenas perspectivas" en el Gobierno de que la Comisión Europea dé el visto bueno a las propuestas sobre incentivos a la quema de carbón nacional.
Aunque han llevado tiempo las negociaciones con la UE para establecer un mecanismo que permita al Gobierno seguir ayudando a las centrales térmicas a comprar carbón nacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2018, Soria cree que se ha llegado a una solución, ya que se ha propuesto una alternativa y "hay buenas perspectivas".
"Creo que se ha llegado a una solución. Se ha propuesto una alternativa que están estudiando en Bruselas. Hay buenas perspectivas, aunque todavía no han respondido", explicó Soria, quien añadió que lo que se solicita es que las ayudas estatales se reconozcan como "ayudas compatibles".
"El problema es que "Bruselas las autorice o no", señaló, antes de subrayar que lo que se ha hecho desde que venciera el marco regulatorio en diciembre de 2014 es "arbitrar un mecanismo que pueda sustituir al anterior para garantizar el buen fin, que es que se pueda seguir comprando carbón nacional a las empresas mineras".
Autor:Marcos Navarro / Alcañiz