El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado la demanda interpuesta en su día por nueve ex dirigentes de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT-Aragón contra la federación estatal y contra el sindicato en general por considerar vulnerados derechos fundamentales -libertad sindical y de reunión- al ser expulsados y suspendidos de militancia por indisciplina. Entre ellos se encuentran el ex secretario de Acción Sindical de la federación regional y ex alcalde de Calanda, Manuel Royo, y el ex secretario general de UGT-Aragón y ex consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, José Antonio Cid.
El juez de la Sala Social del TSJA establece en su sentencia que hubo irregularidades en la constitución de la dirección regional de FITAG-UGT, que no se seguían las directrices de contabilidad de la dirección estatal o que no había claridad en las relaciones con la sociedad mercantil Fonfría Siglo XXI -administrada por Cid- que prestaba servicios al sindicato.
La sentencia desestima todas las demandas que contra la FITAG nacional y la UGT en general presentaron los nueve exdirigentes. Reclamaban que habían sido cercenados sus derechos fundamentales -libertad sindical y de reunión- y solicitaban su restitución como afiliados al sindicato y en los cargos que ostentaban en FITAG-UGT de Aragón.
Además, Cid y Royo solicitaban sendas indemnizaciones por valor de 24.000 euros. Alberto Gálvez, Pedro Centeno y Fernando Gracia pedían 18.000 euros en cada caso, y el resto (entre los que se encontraban el ex secretario de Minería del sindicato en Aragón, Aurelio Rodrigo, y la responsable del sector Textil, Teresa Pérez) reclamaban 15.000 euros cada uno.
Los antecedentes
El conflicto entre la federación estatal de FITAG-UGT y los ex dirigentes de la sección sindical en Aragón se remonta a 2011, cuando surgió dicha federación como consecuencia de la fusión de las antiguas de Industrias Afines (FIA) -liderada por Cid- y Agroalimentaria (FTA).
Cid asumió la secretaría general de FITAG en Aragón y pronto surgieron discrepancias sobre las cuentas de FTA y determinados movimientos bancarios supuestamente realizados sin contar con los nuevos responsables, unos hechos que fueron denunciados a mediados de 2012 ante la dirección federal.
Esta, por su parte, analizaba la gestión previa a la fusión en el seno de la FIA, cuya documentación contable consideró "divergente y contradictoria" en junio de 2011, fecha en la que decidió abrir un expediente informativo sobre la relación del sindicato con la sociedad Fonfría Siglo XXI. El sindicato contrataba a esta empresa servicios de asesoramiento laboral o cursos de formación financiados por el plan Miner o por el Inaem.
En noviembre de 2012, la ejecutiva nacional de FITAG-UGT acordó la destitución de la dirección de esta federación en Aragón y el nombramiento de una gestora. En su resolución, alegaba indisciplina e incumplimiento de estatutos e indicaba, además, que "no existe la claridad necesaria" en la relación con Fonfría, algo que "compromete a la federación y no permite su control".
Sin embargo, tanto Royo y Cid como los otros siete militantes se negaron en rotundo a realizar el traspaso de poderes, una actitud que fue considerada como falta "muy grave con perjuicio notable para el sindicato".
El conflicto se saldó con la expulsión por indisciplina de Royo y Cid y con suspensiones de militancia para el resto. La decisión fue recurrida y el pasado 25 de octubre se celebró el juicio oral.
Las irregularidades
En la sentencia, el juez considera que hubo múltiples irregularidades en la constitución de la federación regional de FITAG-UGT, donde no existían órganos de control de las secciones comarcales y donde varios miembros no cumplían con el requisito necesario de antigüedad para formar parte.
A su vez, se afirma que no se seguían las directrices de contabilidad de la dirección estatal con una inexistente claridad de las relaciones con la mercantil Fonfría Siglo XXI SL, así como problemas con el cierre contable de FIA-Aragón en el año 2011 y un uso inadecuado del programa Conta-Plus.
Además, se menciona el envío de correos electrónicos anónimos a militantes de UGT con mensajes contra el sindicato. El autor de los mismos, dice el juez, fue Manuel Royo.
Autor: Redacción / Alcañiz