El Servicio Aragonés de Salud ha resuelto abonar a tres de las cuatro empresas que concurrieron a la licitación del contrato de concesión de obra pública del nuevo hospital de Alcañiz únicamente aquellos gastos en los que incurrieron para participar en el procedimiento. Según un acuerdo de la Gerencia del Salud, indemnizará a Ferroser y a las UTEs formadas por OHL-Iridium y Sacyr-MLN con 81.632 euros.
La resolución de la Gerencia del Salud, que fue publicada este martes en el Perfil del Contratante del Gobierno de Aragón, establece una compensación por los gastos debidamente justificados en los que incurrieron para acudir a la licitación. Así, compensará con 46.564,19 euros a Ferroser; con 32.383 euros a OHL&Iridium y con 2.685 euros a Sacyr&MLN, mientras que el consorcio formado por Inabensa&Assinia&Meridian presentó la documentación fuera de plazo y no recibirá indemnización.
El Gobierno de Aragón (PSOE) renunció el pasado mes de septiembre al contrato de concesión de obra pública que el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi (PP) había adjudicado provisionalmente a las constructoras OHL e Iridium por 392 millones de euros. La licitación se resolvió pocos días antes de que comenzara la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales, con el Ejecutivo PP-PAR en funciones, pero el gobierno conservador se quedó sin plazos para proceder a la firma del expediente, que quedó en manos del nuevo Ejecutivo del PSOE, que decidió revertir el proceso.
Tal y como consta en la resolución hecha pública este martes, de no estar conformes con la resolución, las constructoras podrán interponer en vía administrativa un recurso en 15 días en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses desde que reciban la notificación.
Rechazada alegación OHL
Por otra parte, el documento también rechaza la alegación presentada por la empresa ganadora de la licitación contra la renuncia del contrato y resolución del expediente de contratación por parte del nuevo Gobierno.
La UTE integrada por las constructoras OHL e Iridium fue elegida el pasado mes de mayo como la adjudicataria provisional para la construcción del nuevo hospital de Alcañiz, después de que la Mesa de Contratación valorara su propuesta como la más ventajosa de las cuatro presentadas al procedimiento. El pliego había salido a licitación por un montante de 451 millones de euros.
La adjudicación a esta UTE fue provisional, según la resolución de la Gerencia del Salud publicada este martes, en donde se señala que "ni siquiera una propuesta de adjudicación crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración". Además, el Salud entiende que están "debidamente justificados en el expediente de resolución los motivos de interés público" expuestos por la Administración para marcha echar atrás en la formalización del contrato. La Gerencia entiende que "los motivos son suficientes para no continuar con la tramitación".
Las motivaciones que figuran en el documento ya fueron esgrimidas el pasado mes de septiembre por el consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, cuando explicó los argumentos del Gobierno para autorizar la resolución del expediente de contratación y dar marcha atrás en la licitación de la obra mediante un procedimiento de concesión de obra pública, lo que lleva consigo el pago de un canon por parte de la administración a la empresa constructora tanto por la construcción como por la gestión de determinados servicios no clínicos del hospital.
Equilibrio económico, mejores precios públicos y control del riesgo
El Gobierno renuncia a la contratación de la concesión de obra pública del hospital de Alcañiz en base a "motivos de interés público", entre ellos el desequilibro económico en el presupuesto sanitario, pues la obra garantiza una Tasa Interna de Retorno (TIR) -rendimiento de la inversión- a la concesionaria del 6% durante 20 años (2018-2037) y un gasto medio anual para las arcas públicas durante dos décadas de entre 19 y 27 millones de euros.
Según el contrato, el canon anual a satisfacer al concesionario podrá revisarse al alza, por lo que un informe de la dirección general de Presupuestos indica que "para la financiación de dicho incremento anual será necesario obtener ingresos adicionales o detraer recursos destinados a otros proyectos de gasto, puesto que los compromisos de gasto para futuros ejercicios limitan la financiación de nuevos proyectos en un marco de estabilidad presupuestaria".
La resolución de la Gerencia del Salud también fundamenta la decisión en que la administración puede "conseguir mejores precios públicos" de acuerdo con el principio de racionalización del gasto.
Por otra parte, el informe recuerda que no se creó la Unidad Técnica de Control (UTC), sin la cual no existiría una transferencia real de riesgos al concesionario y que tampoco se dotó partida económica para su constitución. De no contemplarse esta transferencia de riesgos, cita el informe, "la deuda computaría como déficit de la Comunidad Autónoma". El documento menciona un Informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales donde se considera necesario "examinar el reparto de los riesgos contenidos en el contrato de concesión, de forma que sólo se considerará transferido el riesgo cuando se garantice que se puede reducir el pago al socio privado en caso de que no cumpla con las condiciones contractuales de calidad y cantidad". Es "imprescindible el control de fallos, porque, en caso contrario, la transferencia del riesgo quedaría en la Administración", dice el documento.
Autor:Maribel S.Timoneda