Un informe pericial independiente encargado por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) cifra en casi 2 millones de euros el coste de expropiación de los solares de la antigua fonda Utrillas. Esta tasación, que será clave para que este órgano judicial dicte una sentencia que se espera para el próximo verano, quintuplica el valor que fijó el Ayuntamiento de Teruel, casi triplica el justiprecio que marcó el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y rebaja en unos 800.000 euros la petición de la empresa Grupo Europa SA, propietaria de los inmuebles de la ronda Dámaso Torán.
A la espera de la cuantía final que establezca la sentencia, cada vez está más claro que la decisión municipal adoptada en 2004 de revocar la licencia concedida tres años antes para construir pisos y locales comerciales en la antigua fonda tendrá un coste millonario para el Ayuntamiento. Y es que al importe de la expropiación del suelo se sumarán los más de 1,6 millones de euros de indemnización que una sentencia que se declaró firme en 2013 reconoció a los propietarios y a la constructora por la obra ejecutada hasta el momento de la paralización y por el lucro cesante. Esta indemnización aún no ha tenido que ser abonada por el consistorio porque la constructora recurrió el auto de ejecución de la sentencia ante el TSJA, que aún no ha resuelto.
Si el tribunal confirma la valoración del suelo realizada por el perito judicial, el Ayuntamiento se verá obligado a pagar en torno a 3,5 millones de euros en total, a los que habrá que sumar una cantidad por determinar en concepto de intereses legales, que solo en el caso de la expropiación de los solares podrían suponer otros 500.000 euros.
La paralización de las obras de la fonda Utrillas se decició tras la aprobación por parte del consistorio de una modificación del planeamiento urbanístico para liberar los restos de muralla entre el Cubo del Rincón y la torre de la Bombardera que se conservan tras los edificios, un proyecto hoy descartado por su elevado coste.
Transcurrido con creces el plazo de cuatro años que marca la Ley de Urbanismo de Aragón para llevar a cabo la expropiación tras una decisión urbanística de este tipo, los propietarios de la antigua fonda tomaron la iniciativa y solicitaron al consistorio la expropiación del suelo, en un trámite que también está previsto en la normativa.
La expropiación afecta a una superficie total de 618 metros cuadrados, distribuidos en dos parcelas. La mayor, de 421 metros cuadrados, se encuentra en la ronda Torán y la segunda, de 196,90 metros cuadrados, se encuentra en la calle Rincón.
Los propietarios valoraron en 2,7 millones de euros el coste de la expropiación cuando la solicitaron al Ayuntamiento, que a su vez tasó los solares en unos 400.000 euros. El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, por su parte, estableció un justiprecio de 723.335 euros, en una resolución dictada en 2013 que recurrieron al TSJA tanto el Ayuntamiento como Grupo Europa.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), señaló ayer que no se pronunciará "hasta que no haya una sentencia definitiva", al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento está defendiendo en los tribunales los intereses de la ciudad en este asunto.
Ante las cifras que se manejan reconoció, no obstante, que, sea cual sea el resultado final de esta batalla judicial iniciada en 2002, la fonda Utrillas supondrá "un desembolso muy importante para el Ayuntamiento".
Sobre las posibilidades con que cuenta el consistorio para abonar estas cantidades, citó los fondos del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), si bien reconoció que estos recursos se van reduciendo porque, por ejemplo, solo durante 2015 se abonaron un total de 1,5 millones en concepto de expropiaciones, algunas todavía del suelo obtenido para urbanizar la vía perimetral de barrios y otras para conseguir la propiedad de otros inmuebles para nuevos proyectos, como por ejemplo los antiguos alfares que van a ser rehabilitados.
Otra opción sería compensar a los propietarios de la fonda Utrillas con solares municipales en otras zonas de la ciudad. Esta fórmula, sin embargo, pierde posibilidades conforme avanza la vía judicial, porque en la actual situación del mercado inmobiliario sería difícil que los propietarios aceptaran una permuta de suelo en lugar de una cantidad de dinero que ya tuvieran reconocida en sentencias firmes.
Autor:EVA RON / Teruel