Los concejales del PAR en el Ayuntamiento de Teruel Joaquín Tomás (i) y Julio Esteban
El grupo municipal del PAR ha presentado una propuesta que se debatirá en el pleno del próximo lunes para que el Ayuntamiento de Teruel inste al Gobierno de Aragón a modificar la normativa autonómica que afecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, “para que no existan agravios comparativos con otras comunidades”, indicó.
Los concejales del PAR Julio Esteban y Joaquín Tomás explicaron ayer en rueda de prensa que Aragón es una de las comunidades, junto con Andalucía, Extremadura y Asturias, donde más elevado es este impuesto, mientras que en el extremo contrario se sitúan Madrid, Cantabria, La Rioja y Canarias. De esta forma, por una herencia de 200.000 euros, un aragonés debería abonar 31.620 euros, mientras que un madrileño tan solo 316 y un canario, 3.
En su opinión, esta situación provoca “muchos efectos negativos”, además de “un agravio que contraviene el principio constitucional de igualdad”. “La brecha entre unas comunidades y otras es muy amplia y la carga fiscal que soportan los aragoneses, injusta”, argumentó Esteban. “Hay una considerable diferencia en el acceso a las bonificaciones en función de donde uno vive en el territorio español, siendo los aragoneses unos de los que sufren de una situación de clara desventaja”, argumentó.
Añadió que el actual Gobierno de Aragón suprimió las reducciones o exenciones que se habían ido consolidando en las anteriores legislaturas, cuando se introdujeron medidas de reducción hasta eliminar el impuesto de sucesiones empresarial y elevar progresivamente el mínimo exento para las herencias familiares, que alcanzó el 65% en 2015 desde el 12% desde el que partía en 2012.
“Pensamos que el Ejecutivo autónomo debe comprometerse con una política fiscal prudente”, indicó Esteban. Por eso, en la propuesta presentada por el PAR para su debate en el pleno del próximo lunes se solicita que el Gobierno de Aragón modifique la normativa autonómica, estableciendo una bonificación del 99% tanto en sucesiones como en donaciones, eliminando el límite máximo de 100.000 euros de patrimonio preexistente establecido para disfrutar de la misma, tanto en sucesiones como en donaciones. Puntualiza que se aplicaría solamente para descendientes (naturales o adoptados), ascendientes y cónyuges.
Según Esteban, “la voracidad confiscatoria del Gobierno de Aragón está provocando que muchas familias renuncien a sus herencias porque no tienen los recursos económicos suficientes para pagar este impuesto”. Añadió que, para luchar contra la despoblación, es necesario articular beneficios fiscales como puede ser el aumento de las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En este sentido, apuntó que numerosos andaluces están trasladando su lugar de residencia a Madrid para evitar estas cargas.
El PAR recordó que tan solo el Gobierno central podría eliminar el impuesto, pero que el Gobierno de Aragón puede mantenerlo en mínimos “para aligerar la presión fiscal” de los residentes en la Comunidad Autónoma.