La Gerencia Territorial del Catastro llevará a cabo en las próximas semanas una inspección de todo el término municipal de Teruel para detectar posibles parcelas, edificaciones o ampliaciones no declaradas de las mismas que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), dentro del procedimiento de regularización catastral que en los últimos años se está realizando en todo el territorio nacional y que este año incluye a 63 municipios de la provincia.
Las comprobaciones correrán a cargo de una empresa contratada por el Catastro, cuyos empleados, debidamente identificados, tomarán fotografías de fincas y edificaciones.
El gerente territorial del Catastro, Virgilio Martínez, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), junto con técnicos de ambas administraciones, mantuvieron hace unos días una reunión para coordinar este proceso.
En la reunión de trabajo se establecieron mecanismos de coordinación y colaboración entre el Ayuntamiento y el Catastro para que el consistorio aporte la documentación que se solicite respecto a licencias de obras.
El objetivo de esta regularización “es que todos los ciudadanos sean tratados por igual y que no pagan IBI pasen a contribuir como el resto de los vecinos”, según informó en una nota de prensa el Ayuntamiento, que “valora positivamente la iniciativa”.
La alcaldesa comentó que se trata de una “regularización de oficio” que se está haciendo en toda España el Catastro, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. “La Gerencia Territorial del Catastro ya ha actuado de oficio en años anteriores y eso ha hecho que afloren muchas viviendas que no estaban pagando IBI”, comentó.
Que algunos ciudadanos eviten abonar este tributo, dijo, “es muy injusto para los que si lo pagan, porque cuando alguien deja de pagar sus impuestos se tienen menos servicios u otros tienen que pagar más”.
Gracias al trabajo realizado en los últimos años se incorporaron al padrón del IBI “muchas unidades catastrales”, comentó Buj, quien espera que con la actuación que ahora va a iniciar el Catastro “afloren muchas más”.
La alcaldesa señaló que durante aproximadamente un mes personas de empresas contratadas por el Catastro irán por la ciudad fotografiando inmuebles. “Si alguien los ve, que sepa que son del Catastro y qué actuación se está haciendo”, apuntó.
Recibos de cuatro años
De acuerdo con la normativa estatal que regula este proceso, cuando se detecten inmuebles o ampliaciones de los mismos que no estén debidamente dados de alta en el Catastro, este organismo remitirá al propietario una propuesta de regularización que irá acompañada de la liquidación de una tasa de 60 euros que tendrán que pagar los titulares del inmueble. En la notificación se les dará un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
El abono de esta tasa eximirá al contribuyente de la aplicación de las sanciones que le podrían corresponder por no haber declarado correctamente su inmueble, que pueden alcanzar los 6.000 euros.
Pero la nueva valoración de las fincas se incorporará al padrón del IBI que recauda el ayuntamiento, que podrá girar a los propietarios los recibos de los cuatro últimos años.