Los reventones de tuberías de poliéster y PVC que sufren distintas comunidades de riego de Aragón -entre las que se encuentra la del Canal Calanda Alcañiz- van camino de terminar en los tribunales. Varias organizaciones de regantes han presentado a un bufete de abogados distinta documentación para que evalúe el coste y las posibilidades de éxito de una demanda. Los regantes irán -si finalmente se deciden por la vía judicial- o bien contra la empresa pública Sarga o contra el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón como promotores de las obras, ya fueran de modernización o de transformación.
El origen está en la instalación de tuberías defectuosas en nuevos regadíos de Huesca, Zaragoza y Teruel que nada más ponerse en marcha comenzaron a registrar pérdidas de agua como consecuencia de la aparición de roturas y fisuras. El problema no es exclusivo de Aragón.
Después de sendos intentos de negociación con el Gobierno de Aragón para la reposición de los tramos defectuosos, la propuesta de Sarga y del Ejecutivo autonómico no satisface a los afectados, que exigen la sustitución a corto y medio plazo de toda la red de tuberías instaladas y no sólo de los tramos en los que van surgiendo problemas.
Con la mirada puesta en el periodo de 10 años de garantía que avala la durabilidad de los tubos, los regantes han decidido valorar seriamente la posibilidad de presentar una demanda judicial. Lo hacen ahora y no antes, según el presidente de Riegos del Alto Aragón y también presidente de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, porque a algunas comunidades se les acaba el tiempo. En algunas zonas regables los tubos se instalaron hace siete años, así que sólo quedan tres de garantía, y éso, cuando se trata de plazos judiciales, es poco. Según Trillo “tenemos algún caso en el que ese periodo ha terminado” como ocurre con la Comunidad de La Corona, también de Huesca, donde, “a pesar de todo, están dispuestos a sumarse”.
En cualquier caso, la decisión de iniciar acciones legales no es todavía firme. “La tendrá que tomar cada organización de riegos cuando esta semana o la que viene el gabinete que estudia el caso presente un informe jurídico y económico”, añadió Trillo.
Pocas alternativas les quedan si buscan una solución que satisfaga sus demandas. Lo que han ofrecido el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y Sarga no cumple con sus expectativas. “Ha habido una propuesta de sustituir varios kilómetros, pero a costa de firmar un documento en el que los regantes renuncian a futuros derechos de reclamación, y no lo hemos aceptado, porque la afección es mucho mayor de lo que se oferta cubrir”, justificó el presidente de Riegos del Alto Aragón.
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El presidente y un operario de la Comunidad de riegos de Alcañiz miran los tubos defectuosos[/caption]
En el caso del Canal Calanda Alcañiz, por ejemplo, las primeras tuberías defectuosas fueron detectadas en 2012 con la puesta a prueba del sistema.?Desde entonces, han contabilizado 83 roturas. Miguel Ángel Vaquero, su presidente, menciona 23 kilómetros de afección en la segunda fase de la transformación (1.800 hectáreas de 2.500 ya están puestas en riego). En Riegos del Alto Aragón hay 77 kilómetros con tubo defectuoso en distintas comunidades. Sólo 70 kilómetros están en la Comunidad de Sodeto-Alberuela-Lalueza, 40 de ellos de tubos de poliéster y el resto de PVC.?En otra Comunidad, Albero Bajo, habría siete kilómetros más.
Canal Calanda Alcañiz, Riegos del Alto Aragón, Sector XII de Bardenas, La Loma, en Quinto de Ebro, Pomar de Cinca, Sodeto-Alberuela-Lalueza, Piraces o La Corona son las que han iniciado consultas para estudiar si presentan demanda. “Cada una tiene su caso particular, y decidirá de manera individualizada” añadió Trillo, “pero si es, será con el mismo abogado”.
Todas comparten un problema: los tubos se revientan como consecuencia de la presión provocando pérdidas de agua y de cosechas. Sólo el Canal Calanda Alcañiz calcula que las suyas suman 200.000 euros. “Hablamos de agua, pero también de daños en cultivos y en las fincas”, apuntó Miguel Ángel Vaquero. Las consecuencias de cada avería varían: “a veces se han anegado fincas, en otras ocasiones nos encontramos en plena maduración de la cosecha y las roturas no se reparan en dos días, sino que los tubos tardan cuatro o cinco días en ser sustituidos, lo que hace que cultivos que necesitan agua no puedan regarse” y la producción se resiente, apuntó. Ocurre, por ejemplo, con el maiz. “Dos días sin regarlo cuando está espigando o sacando la mazorca puede suponer que la producción llegue a reducirse en 1.000 o 2.000 kilos por hectárea”, aseveró.
Aparte está el agua. Cada vez que se produce un reventón en uno de los tubos se pierden 10.000 metros cúbicos de agua, según los cálculos de la Comunidad de regantes de Alcañiz. “Y al coste del agua hay que añadirle el energético” para elevar el líquido elemento hasta la balsa de distribución.
Vaquero insistió en que la decisión de presentar la demanda la tomarán los regantes en cuanto se conozcan los costes que comporta el procedimiento judicial “y sus posibilidades de éxito, porque de nada sirve ir a juicio si no tienes más o menos claro que puedes ganar”, reflexionó. Sobre ésto, el presidente de Riegos del Alto Aragón se mostró optimista. “Las posibilidades son altas”, entre otras cosas, porque ya ha habido un preacuerdo entre la empresa fabricante de los tubos, Uralita, y las distintas empresas que ejecutaron los trabajos para suministrar, por un lado, y reponer, por otro, sin coste para los afectados, los tramos defectuosos. Hay, por tanto, un reconocimiento implícito del origen del problema, señaló.
Asimismo, Trillo insistió en que “estas sentencias son favorables en cualquier tipo de obras, no sólo cuando se trata de riegos”, porque “cuando se demuestra que una obra tiene un defecto, como es este caso, todos estos asuntos se ganan”.
Si dan el paso, las Comunidades de regantes ya saben a quién demandar: “a Sarga o al Gobierno de Aragón como responsables de cada uno de los proyectos, de la dirección de obras, de las comprobaciones de calidad y del desarrollo de las obras”, apuntó el presidente de Riegos del Alto Aragón. Los regantes, dijo, “sólo han intervenido en tomar la decisión de llevar a cabo un proyecto de modernización adelante”. Argumentó que “no podemos ir contra la empresa adjudicataria de las obras ni contra la fabricante, porque ni hemos licitado ni elegido la empresa que hacía las obras”. En este sentido, una vez presentada la demanda “Sarga o el Gobierno de Aragón tendrían que recurrir, a su vez, a la empresa que construyó la obra, que es la que tomó la decisión de comprar los tubos a Uralita por las razones que fueran”, enfatizó.
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Abrazaderas de los tubos nuevos[/caption]
“Entente cordial”
Respecto a las quejas de las comunidades de riegos afectadas, el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, recordó que la empresa fabricante de los tubos no es cualquiera. “Uralita es una empresa de referencia en España”, dijo, para añadir que el Ejecutivo autonómico consiguió que hubiera “una entente cordial entre la empresa fabricante y las contratistas para resolver el problema de forma paulatina, de manera que la primera ha sustituído los tramos afectados y la adjudicatarias los reponen sin costes”.
Las sustituciones de los tubos se realizan a medida que se producen roturas, pero “a las comunidades les parece poco”, reconoció. Nogués consideró que “los regantes están en su derecho de emprender acciones judiciales”, pero también apuntó que “en el momento en que se presente una demanda judicial, Uralita dejará de suministrar las tuberías de manera gratuita”, aspecto que confirmó César Trillo: “en el momento en el que un asunto llegue al juzgado, la constructora y la fabricante dejarán de atender las averías y la propia comunidad tendrá que hacer frente al coste de las tuberías, peritar cada reventón para que, en caso de que la sentencia sea favorable, puedan recuperar el dinero gastado”.
El Gobierno de Aragón considera que sí ha tenido “voluntad” de buscar soluciones, pero sus propuestas no se parecen en nada a las pretensiones de los afectados. Según Nogués: “no ha habido ningún acuerdo que les satisfaga”, porque exigen la sustitución de todo el sistema de tuberías en mal estado a corto y medio plazo, mientras que DGA ofrece “un acuerdo a largo plazo para asegurar un horizonte mayor”.
El contexto general, dijo el representante del Gobierno, es “de incertidumbre”, porque, insistió en que éste no es un problema exclusivo de Aragón y que “hay demandas pendientes de resolver en otros territorios del Estado”. Es, por tanto, “un asunto jurídicamente complicado, porque Sarga ha promovido las obras, las contratistas han adquirido el material y Uralita lo ha fabricado”.