Dos años después de acordar su salida del Consorcio de la Agrupación número 7 y de solicitar incorporarse al bloque de municipios que depositan sus basuras en el vertedero de Zaragoza, la Comarca del Bajo Aragón-Caspe aún no ha hecho efectiva su marcha del organismo que gestiona el sumidero supracomarcal de Alcañiz, ni parece que vaya a hacer en el corto y medio plazo.
El cambio de Gobierno propiciado en las últimas elecciones autonómicas y municipales, que desbancó a PP-PAR del mando de la institución comarcal y aupó en su lugar a PSOE-CHA y, sobre todo, el hecho de que el Ayuntamiento de Zaragoza todavía no haya contestado a los del Bajo Aragón zaragozano a su petición para llevar sus residuos urbanos al vertedero de la capital aragonesa han hecho que la situación de la Comarca con respecto a su pertenencia a la Agrupación 7 de Aragón no se haya movido un ápice en los últimos meses.
El Consejo comarcal del Bajo Aragón-Caspe no ha revertido su acuerdo plenario del año 2014, pero sus responsables políticos dan por hecho que se quedan en el Consorcio de la Agrupación número 7. Unos reconocen que la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Zaragoza les aboca a mantenerse como están y otros apuntan a que la revisión de la política de gastos desmesurados del órgano de gobierno del vertedero de Alcañiz les ha ayudado a quedarse.
Quien apunta lo segundo es el presidente del Bajo Aragón-Caspe, Paco Doménech, un político que critica que "la anterior Junta del Consorcio quería poner en marcha unas inversiones disparatadas en contra de los intereses de vecinos, pueblos y ciudadanos, que nos llevaban a incrementar los gastos por la gestión de las basuras hasta el punto de pasar de un coste de 10 a 100 euros por tonelada", según declaró.
Los gastos desorbitados aludidos por el presidente del Bajo Aragón-Caspe correspondían a la planta de triaje que el anterior equipo de gobierno del Consorcio se propuso instalar con el fin de dar cumplimiento lo antes posible y anticiparse a las exigencias del Plan GIRA (Gestión Integral de los Residuos en Aragón), según el cual, antes de 2020 debe conseguirse una reutilización de al menos el 50% de los residuos generados en los vertederos. La planta costaría del orden de 15 millones de euros, una inversión cuya amortización entre todos los municipios de las cinco comarcas estaba detrás de la criticada subida del coste de la gestión a la que aluden los políticos de la comarca zaragozana.
Según el presidente comarcal de Caspe, "ante aquel desatino" que hubiera llevado al aumento exponencial de los costes de gestión, "los pueblos de nuestra comarca decidieron la salida del vertedero". Sin embargo, "ahora parece que se ha abandonado la idea de hacer aquella loca inversión, lo cual nos parece una decisión acertada, por lo que estamos apostando por quedarnos y por hacerlo con ánimo constructivo", añadió el presidente de la Comarca Bajo Aragón-Caspe.
Entre tanto, también queda por resolver la adscripción del Consorcio a uno de los cinco Consejos comarcales que derivan sus residuos sólidos al vertedero de Alcañiz. En un principio, por una serie de baremos, le corresponde la adscripción a la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, pero el conflicto surgido hace dos años llevó a la Junta Directiva a posponer esa decisión. Según la vicepresidenta del Consorcio, Rosa Doménech, "no se podía tomar la decisión de adscribir el consorcio a una comarca que había manifestado su intención de abandonar la agrupación, porque ésto solo nos traería problemas".
Además, hay otras razones de índole económica. Bajo Aragón-Caspe es la única comarca de la provincia de Zaragoza que forma parte de la Agrupación número 7 y la adscripción a una administración comarcal de la provincia de Zaragoza puede acarrear todo tipo de dificultades legales para la financiación de inversiones a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). De este fondo es de donde, por ejemplo, el Consorcio tiene intención de financiar la puesta en marcha del plan para la implantación del quinto contenedor en Alcañiz y el sistema de recogida "puerta a puerta" en el resto de municipios para la materia orgánica, lo que conllevará necesariamente la contratación de más personal y la compra de vehículos que se dediquen a la recogida.
En cualquier caso, son "las comarcas", según la vicepresidenta del Consorcio, las que tendrán que "aprobar" los nuevos sistemas de recogida selectiva de la materia orgánica.
Además, entre los planes del organismo que gestiona la recogida de basuras en el territorio de la Agrupación número 7 figura el aprovechamiento de la planta de gestión de purines de Peñarroya de Tastavins, cuya gestión acaba de salir a licitación. "Creemos que valiéndonos de esta planta podremos conseguir el reciclado de la materia orgánica, que ha sido el caballo de batalla de la organización durante los últimos años", dijo la responsable del Consorcio.
Autor:Maribel S.Timoneda