Un total de 18 residencias privadas de Aragón se han acogido a la orden de regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales, de las cuales dos están en la provincia de Teruel. Así lo anunció ayer el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, quien hizo un balance del plan de inspección y de este proceso extraordinario de regularización.
Los resultados del plan de inspección de residencias y centros de mayores iniciado este verano desvelaron que 45 de estos establecimientos o no tenían licencia municipal o no cumplían los requisitos exigidos por el Gobierno de Aragón o ambas cosas. Por ello, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales publicó una orden de regularización por la que en el plazo de un mes debían presentar un plan operativo para subsanar sus deficiencias.
Transcurrido este tiempo, han sido 18 las residencias que han presentado sus propuestas, que deben ser aprobadas. De los 27 centros restantes, siete son de día y otros siete son residencias de Zaragoza que han cerrado sus puertas por iniciativa propia desde el verano pasado porque no podían afrontar los requerimientos del Gobierno de Aragón.
A ellos se suman 13 residencias también en la capital aragonesa que no han presentado su proyecto por lo que, según se explicaba en la orden, se les abrirá un expediente sancionador con la consiguiente multa económica y otro de cierre. Los centros afectados pueden recurrir esta decisión que se ejecutará una vez resueltas las posibles reclamaciones.
El objetivo final, explicó José Antonio Jiménez, es que a finales de año todas las residencias que han presentado un plan operativo, lo hayan aplicado y puedan obtener las correspondientes autorizaciones.
Según el plan de inspección llevado a cabo por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en Aragón hay 230 residencias autorizadas a las que hay que sumar los 45 centros antes mencionados. De estos últimos, 28 no contaban con licencia municipal pero sí cumplían con los requisitos del Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, cinco ni tenían licencia ni pasaron la inspección de la DGA y otros 12 que tenían licencia pero no cumplen las condiciones requeridas.
Las deficiencias detectadas por los inspectores del Gobierno de Aragón se refieren, sobre todo, a los planes de prevención de incendios y a la organización del funcionamiento del centro. En ningún caso, los problemas detectados han motivado una acción inmediata por parte del Ejecutivo.
Desde que se comenzó el plan de inspección, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha estado en contacto permanente con las tres asociaciones que aglutinan a la mayoría de los centros de mayores privados que funcionan en la Comunidad Autónoma. Asimismo, todo el proceso se ha desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que se ubican la mayor parte de los centros.
Autor:Redacción/ Teruel