Agentes de la Policía Nacional detuvieron a los empresarios David Monforte y Mario Sacristán por un delito de fraude en subvenciones y ayudas públicas destinadas a los proyectos de la Corporación Industrial Z-Mobile y Nuevos Desarrollos Cibernéticos para producir coches eléctricos y sistemas cibernéticos polivalentes en el Technopark de Motorland Aragón (Alcañiz) y en el polígono La Estación de Andorra, respectivamente
Los empresarios, que prestaron declaración en dependencias policiales y posteriormente fueron puestos en libertad, defraudaron presuntamente en torno a 2,4 millones de euros entre 2010 y 2011 procedentes de subvenciones, ayudas públicas y préstamos del Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento (IAF) e Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Esa cantidad, que debería haberse destinado a la reindustrialización de la provincia de Teruel, fue desviada para cubrir gastos improductivos o particulares, según informaron ayer fuentes de la Policía Nacional a través de un comunicado
Las mismas fuentes señalaron que, pese a que el modus operandi de ambos casos es similar, los empresarios no tienen vínculos entre sí, por lo que no se trata de una trama para acaparar subvenciones públicas
No están en prisión
Fuentes judiciales refrendaron que los empresarios no están en prisión ya que, por el momento, tan solo se han abierto diligencias previas a instancias de la Fiscalía de Alcañiz que, a finales del año pasado, actuó en base a una primera denuncia de la Seguridad Social contra Z-Mobile, que en 2011 anunció a bombo y platillo su intención de fabricar coches eléctricos en el Parque Tecnológico de Motorland Aragón
David Monforte, mánager general de Víctor&Vicente, una empresa de la Corporación Industrial Z-Mobile SL, recabó préstamos y subvenciones de los planes Miner y Reindus del Ministerio de Industria y del IAF
Z-Mobile llegó a percibir casi 1,8 millones de euros de dinero público, según informó ayer la Policía Nacional. Entre estas ayudas, en el Boletín Oficial del Estado figura un préstamo de 500.000 euros del Reindus y 145.000 euros de subvención a fondo perdido del Miner. Así, llegó a construir una nave en el polígono industrial de Motorland donde, sin embargo, nunca llegó a producir nada
Con ese dinero, el empresario hizo un aumento fraudulento del capital social de la empresa, de 3.000 a 500.000 euros.
Aportó las mismas facturas justificativas de gastos a los diversos entes públicos a los que solicitaba fondos
Tal y como señalan los representantes de las empresas proveedoras y emisoras de las facturas de mayor importe, la operativa que seguía el empresario era solicitar una factura con un pedido voluminoso con el fin de mostrar expectativas de negocio. Abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA para dar una falsa sensación de solvencia, pero dejaba impagado el resto. No obstante, aportaba la factura completa a la Administración como justificante de gasto para poder cobrar las ayudas
También aportaba justificantes bancarios de pago, que ocultaban en realidad movimientos bancarios posteriores de retrocesión de los pagos realizados a través de otras cuentas que tenía la sociedad
Se aportaban a la Administración igualmente facturas falsas de sociedades instrumentales creadas por el mismo empresario, por un importe de 408.200 euros
Parte de los fondos percibidos eran usados de forma particular por el mánager para viajes, pago de la hipoteca particular, pago de nóminas, cursos de formación o reintegros en efectivo.
El IAF, la Dirección General de Industria del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda realizaron inspecciones a la empresa que concluyeron con la obligación de devolución de los fondos percibidos por la no consecución de los objetivos (de inversión y de empleo, principalmente), y por fraude en las facturas presentadas, sin que pudieran hacerse efectivas estas reclamaciones
También en Andorra
El segundo empresario investigado es Mario Sacristán, que constituyó la sociedad Nuevos Desarrollos Cibernéticos SL con el fin de construir en Andorra una fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, sector en el que no tenía ninguna experiencia ni tampoco conocimientos. Allí llegó a adquirir una parcela y a iniciar las obras de la construcción de una nave
La razón por la que seleccionó la localidad turolense, indica la Policía Nacional, es porque otros dos intermediarios le prometieron la obtención de un préstamo de 600.000 euros del Reindus, algo que lograron sin mayores problemas. Una vez obtenidos los fondos, el empresario creó diversas empresas instrumentales a través de las cuales iba moviendo el dinero y generando facturas falsas que después aportaba a la Administración como justificación de gastos que no concordaban con la realidad
El empresario realizaba transferencias por diversos importes a estas sociedades. Aportaba al expediente del préstamo del Ministerio de Industria las facturas que se autorrealizaba y el justificante de las transferencias efectuadas, según concretaron las fuentes policiales. Simultáneamente, realizaba una retrocesión de estos pagos mediante cheques, ocultándolas al Ministerio de Industria y dedicando los fondos a otros fines
De este modo, el empresario realizó reintegros en efectivo por importe de 147.320 euros y gastos particulares por importe de casi 100.000 euros. Traspasó fondos a otras empresas de su propiedad en Madrid y a sus colaboradores, empresarios de Guadalajara, por importe de 250.000 euros, los cuales destinaban este dinero a las incipientes obras que se realizaron en Andorra y que, en gran parte, reintegraron en efectivo, apoderándose de los citados fondos
Un tercero
Aunque no tiene nada que ver con los otros dos presuntos defraudadores, la Policía Nacional incluyó en el comunicado a un tercer empresario, José Luis Bartibás, presidente y accionista de referencia de Ecovehicles, una empresa que tenía un proyecto de fabricación de coches eléctricos en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
En este caso, percibió un préstamo de 311.500 euros del Reindus pese a que este programa tan solo concede ayudas para la reindustrialización de Teruel, Soria y Jaén
La fábrica no llegó a instalarse nunca, y los fondos percibidos fueron transferidos a las cuentas personales del empresario (también detenido), que las usó para saldar deudas en otras empresas en las que participaba
Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que ha tomado declaración como investigados a cuatro empresarios más
Unos 30 empleos a la basura y ayudas públicas sin devolver
Las empresas Z-Mobile y Nuevos Desarrollos Cibernéticos pretendían crear 21 y siete empleos, respectivamente, en los polígonos empresariales de Motorland Aragón y Andorra, levantando plantas de 2.000 y 7.000 metros cuadrados. Tras recibir 2,4 millones de euros en ayudas -revocadas por las Administraciones, que no han visto devuelto el dinero-, ni siquiera se han puesto en marcha.
El objetivo de Z-Mobile era crear una marca propia y comenzar en 2012 con la fabricación y comercialización de modelos de turismo propios cien por cien eléctricos, según informó en su día el Parque Tecnológico de Motorland
Z-Mobile es una corporación industrial constituida en el año 2008 y creada para la investigación, desarrollo y fabricación de turismos cien por cien eléctricos. En 2011, desarrollaba su actividad en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI), en Zaragoza y contaba con doce ingenieros en plantilla y nueve personas subcontratadas
Por aquel entonces, aseguraban haber llegado a acuerdos con diversas empresas auxiliares de automoción españolas, principalmente en Zaragoza, para fabricar y suministrar los distintos elementos diseñados
Por su parte, Nuevos Desarrollos Cibernéticos iba generar siete empleos en Andorra invirtiendo 1,5 millones de euros en una planta de producción de dispositivos electrónicos
La empresa empezó a instalarse en La Estación en verano de 2012, en una parcela de 6.670 metros cuadrados por la que se comprometió a pagar 93.390 euros (IVA aparte). Sin embargo, paralizó las obras a los pocos meses
Además de no cumplir los compromisos de inversión y de creación de empleo por los que el Miner le concedió las ayudas -que no llegó a ingresar porque nunca justificó dichos parámetros-, la empresa dejó sin pagar un 15% del suelo industrial que comprometió con la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Andorra, algo que desde la empresa pública tampoco ven como un gran problema porque el coste de desmantelar lo construido sería inferior a los ingresos percibidos por la venta del suelo
Autor:Marcos Navarro / Alcañiz