El Juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza ha abierto diligencias previas para esclarecer si hubo delito en la presunta falsificación de unos documentos relacionados con la custodia de cuatro cadáveres que fueron utilizados en el laboratorio TESSA que el Instituto I3A -organismo dependiente de la Universidad de Zaragoza- tiene en el Parque Tecnológico del Motor de Motorland, en Alcañiz, según una información publicada en Heraldo de Aragón.
Las presuntas irregularidades en la documentación sobre la custodia de cadáveres del laboratorio se habrían cometido entre 2012 y 2014, mientras tuvo continuidad el proyecto europeo Bio Advance, pionero en España al utilizar cadáveres para investigar sobre la tolerancia a lesiones y muerte en accidentes de tráfico.
La investigación de la Fiscalía se inició a raiz de la denuncia presentada por el que fue director del laboratorio hasta noviembre de 2014, Juan José Alba, quien fue cesado de su puesto después de intentar apartar como investigador becado del proyecto a Francisco López Valdés, casado con la directora general de Tráfico (DGT), María Seguí.
Alba presentó ante la Fiscalía en septiembre de 2015 una documentación del laboratorio que había creado y dirigido relacionada con algunos de los cadáveres en depósito. En ella aparecía su firma como representante legal de los cadáveres, "pero esa firma no era mía", aseguró ayer el denunciante. En el mes de octubre, fue requerido para la realización de una prueba pericial caligráfica que concluyó que las firmas que aparecían en cuatro de los documentos presentados en la denuncia por Juan José Alba "no tienen relación de identidad" con él, es decir, que fueron falsificadas.
Alba explicó que comunicó a la Universidad de Zaragoza que había presentado la denuncia ante la Fiscalía con la documentación que obraba en su poder.?En su escrito exponía que se habían producido "irregularidades, incluido el uso ilegítimo de mi nombre y falsificaciones de mi firma, realizadas en los documentos de donación de cadáveres para el proyecto Bio Advance" de Motorland. En respuesta, la Universidad de Zaragoza le instaba a "entregar" al director del instituto de investigación I3A en el plazo de "10 días" toda "la documentación original relativa" a los cadáveres adquiridos cuando era director del proyecto Bio Advance.
La revista Interviu recogió en septiembre del año pasado los hechos e "irregularidades" denunciados por Alba en un reportaje titulado Los otros muertos de la DGT. Según la revista, siete personas de entre 35 y 93 años donaron sus cuerpos para la ciencia. Los experimentos tuvieron lugar en junio de 2014 en el laboratorio TESSA para estudiar la biomecánica de impacto en los accidentes de tráfico. Sin embargo, finalmente, según comentó Alba, solamente se utilizaron cuatro de los siete cadáveres para realizar las pruebas en el laboratorio de Motorland.
"Responsable legal"
El investigador denunciante recordó que su denuncia se hizo efectiva "no sólo por la irregularidad administrativa de los hechos, sino por respecto a las familias donantes, porque se trata de cadáveres". Insistió en que no firmó los documentos que le convertían en "responsable legal" de los cuerpos donados, sino que "yo era solamente el responsable del proyecto, pero la persona que nos tenía que guiar y enseñar a implementar los procedimientos era Francisco López Valdés", becado por la Comisión Europea a través del programa Marie Curie para la puesta en marcha del proyecto.
Autor:Maribel S.Timoneda