La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y los consejeros autonómicos del ramo acordaron ayer una posición común sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), en la que defienden que tenga un presupuesto “fuerte” más allá de 2020. El documento fue respaldado por las comunidades autónomas participantes en la reunión, excepto Aragón y Navarra.
García Tejerina declaró a la prensa, al término de una Conferencia Sectorial, que el documento recoge los “mínimos comunes” y servirá para que España responda con una postura común a la consulta pública que la Comisión Europea (CE) ha abierto hasta el próximo 2 de mayo sobre la PAC.
Según el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, se trata de una propuesta que no aborda los principales problemas de la actual política agrícola de la Unión Europea y que persigue, por los términos en que está redactado, “mantener el actual modelo de aplicación de la PAC”, sin corregir sus debilidades”.
En la reunión, la ministra y los consejeros consensuaron un documento, con las prioridades de cara a la reforma de dicha política, sobre la que la Unión Europea (UE) empieza a debatir ahora y que se aplicará a partir de 2020; la consulta de Bruselas es un primer paso.
Trece consejeros asistieron a la conferencia (entre ellos, Olona), dos participaron por videoconferencia (Cataluña y Baleares), mientras que el País Vasco y Cantabria no participaron.
La ministra manifestó que con el acuerdo de España quiere "influir" desde el principio y tener una "voz fuerte" en los debates.
El documento sucede a la conferencia sobre la PAC que organizó el Ministerio en marzo para abrir los debates con autonomías y sector.
Explicó que el texto será una base para que España inicie la búsqueda de alianzas con otros países de cara a conseguir que la reforma que entre en vigor después de 2020 responda a los retos de agricultores y ganaderos.
Gobierno y autonomías defendieron que la PAC futura tenga "una financiación "importante" para responder a los retos del sector agroalimentario, según la ministra.
Abogaron por la continuidad de los "pagos directos", del régimen basado en las ayudas desacopladas de la producción, con apoyos acoplados para algunos sectores y reclamaron una "red de seguridad" frente a la "volatilidad" de precios.
También solicitaron una legislación comunitaria para mejorar la cadena alimentaria y han defendido la importancia del desarrollo rural y de garantizar el relevo generacional.
Derechos históricos
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, justificó su postura porque el documento presentado acota excesivamente la posibilidad de una reforma en profundidad" y mantiene un sistema "ineficaz, injusto e ineficiente".
Aragón pretende acabar con los derechos históricos y que en la próxima PAC se elimine el "enfoque sectorial" para que no haya "zonas, sectores o agricultores preferentes". “El de los derechos históricos es un asunto crucial sobre el que no ha habido posibilidad de profundizar”, manifestó.
El documento del ministerio, contiene, en opinión de Aragón, proposiciones con las que es fácil estar de acuerdo, como la idea de simplificar la gestión administrativa de la PAC, pero después no dice cómo hay que abordar este problema. Tampoco se explicita cómo hacer para mejorar la renta de los agricultores y ganaderos, “cuando este es el reto principal”, en palabras de Olona.
En definitiva, para el titular del departamento de Agricultura, en la propuesta del Mapama “no se atisba ninguna intención de cambiar nada, más bien la de mantener todo como está, algo que desde Aragón no se puede aceptar”.
No obstante, indicó que el debate sigue abierto y que queda tiempo para seguir con él. “Espero y confío en que se puedan introducir modificaciones sustanciales en una PAC que como vengo afirmando considero ineficaz e injusta”, terminó.
La ministra señaló que el acuerdo recoge las demandas de una mayoría de las autonomías en defensa de pagos directos para dar "estabilidad", dentro de un "lenguaje" que luego permita defenderlos en Bruselas.
Navarra no respaldó el documento por "no sentirse reflejada" en él, según la ministra, quien añadió que esta autonomía no había presentado aportaciones.
